"No hemos tenido ni una sola discusión sobre el caso de Pablo González, encarcelado en Polonia durante el último año por su periodismo pacifista". Estas fueron las palabras con las que la eurodiputada del grupo de The Left Clare Daly denunciaba en el plenario del Parlamento Europeo el silencio que se había impuesto en la UE sobre el caso del periodista español.

Daly es también una de los 14 eurodiputados que esta semana han firmado una carta dirigida al ministro de Justicia polaco solicitando que se respeten los derechos básicos del periodista español Pablo González, que lleva 19 meses en prisión y que no ha podido ver en todo este tiempo a dos de sus hijos, ni siquiera mantener una conversación telefónica con ellos.

Esta incomunicación con su familia es uno de los puntos que más preocupa y que los eurodiputados destacan en su misiva: "Estamos muy preocupados por la situación de plena indefensión de Pablo González, ciudadano europeo que ha visto sistemáticamente violados derechos básicos como el derecho a la comunicación telefónica, así como las visitas regulares de su familia y equipo legal".

Esta carta ha sido una iniciativa del eurodiputado, también del grupo de The Left, Miguel Urbán. El político español fue el organizador a principios de julio de la mesa de debate Journalism is not a crime! que se llevó a cabo en Bruselas para denunciar la situación que vivía el periodista y el incumplimiento de las normas europeas que se estaban produciendo en este caso. Desde entonces, nada, o casi nada, ha cambiado.

"El primer objetivo que teníamos con las jornadas que realizamos en el Parlamento Europeo el pasado julio era un intento de romper el cerco informativo a nivel europeo sobre el caso de Pablo González", asegura Urbán en declaraciones a Público.

"Cuando los familiares, amistades y grupos de apoyo a Pablo nos visitaron en Bruselas, había diputadas holandesas e irlandesas que no podían creerse que este caso no fuese más conocido y no podían explicarse que España no estuviese ejerciendo más presión sobre el Gobierno polaco", añade el eurodiputado español, que subraya que "este caso es un gran desconocido no solo internacionalmente, sino también en nuestro país".

Sobre la carta, el eurodiputado explica que "hay que poner en valor que siendo un caso complejo, por las acusaciones que el Gobierno polaco vierte sobre Pablo González, han firmado diputados de tres grupos parlamentarios y de diferentes países de la UE y no solo del Estado Español". Un extremo, este último, que es importante porque "suele ser también habitual que las firmas se circunscriben a la nacionalidad de la persona afectada".

Pablo González lleva en la cárcel desde que fuera detenido el 28 de febrero de 2022, a los pocos días de que comenzara la invasión rusa de Ucrania. La Justicia polaca ha prolongado hasta en seis ocasiones la prisión provisional del periodista sin presentar públicamente pruebas o cargos concretos.

Por ello, Urbán remarca que no se puede tolerar que "Polonia tenga a Pablo González casi dos años en prisión preventiva, en condiciones de aislamiento extremo (solo ha podido recibir dos visitas en este tiempo, no ha podido ni hablar con sus hijos) en una cárcel que ha sido bautizada como el Guantánamo europeo sin que haya todavía fecha de juicio ni acusación formal, impidiendo además las condiciones para una defensa adecuada".

Esta vulneración de derechos de las que habla el eurodiputado han sido denunciadas sistemática y públicamente por familiares y amigos del reportero. El propio periodista ha llevado su caso al Tribunal de Estrasburgo y ha protestado a través de las cartas que escribe desde la cárcel y que son de los pocos mecanismos de contacto con el exterior que le quedan.

Sin embargo, a pesar de las quejas, denuncias y solicitudes de cumplimiento de la legalidad internacional, el Gobierno español mantiene que sus derechos están siendo respetados y que recibe asistencia consultar.

"Tanto el Gobierno español, representado en la figura del ministro José Manuel Albares, como la Unión Europea deberían de asegurar que un país como Polonia —que tiene abierto un procedimiento de infracción según el artículo 7 del Tratado de la Unión por vulneración del Estado de Derecho y que ha sido reprendido por diferentes resoluciones del Parlamento europeo por vulneración de derechos fundamentales— asegurara escrupulosamente los derechos procesales de un ciudadano europeo", protesta Urbán. Y agrega: "La postura de Albares, del Gobierno español y por ende de las propias instituciones europeas es una auténtica vergüenza".

