Las víctimas pasan por un vía crucis para lograr las ayudas

En las tragedias, dolor y dinero van a menudo parejos y dejan a veces más víctimas que los propios sucesos. Ha sido el caso del largo vía crucis por el que han tenido que pasar los familiares de los fallecidos, los heridos, los equipos de emergencia y los vecinos de la Zona Cero que, en algunos casos, diez años más tarde, siguen luchando para obtener ayudas.

El 22 de diciembre de 2010, tres días antes de Navidad, y después de un nuevo enfrentamiento entre demócratas y republicanos que nada tenía que ver con el caso, el Congreso estadounidense aprobó finalmente, en medio de la controversia por el inexplicable retraso, una ley para compensar y ayudar económicamente a los equipos de rescate que trabajaron en la Zona Cero y padecieron las secuelas de las horas que pasaron expuestos a los gases tóxicos.

Hasta diciembre pasado no se aprobó la ley de apoyo a los equipos de rescate

La llamada Ley James Zadroga, por un detective de la Policía de Nueva York que murió a consecuencia de problemas respiratorios en 2006, reabría el dossier de las compensaciones, cerrado en 2003, al prometer 4.300 millones de dólares (mucho menos que los 7.400 inicialmente previstos) para los afectados: 1.500 millones en los cinco próximos años para tratar las enfermedades de los miembros de los equipos de rescate y demás trabajadores; y otros 2.500 millones destinados al Fondo de Compensación original para seguir otorgando ayudas por las pérdidas económicas, diez años más tarde.

Con la iniciativa se esperaba curar heridas todavía abiertas. El Fondo de Compensación de las Víctimas del 11-S que George Bush aprobó en 2001, 11 días después de los atentados, fue el mayor esfuerzo gubernamental para compensar las pérdidas mortales de unos atentados y distribuyó unos 7.000 millones de dólares a 5.562 personas, familiares de los fallecidos o personas directamente afectadas por los ataques.

El dossier que tuvieron que presentar los allegados debía medir la pérdida económica de la persona que fue y de la que podía haber sido, considerando los salarios en el momento del fallecimiento, los posibles ascensos, el valor añadido que aportaban a la empresa para la que trabajaban o la educación que hubieran tenido que pagar a sus hijos, sobre todo si eran jóvenes.

"¿La viuda de un banquero necesita' más que la de un bombero?"

Las compensaciones variaban de los 250.000 dólares de base, por ejemplo para los cocineros latinos que trabajaban en el restaurante Windows of the World, al más del millón de dólares que cobraron los allegados de los empleados de la firma financiera Cantor Fitz-gerald, la que más personal perdió en los atentados.

En su libro ¿Cuánto vale una vida?, Kenneth Feinberg, el abogado especializado en mediaciones que fue elegido para gestionar el fondo, describía con angustia las decisiones salomónicas que tuvo que tomar: "Se trataba de compensar una pérdida emocional catastrófica, tratar de llenar el agujero de la desaparición con dinero".

Fue un proceso extremadamente duro, recuerda Feinberg. "Al hacerlo de esta manera, el Congreso abrió un debate económico y filosófico muy acalorado sobre el significado y el alcance del concepto de "necesidad". ¿La familia del broker necesita más compensación que el camarero o el empleado de mantenimiento? ¿La viuda de un banquero necesita más que la esposa de un bombero o la familia del sargento que murió en el ataque del Pentágono?".

"He ido a 54 funerales de bomberos y 52 eran víctimas de cáncer"

Pero el Fondo no sólo compensó a las víctimas, también protegió a las líneas aéreas de posibles pleitos. Todo el que se acogía a las indemnizaciones del Gobierno renunciaba a demandar a las compañías de los aparatos siniestrados. "No sólo fue un regalo para las familias porque todo el mundo se quedó horrorizado por lo que pasó, fue una forma de salvar a las líneas aéreas, para protegerlas de pleitos que el Congreso pensó podrían destruir la industria", dice Mike Burke, cuyo hijo bombero, Billy, murió al derrumbarse las torres.

Unas 60.000 personas están inscritas en los programas que observan las secuelas del 11-S. Para muchas, esta década ha sido un calvario porque pronto descubrieron que las indemnizaciones cubrían cosas como el síndrome del túnel carpiano, una inflamación del nervio que provoca debilidad o entumecimiento de la mano, pero no el cáncer o las enfermedades pulmonares causadas por haber pasado tanto tiempo en la Zona Cero sin la protección adecuada.

El Gobierno y las autoridades locales han tomado medidas recientemente para ampliar la cobertura a más personas afectadas. En lo que se refiere a las enfermedades, después de años de lucha infructuosa, un estudio publicado esta semana por el diario médico británico The Lancet, asegura que los 9.000 bomberos que trabajaron en el World Trade Center tienen un 19% más de probabilidades de padecer cáncer. Es un paso hacia el reconocimiento oficial.

"Es el informe que estábamos esperando. Esto es lo que nos dijeron que no existía", dice Kenny Specht, un bombero del 11-S que pasó semanas en el nivel cero buscando los restos de los 343 colegas que murieron en los atentados y que en 2006 fue diagnosticado con cáncer de tiroides que achaca al entorno tóxico de los escombros.

"He ido a 54 funerales de bomberos desde el 11-S y 52 eran víctimas de cáncer", dice John Feal, un antiguo bombero que ahora lidera la fundación FeelGood, que lucha por ampliar la cobertura médica de los afectados. Specht estima que esto es sólo el principio, al tratarse de enfermedades que se manifiestan a muy largo plazo. "Me da miedo pensar en los próximos diez años, si las cosas van mal ahora, no sé qué va a ser luego".