Este artículo se publicó hace 11 años.
La Troika impone a Grecia una Ley de desahucios
No está claro que el Gobierno cuente con el apoyo suficiente para aprobar la legislación ya que una enmienda similar el pasado junio hubo de ser retirada por la presión de los socios del Ejecutivo de Samarás
El Gobierno griego, dirigido por el conservador Andonis Samarás, ha comenzado a preparar la nueva visita de control de la Troika, prevista para septiembre, y entre las medidas que se barajan se halla la ley que permitirá de nuevo los desahucios.
Tras las breves vacaciones del puente de la Asunción, Samarás reunió hoy su consejo de ministros y para mañana ha convocado un nuevo encuentro de todos los ministros, viceministros y secretarios generales de carteras que tienen que ver con las reformas pactadas con los acreedores internacionales. Una de las exigencias que desde el año pasado mantiene la Troika es la suspensión de la moratoria sobre ejecuciones hipotecarias aprobada en 2009, que impide a los bancos desahuciar a los inquilinos de primera vivienda si el valor del piso hipotecado no supera los 200.000 euros.
Además los beneficiarios de esta moratoria deben cumplir una serie de requisitos como tener unos ingresos anuales inferiores a 25.000 euros, depósitos bancarios no superiores a 15.000 euros y probar que sus ingresos se han reducido al menos un 20 % desde 2009. El Gobierno aún no ha decidido con qué tipo de legislación sustituirá la actualmente conocida como Ley Katseli, que instauró la moratoria que se renueva cada año.
"Nadie habla de permitir el desahucio de los desempleados, se discute de aquellos que se aprovechan de la ley"
De acuerdo a diversas filtraciones citadas por la web In.gr, se pretende o bien comenzar a permitir las ejecuciones de hipotecas atrasadas desde hace cinco años (por ejemplo, a partir de 2014 se ejecutarían las que dejaron de pagarse en 2009; en 2015 las de 2010 y así sucesivamente) o bien se reduciría el valor objetivo de las propiedades que no pueden ser desahuciadas de los 200.000 euros actuales hasta los 150.000 y éste techo se continuaría rebajando progresivamente cada año.
"Nadie está hablando de permitir el desahucio de los desempleados, que objetivamente no pueden pagar sus hipotecas por la crisis económica (...), sino que lo que se discute es de aquellos que se están aprovechando de la ley", afirmó hoy el ministro del Interior, Yannis Michelakis, en los micrófonos de la cadena ANT1.
En una entrevista publicada este fin de semana por el periódico Real News, el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, justificó la necesidad de volver a permitir las ejecuciones hipotecarias diciendo que, de otro modo, "los bancos quebrarán", debido al alto número de préstamos morosos en sus carteras. Según datos citados por la prensa local, el 29 % de los titulares de hipotecas no pagan sus préstamos o lo hacen con retraso, y el número de créditos impagados está aumentando significativamente poniendo en peligro la estabilidad financiera de los grandes bancos.
Durante este otoño, la empresa Black Rock llevará a cabo una nueva ronda de "stress tests" en los cuatro grandes institutos de créditos del país -Piraeus, National Bank of Greece, Alphabank y Eurobank- para conocer con exactitud el estado de sus finanzas. Sin embargo, no está claro que el Gobierno cuente con el apoyo suficiente para aprobar la legislación sobre desahucios ya que una enmienda similar el pasado junio hubo de ser retirada por la presión de los socios del Ejecutivo de Samarás.
Los dos partidos que forman la coalición gobernante -el conservador Nueva Democracia y el socialdemócrata Pasok- cuentan con una mayoría parlamentaria de 155 escaños de los 300 de que dispone el hemiciclo pero, de acuerdo al diario Eleftherotypia, 11 diputados oficialistas son contrarios a cancelar la moratoria de cara al año que viene. Por otro lado, el Ministerio de Reforma Administrativa ya está preparando la lista de 12.500 nombres de funcionarios que serán incluidos en el esquema de reserva laboral -por el que serán evaluados y si no se les encuentra un empleo en otro organismo estatal finalmente despedidos- que deberá ser presentada a la Troika en septiembre.
Otras cuestiones pendientes son los posibles agujeros en la financiación del país -que será un tema clave en la nueva ronda de evaluación ya que de ello depende si se concede un nuevo rescate o se lleva a cabo una nueva quita de deuda- y el lento proceso de privatizaciones, que probablemente se verá afectado por la dimisión ayer del jefe del organismo privatizador tras descubrirse que había utilizado el avión de un empresario beneficiado por la venta de una empresa pública. La agencia de privatizaciones TAIPED anunció hoy el proceso de licitación para la venta de la empresa pública de mantenimiento del ferrocarril.
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