Los transportistas italianos plantan cara a los recortes

Ha llegado la hora de la verdad para medir la capacidad de reacción y las maneras del Gobierno técnico de Mario Monti, que desde el lunes se enfrenta a una huelga nacional de transportistas por la subida del precio de la gasolina, de los peajes y del IRPF a los autónomos, decisiones incluidas en las medidas de austeridad que entraron en vigor en diciembre.

La protesta de los camioneros consiguió taponar el acceso a las principales ciudades durante dos días y ha paralizado el trabajo en todas las fábricas de Fiat del país por la falta de materiales. En ciudades como Nápoles o Génova, el bloqueo provocó el cierre de las gasolineras por escasez de combustible, mientras que algunos supermercados empezaron a padecer escasez de productos.

"Las manifestaciones de protesta se examinarán caso por caso. Pero se debe exigir el respeto de la legalidad al tiempo que se garantiza el derecho a la huelga", dijo el primer ministro desde Bruselas. Hasta ahora, el Gobierno ha tratado de mantener la calma respecto a todas las protestas que han provocado sus recortes para no caldear una situación social explosiva.

Las palabras de Monti llegaban después de que se conociera la muerte de un manifestante en Asti (Piamonte), atropellado por un camión. Al volante iba una transportista alemana que trataba de pasar entre los vehículos que bloqueaban la carretera. La mujer fue detenida y acusada de homicidio involuntario.

La ministra de Interior, Anna Maria Cancellieri, reaccionó solicitando a los prefectos una intervención rápida para despejar los accesos a las ciudades. En Roma se prohibieron las concentraciones hasta el viernes para garantizar el paso de mercancías. No obstante, los transportistas aseguraron que seguirán adelante con sus movilizaciones durante cinco días.

"Hemos decidido continuar, pero hacemos un llamamiento para que se ponga fin a las tensiones y los bloqueos", dijo el portavoz de la plataforma Transporte Unido, Maurizio Longo.

Cancellieri confirmó en el Senado el despliegue de 1.160 policías para controlar la situación y llamó al "sentido de responsabilidad de todas las partes". Las protestas de los transportistas se suman a la de los taxistas, que también decidieron parar como queja por la liberalización del sector.