La Unión Europea ha decidido imponer medidas restrictivas contra cuatro altos funcionarios chinos por graves violaciones y abusos de los derechos humanos en China por el trato a los uigures en la región autónoma de Xiajiang. Se trata de las primeras sanciones europeas contra China desde la masacre en Tiananmen, el 4 de julio de 1989, y están motivadas, entre otras cosas, por las "detenciones arbitrarias a gran escala" de uigures en Xinjiang.

Entre los cuatro sancionados figura el director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang desde enero de 2021 y vicepresidente del Gobierno Popular de la región autónoma Uygur de Xinjiang, Mingguo Chen, como "responsable de graves violaciones de los derechos humanos", en particular "las detenciones arbitrarias a gran escala y del trato degradante infligido a los uigures y personas de otras minorías étnicas musulmanas".

También está el que fuera secretario del comité de Asuntos Políticos y Jurídicos de Xinjiang Zhu Hailun, a quien se considera "arquitecto" del programa de vigilancia, detención y adoctrinamiento a gran escala de los uigures y otras personas de otras minorías étnicas musulmanas; así como su sucesor, Wang Mingshan, quien ostenta además otros cargos. El cuarto sancionado es Wang Junzheng, secretario del Partido del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), una organización económica y paramilitar estatal.

Estas sanciones se engloban dentro de un paquete de medidas restrictivas, adoptado este lunes, contra once personas y cuatro entidades responsables de graves violaciones y abusos de los derechos humanos en China, Rusia, Corea del Norte, Libia, Sudan del Sur y Eritrea. De esta forma, los Veintisiete amplían su régimen de sanciones por violaciones contra los derechos humanos, similar a la Ley Magnitsky de Estados Unidos, que la UE aplicó por primera vez contra cuatro funcionarios rusos implicados en la condena al opositor Alexééi Navalni.

China responde

Apenas unas horas después de la decisión de Bruselas, China sancionó a su vez a diez personas, entre ellos cinco miembros del Parlamento Europeo. Según un comunicado del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, "China se opone firmemente y condena las sanciones de la Unión Europea", a la que acusa de "difundir mentiras" y de "dañar gravemente" su soberanía, y avisa de que "si la UE no corrige su error, habrá más medidas".

Entre los sancionados, que no podrán entrar en el país asiático, se encuentran los europarlamentarios alemanes Reinhard Bütikofer y Michael Gahler, el francés Raphaël Glucksmann, el búlgaro Ilhan Kyuchuk y la eslovaca Miriam Lexmann, además de otros políticos, investigadores y cuatro instituciones. Así, figuran también en la lista de sancionados los parlamentarios Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, de Países Bajos; el belga Samuel Cogolati y la lituana Dovile Sakaliene, así como el investigador alemán Adrian Zenz y el sueco Bjorn Jerden.

China ha reiterado en múltiples ocasiones que los informes sobre Xinjiang elaborados por Zenz son "absolutas falacias", y la semana pasada ya advirtió a la UE de que imponer sanciones al país asiático en base a sus afirmaciones tendría consecuencias.

Los informes del controvertido antropólogo -que asegura que en esa región noroccidental de China se somete a trabajos y esterilizaciones forzadas en centros e incluso se comete un genocidio- han sido publicados por varios medios occidentales y han servido como base para otros estudios recientes, como el publicado recientemente por el instituto Newlines, con sede en EEUU.

Según los dirigentes regionales, entre la población de Xinjiang "es una opinión extendida que los centros han servido para la desradicalización y contra el terrorismo". Por su parte, el propio Zenz criticó en su cuenta de la red social Twitter la decisión de China y destacó que el país asiático sanciona a 10 personas y a 4 instituciones mientras que la UE sólo había sancionado a 4 funcionarios y una institución.