Precisamente, por la postura del ministro socialista Albares y del Gobierno español, ha sorprendido que aparezca el nombre del eurodiputado del PSOE Nacho Sánchez Amor entre los firmantes de la carta dirigida al ministro polaco.

"Quiero aprovechar para agradecer la firma de Sánchez Amor, creo que es muy importante por lo que supone a la hora de defender la presunción de inocencia y las garantías procesales de cualquier ciudadano", ha señalado Urbán, que cree que este apoyo se puede deber a que la oficina del socialista asistió a las jornadas que se celebraron en julio en Bruselas para explicar el caso de Pablo González.

Situación crítica para la libertad de prensa

Para el político español de Anticapitalistas, "el caso de Pablo es un aviso a navegantes para aquellos periodistas o informantes que se salen de la norma establecida, de la propaganda de guerra de uno y otro lado".

Urbán considera que el ambiente belicista que vive Europa desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia influye directamente sobre la situación del periodista español: "Hay un tabú macartista muy fuerte sobre todo lo que pueda oler a Rusia y más aún si hay una acusación de espionaje de por medio. Este ambiente asfixia cualquier pensamiento crítico, la pluralidad e incluso el derecho a la información".

De hecho, el eurodiputado cree que el contexto europeo de conflicto está también detrás de la falta de presión a Polonia por parte de la UE: "Es incomprensible que las instituciones europeas no estén presionando más a Polonia en este caso [...] La única explicación que se me ocurre es, otra vez, este ambiente macartista, un ambiente bélico que parece permitir la suspensión de derechos fundamentales porque estamos en guerra".

Por eso Urbán, como el resto de eurodiputados que firman la carta que se remitió al ministro polaco Zbigniew Zobro, inciden en exigir "la defensa de la libertad de prensa y expresión para evitar la persecución de periodistas por parte de los Estados miembros". "Es una cuestión que va más allá del propio Pablo y que nos afecta a todas y todos, que es la defensa de derechos tan importantes como la libertad de prensa en la UE", sentencia el político español a Público.

Precisamente, esta semana en la que los 14 parlamentarios europeos hacían pública la carta de denuncia sobre el caso de Pablo González, en Estrasburgo se votaba la European Media Freedom Act. Urbán señala que en esa norma "se afirma que la libertad de prensa y el pluralismo son valores centrales recogidos por la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea". "No podemos olvidar que no hay libertad de expresión cuando quienes por ejercer el periodismo acaban en prisión", añade.

Sin embargo, a pesar de la aprobación de esta norma, el eurodiputado español subraya que "no podemos ignorar que al menos sesenta periodistas han sido encarcelados o intimidados en territorio europeo, según el Consejo de Europa. Entre ellos, el caso de la periodista francesa Ariane Lavrilleux, que fue detenida durante dos días para intimidarla y obligarle a revelar las fuentes de sus investigaciones periodísticas tras haber publicado artículos sobre las complicidades del Estado francés con una serie de ejecuciones arbitrarias perpetradas por la dictadura egipcia".

De un ambiente bélico en Europa a las elecciones polacas

Pablo González lleva 19 meses en prisión, casi dos años en los que se han celebrado numerosas elecciones a lo largo y ancho de la Unión Europea. Pero las votaciones que más pueden influir en la situación del periodista español son las del próximo 15 de octubre. Ese día los polacos están llamados a las urnas para renovar el parlamento y el senado.

"El Gobierno ultraderechista polaco está utilizando la guerra como un elemento de propaganda electoral y aquí el caso de Pablo juega un papel importante para dar una imagen de mano dura contra el 'enemigo'", afirma Urbán. Y añade: "Es fundamental repetir algo tan obvio como que la vulneración de derechos fundamentales de Pablo, al igual que los de cualquier otra persona, no pueden ser parte de la propaganda electoral".

Para el político español, "el Gobierno de ultraderecha polaco es impredecible" y, por eso, "el Gobierno español tendría que exigir una fecha de juicio y una acusación formal por parte de Polonia para que los abogados de Pablo González puedan preparar su defensa, termine la prisión preventiva y se le juzgue cuanto antes".

Lo que Urbán deja claro en la conversación con Público es que no se trata de interferir en un proceso judicial o de reivindicar la inocencia de un ciudadano, sino de que se respeten sus derechos: "Es importante recordar que no estamos pidiendo su absolución o libertad inmediata, sino algo tan básico como que se presente una acusación formal contra Pablo y se le juzgue cuanto antes".