CIUDAD DEL VATICANO.- El Vaticano celebra este martes la primera audiencia del juicio por la revelación y publicación de documentos clasificados, en el que están imputadas cinco personas, entre ellas el sacerdote español Lucio Vallejo Balda. Se les acusa de un delito que, según el Código Penal del Vaticano, se castiga con penas entre 4 y 8 años de cárcel.

La primera vista de este proceso ha sido fijada a las 10.30 en la única sede judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, a pocos metros del ábside de la basílica de San Pedro.

A lo largo de este proceso se tratará de esclarecer la sustracción, divulgación y publicación de material clasificado de la Santa Sede, sobre todo en materia económica, un caso que ya se conoce como Vatileaks2, en alusión al escándalo por la difusión de correspondencia de Benedicto XVI en 2012.

Uno de los cinco acusados es el español Vallejo Balda, el único que permanece preso como medida preventiva y que fue secretario de la extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la que proviene la mayor parte de los documentos difundidos.

También está imputada la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, que fue arrestada con el español y puesta posteriormente en libertad, el excolaborador de la COSEA Nicola Maio y los periodistas que han publicado los documentos: Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.

La Justicia vaticana establece que solo pueden participar en estos procesos los miembros de una lista de casi noventa letrados reconocidos por las autoridades de la Santa Sede.

Por esta razón, la defensa del español ha conocido recientemente que no podrá asistirle y le ha sido asignado un abogado de oficio que, sin embargo, ha renunciado veinticuatro horas antes de que comience el proceso. Por el momento se desconoce quién ha sido designado para ejercer su defensa. Del mismo modo Chaouqui anunció en un mensaje en Facebook que se presentará en el juicio a pesar de que el Vaticano tampoco ha admitido a su abogada, Giulia Bongiorno, una de las más prestigiosas de Italia.

Por otro lado, la representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Dunja Mijatovic, ha pedido al Vaticano que retire las imputaciones contra los dos periodistas italianos y respete el derecho a la libertad de prensa. En un comunicado difundido en Viena, Mijatovic ha afirmado que "los periodistas deben tener la libertad de informar sobre temas de interés público y proteger a sus fuentes confidenciales".

Es la primera ocasión en la que en el banquillo de los acusados del Vaticano se sienten dos periodistas

El proceso goza de un enorme interés mediático porque será además la primera ocasión en la que en el banquillo de los acusados del Vaticano se sienten dos periodistas, que ya han criticado que su situación supone un ataque a la libertad de prensa. Y es que se da la paradoja de que, mientras que Italia recoge este principio en el artículo 21 de su Constitución, las leyes vaticanas no estipulan el derecho a la información.

"Nunca me habría imaginado que después de la publicación de Avarizia habría acabado investigado, mandado al banquillo y procesado ante los jueces pontificios, escribió este lunes Fittipaldi en el diario La Repubblica. Por su parte Nuzzi, en su blog, lamenta que será procesado por "haber publicado Via Crucis, un libro en el que reveló muchas cosas incómodas en relación con la gestión del Vaticano".

También criticó la falta de apoyo por parte de políticos y del Colegio de Periodistas y alertó del regreso de "una peligrosa Nueva Inquisición".

Este caso trascendió a la opinión pública el pasado 2 de noviembre, después de que la Santa Sede informara de que había detenido a dos personas por supuestamente haber sustraído material clasificado.

Finalmente el número de imputados ha ido en aumento y están acusados de violar el artículo 116 bis, en el que se tipifica el delito de "procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación".

El Código de Derecho Canónico pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros. En el caso de que estas noticias o documentos fueran de "interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión".