La UE arbitra los divorcios entre distintas nacionalidades

El divorcio de una española casada con un belga podía convertirse en una pesadilla legal. Especialmente si el matrimonio residía en un tercer estado. Las dudas sobre la ley del país que decide los términos de la ruptura y el creciente número de matrimonios entre dos europeos de distinta nacionalidad han llevado a la Unión Europea (UE) a establecer unos criterios claros para los divorcios internacionales.

La nueva norma, en la que participa España, estará vigente desde mediados de 2012 y hace primar el acuerdo entre los conyuges, que podrán escoger entre la legislación del país donde residan en el momento de presentar la demanda, la del estado que vivieran durante la convivencia o la del país de uno de ellos.

En caso de que no haya acuerdo, se aplicará obligatoriamente la norma del país en el que residan. Si no viven juntos, se recurrirá al último país en el que lo hayan hecho. Y si ningún cónyuge reside ya allí, se aplicará la ley de su nacionalidad común. Si no son del mismo país, el divorcio se guiará por las leyes del tribunal al que se acuda.

"Los ciudadanos tienen la posibilidad de moverse por Europa y el número de parejas internacionales se ha incrementado mucho, pero a menudo tienen un conflicto mayor del que supone separarse", reconoció Melchior Wathelet, secretario de Estado de Familia belga, en nombre de la Presidencia de la UE.

La nueva norma permitirá a las parejas homosexuales acogerse a ella siempre que el matrimonio gay esté reconocido en los países implicados. Uno de los asuntos más espinosos, el del reparto de propiedades o pensiones para uno de los cónyuges, quedó fuera del acuerdo por problemas técnicos.

Solo 14 de los 27 países han decidido participar, inaugurando una posibilidad del Tratado de Lisboa que permite dejar fuera a los países que no quieran sumarse a iniciativas que cuentan con el apoyo de la mayoría. Además de España, participan Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Austria, Malta, Luxemburgo, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Eslovenia y Letonia.

Por otra parte, la orden europea contra el maltrato, una de las grandes apuestas de España durante su Presidencia de la UE, certificó ayer su estado de coma al no ser ni discutida durante el Consejo de Ministros de Justicia. Según reconoció el representante belga en la misma, la orden está "bloqueada" por la oposición de Holanda, que se sumó a un grupo de países entre los que está Reino Unido.