En Wisconsin se juega en estos momentos el futuro de los sindicatos (unions, en inglés) en Estados Unidos. Una batalla sin precedentes tiene lugar entre los representantes sindicales de los funcionarios y el gobernador del Estado, el republicano Scott Walker, para mantener los derechos de la negociación colectiva, una batalla con repercusiones en todo el país, especialmente en los otros estados al borde de la quiebra.

Desde hace dos semanas, Madison, la capital de un Wisconsin que normalmente da bastante poco de qué hablar, es el escenario de una auténtica revolución. Los empleados públicos han tomado el Capitolio local, sus 14 congresistas demócratas han huido al vecino Illinois para evitar una votación, las manifestaciones han paralizado la ciudad y las escuelas están cerradas porque no hay profesores. Entre 70.000 y 100.000 personas volvieron a protestar el pasado sábado. Algunos han llegado incluso a comparar Wisconsin con las manifestaciones en Egipto, poniendo a Walker en el papel de Mubarak.

Walker pretende que el trabajador pague parte del seguro médico y la pensión

Los funcionarios protestan por una ley del gobernador que recortaría sus salarios, les haría pagar el 12% de su seguro médico y la mitad de su plan de pensiones y, sobre todo, eliminaría su derecho a llevar a cabo cualquier negociación colectiva que no fuera estrictamente salarial. Aseguran que el argumento de Walker paliar el déficit estatal de 360.000 millones de dólares es una excusa para acabar con los sindicatos.

Wisconsin es un estado clave en muchos aspectos. Simbólico por ser el primero en otorgar la negociación colectiva a sus funcionarios en 1959 (una veintena de estados, los llamados right-to-work states, lo siguen prohibiendo); económico porque su déficit ilustra la bancarrota de los estados que se enfrentan a agujeros colosales (California, 254.000 millones de dólares; Texas, 134.000 millones, Illinois 150.000 millones, Nueva York 9.000 millones) y político al ser uno de los estados que apoyó a Barack Obama desde el principio. Los sindicatos siguen siendo uno de los pilares del partido demócrata.

"Lo que pasa en Wisconsin no sólo tiene que ver con el presupuesto", decía recientemente el columnista de The New York Times y premio Nobel de Economía PaulKrugman. "Es una batalla de poder. El señor Walker y sus partidarios quieren convertir Wisconsin y posteriormente Estados Unidos en una oligarquía del tercer mundo".

Otros estados en apuros financieros desean seguir esta vía antisindical

Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos del país, ha denunciado que los argumentos de Walker han ido "cambiando" para justificar su plan y que este "no tiene nada que ver con la crisis de presupuesto".

De momento nadie cede. El gobernador ha amenazado con despidos masivos. El pasado viernes forzó una votación de sus medidas en la Cámara Baja, que no puede seguir aprobando en el senado por falta de quorum. Los sindicatos están pensando, en caso de que Walker se salga con la suya, convocar una huelga general, iniciativa sin precedentes.

Walker se ha convertido en el abanderado de la causa ultra conservadora. The New York Times revelaba hace unos días que los hermanos multimillonarios Charles y David Koch, que financian el movimiento Tea Party desde su plataforma ultra American For Prosperity, contribuyeron a la campaña de Walker. También se ha convertido en el hazmerreír de los progresistas después de que un bloguero se hiciera pasar por uno de los hermanos Koch y ridiculizara al gobernador por teléfono, sobre todo cuando reconoció que no tenía ninguna intención de negociar y comparó su lucha a la de Ronald Reagan en 1981 cuando desmanteló los sindicatos de controladores aéreos, "la primera grieta en el muro del comunismo".

"Quieren convertir EEUU en una oligarquía", opina Paul Krugman

En Ohio, Indiana, zonas del antiguo cinturón industrial (Rust Belt), en Iowa y Michigan, estados con nuevas mayorías republicanas, salidas de las legislativas del pasado noviembre, los gobernadores conservadores intentan emular a Walker. En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie, una de las figuras más populares del partido, también dejó entender la semana pasada, al presentar su presupuesto, que podría recortar las pensiones y seguros de los funcionarios en la "nueva normalidad" que ha creado la crisis financiera.

Aunque en Estados Unidos el funcionariado nunca ha gozado de gran popularidad, un reciente sondeo de Gallup aseguraba que el 61% de los estadounidenses estaba a favor de mantener los privilegios de la negociación colectiva.

Obama ha denunciado el "ataque contra los sindicatos" del gobernador de Wisconsin pero, enzarzado en su propia batalla con los republicanos para que voten una ampliación del presupuesto federal antes del 4 de marzo, ha preferido no inmiscuirse demasiado.