Erika Gandara era la única policía de Guadalupe Distrito Bravos, un municipio agrícola cercano a Ciudad Juárez. A sus 28 años, sólo ella se atrevía a pasearse con uniforme y una pistola por las calles polvorientas de este pueblo fronterizo donde el resto de sus compañeros habían sido asesinados desde 2008: 24 policías acribillados en su casa, en la patrulla o decapitados. Ella había sobrevivido y desde junio trabajaba sola. Era ella quien acordonaba la zona cuando había un homicidio y quien patrullaba la ciudad. Parecía no tener miedo, sin embargo nadie más se atrevía a acompañarla.

El 23 de diciembre, un comando armado la sacó de su casa y la secuestró. Es lo único que ha confirmado la fiscalía. Podrían haber sido los sicarios de Vicente Carrillo, jefe del cártel de Juárez, o los del Chapo Guzmán, el cabecilla del cártel de Sinaloa y uno de los cien hombres más poderosos del mundo, según la lista de la revista Forbes. Ambos cárteles se disputan este territorio, una de las principales puertas de la droga a Estados Unidos.

¿Por qué la secuestraron a ella? Mientras no aparezca viva, no se sabrá. Tal vez porque no se dejó corromper o tal vez porque la corrompió el cártel enemigo. Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en este país se maneja entre rumores y verdades a medias. Hasta sobre los muertos se cierne la sospecha. Y la impunidad en la que quedan la mayoría de los delitos lo acentúa. Gustavo de la Rosa, observador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estima que sólo dos de cada cien homicidios en el Valle de Juárez son castigados. El resto permanecen impunes, y convierten esta región en un territorio sin ley donde "hay permiso para matar", subraya.

Guadalupe Distrito Bravos es uno de los dos municipios del Valle de Juárez, una explanada algodonera que se extiende unos cien kilómetros desde el sureste de Ciudad Juárez hasta Praxedis Guerrero. Al sur está acotado por las montañas y al norte lo delimita el río Bravo, cuya otra orilla es Texas.

Con sólo una aduana oficial y con una orografía salvaje de montañas escarpadas y desierto, el valle es el escenario ideal para traficar hacia EEUU. Siempre lo ha sido. Ya en los años veinte, era uno de los principales lugares por donde se desafiaba la Ley Seca estadounidense.

"Trabajar en el trasiego de drogas se vuelve una opción muy productiva"

"En todas las familias del valle siempre ha habido uno o dos miembros que trabajaban en el comercio ilegal. Los principales empresarios de Ciudad Juárez también empezaron sus negocios así. Nunca ha habido una condena moral contra el comercio fronterizo y entonces, cuando viene el boom del narcotráfico, trabajar en el trasiego de drogas se vuelve una opción muy productiva", explica De La Rosa.

El problema se recrudece cuando el presidente Felipe Calderón emprende la guerra contra el narco y se acotan los canales de acceso de la droga hacia el norte. El control por los territorios estratégicos desata una guerra entre cárteles, y el valle se convierte en campo de batalla.

Mientras en la Ciudad de México se ha registrado una tasa de criminalidad en 2010 de nueve homicidios por cada 100.000 habitantes, en Ciudad Juárez se registraron 239 y en el Valle, 750.

Se estima que el 40% de la población de Guadalupe y Praxédis Guerrero ha emigrado a Juárez o al país vecino. "Los que pudimos nos fuimos", dice De La Rosa, natural del Valle y que desde 2009 vive en la ciudad estadounidense de El Paso, un remanso de paz al otro lado del Río Bravo.

Mientras, en las calles de Guadalupe se palpa la tensión. "Todos tenemos miedo, hasta de hablar", admite la secretaria del alcalde, Tomás Archuleta, y justifica así que su jefe no acepte entrevistas telefónicas.

El anterior alcalde, Manuel Lara, fue asesinado en junio. Había denunciado amenazas de un cártel por no ceder a sus chantajes. En los 20 primeros días del año han quemado cuatro casas y han asesinado a cinco vecinos de los poco más de 3.000 que siguen viviendo en una población que en el 2005 contaba con 9.148 habitantes.

"Todos tenemos miedo, hasta de hablar"

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Guadalupe exige más atención por parte de la Administración estatal y federal, pues el propio secretario municipal, José Manuel Pacheco, reconoció a Luz del Carmen Sosa, corresponsal del Diario de Juárez, que los habían dejado "solos" ante el crimen.

El Estado de Chihuahua confirió la vigilancia del Valle al ejército. Sin embargo, los soldados sólo cubren algunos poblados y su trabajo es muy "cuestionable", según Sosa. "No ha dejado de pasar droga ni ha disminuido la violencia", resume.

"Lo que está sufriendo el Valle de Juárez es el resultado de una política irresponsable y de abandono total donde las fuerzas del orden sólo son observadoras de la guerra entre los cárteles, enviándoles una señal de que pueden matar a quien sea y no les va a pasar nada. Eso es lo que estamos sufriendo", concluye De la Rosa. "Una estrategia de extremo liberalismo aplicada a la administración de justicia: dejar que se mate".