Adevida, el lobby antiabortista al que el PP le ha dado en Córdoba 222.000 euros a dedo
La red de asociaciones se extiende por todo el país promoviendo la oposición al aborto y a la eutanasia. La de Córdoba es una de sus filiales más antiguas, donde ha encontrado el apoyo constante del Gobierno local del PP.

Madrid--Actualizado a
Se llama Asociación en Defensa de la Vida (Adevida) y en los últimos cuatro años ha recibido a dedo 222.000 euros en subvenciones nominales por parte del Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, en manos del Partido Popular. A este importe hay que añadir otros 11.773 euros que le otorgó la Junta de Andalucía en el año 2021 y con los que la organización antiabortista ha recaudado, desde entonces, un total de 233.773 euros.
En 2008, cuando el Congreso español comenzó a dar los primeros pasos hacia una regulación del aborto que legalizara su práctica, en la capital de provincia andaluza nació Córdoba por el Derecho a la Vida. Esa plataforma era una unión estratégica entre representantes del movimiento antiabortista español para plantar cara a estos avances. En ella se integraba Adevida o Red Madre, y varias organizaciones católicas.
Aquel año, la asociación matriz de Adevida, registrada en Madrid, promovió un manifiesto titulado "Académicos en defensa de la vida humana desde la concepción a la muerte natural", en la que se pedía promulgar "las normas necesarias para que (...) se proteja el derecho a nacer, derogando aquellas [órdenes] que lo violan o lo limitan selectivamente". El documento fue rubricado por 104 profesionales de la salud, derecho y bellas artes, de los cuáles sólo ocho eran mujeres.
La visión de Adevida en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no ha impedido al Ejecutivo de José María Bellido Roche (PP), alcalde de Córdoba, encomendar a esta organización la ejecución de proyectos de intervención social para mujeres embarazadas y madres en situación de vulnerabilidad.
Público ha preguntado al gabinete de prensa del Ayuntamiento de la ciudad andaluza por los criterios que han llevado a la institución a otorgar estas subvenciones, año tras año, a Adevida. También por la posibilidad de que la línea ideológica de la organización condicione la calidad del servicio otorgado a mujeres gestantes y madres vulnerables. El Gobierno local no ha respondido a ninguna de estas preguntas.
Adevida se ha aliado con algunos de los elementos más reaccionarios del agrupacionismo católico, como Abogados Cristianos y HazteOir
En cambio, ha remitido a Público el informe jurídico de la subvención para el proyecto "Intervención social por una maternidad y una infancia digna", otorgada en 2024. Dicho documento, asegura el consistorio, evidencia que la subvención "cumple con todos los requisitos legales, jurídicos y administrativos". El texto desglosa el destino de la partida de dinero público del pasado año, que fue a parar a la compra de leche maternizada, cereales infantiles, potitos y pañales.
La asociación antiabortista tampoco ha respondido a las preguntas de este periódico acerca de la influencia de su línea ideológica en su labor o el número de mujeres a las que han atendido en los últimos años gracias a las subvenciones del ayuntamiento. En su página web tampoco aparece esta información.
Desde su creación hace 40 años, las distintas filiales de Adevida han logrado adentrarse poco a poco en el tejido asociativo de Andalucía, Castilla la Mancha o Madrid, donde se han aliado con algunos de los elementos más reaccionarios del agrupacionismo católico, como Abogados Cristianos y HazteOir. Junto a ellos firmaron en el año 2020 el manifiesto de la Plataforma los 7.000, nacida en oposición a la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que entraría en vigor al año siguiente.
Esta norma, junto a las regulaciones que permiten la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), constituyen los principales enemigos –y la razón de existencia– de Adevida. Tal y como recogen los estatutos de la asociación nacional, su fin principal es proteger "el respeto a la vida del ser humano, desde su concepción hasta su extinción natural". Este mantra está recogido en todas las webs locales de Adevida.
Detrás de Adevida
Son muchas las asociaciones en España que se apellidan Adevida. A juzgar por su denominación social, labor, objetivos y logo, todas se encuentran relacionadas entre sí. A nivel nacional, Adevida fue dada de alta el 27 de junio de 1979, un par de años después de que se celebraran en España las primeras elecciones generales democráticas tras la muerte del dictador Francisco Franco. Aquel año fue también el del juicio de "las once de Bilbao", a saber, diez mujeres y un hombre acusados de haber llevado a cabo e incentivado abortos. En aquel momento, la interrupción del embarazo todavía estaba tipificada como un delito en el Código Penal.
Adevida surge en el contexto del caso de "las 11 de Bilbao" y promueve la defensa del matrimonio "donde encuentra plena realización el recto sentido de la sexualidad (...)"
El caso despertó la solidaridad de los movimientos feministas de la época, que se unieron para exigir la amnistía de las acusadas, así como un cambio normativo que despenalizara el aborto. Es en este contexto en el que Adevida surge como asociación de carácter civil que no sólo se opone al aborto, sino que también promueve la defensa de "la naturaleza y dignidad de la familia y del matrimonio (...) donde encuentra plena realización el recto sentido de la sexualidad, la natalidad, la maternidad y la vida conyugal y familiar".
Nueve miembros promotores aprobaron estos estatutos y compusieron la primera comisión gestora. Venían del mundo de la medicina, de la sociología y del derecho y, en general, eran próximos a instituciones académicas y organizaciones católicas. A día de hoy, solo una de los fundadores, Francisca Castañón Díaz, mantiene un cargo en la junta directiva de la asociación. De todos los precursores de la asociación, el que alcanzó un puesto más relevante en la jerarquía institucional de la España de la Transición fue Gregorio Rubio Nombela. A finales de los 70, Rubio fue nombrado secretario general del Patronato del Fondo Nacional de Asistencia Social y subdirector general de Protección Civil.
Ambos cargos se encontraban bajo la batuta del ministro de Interior del momento, Manuel Fraga Iribarne. Un artículo de El País de 1979 define a Rubio como "colaborador de Fraga", si bien sus cargos continuaron más allá de la salida del político gallego del ministerio.
Tras el primer impulso en Madrid, surgieron diferentes filiales de Adevida por toda la península. Tal y como dejaron constancia en sus estatutos, priorizaron su expansión por aquellos territorios en los que no había asociaciones similares. En Andalucía, el directorio de asociaciones de la comunidad autónoma da cuenta de una asociación de Adevida en Granada, Córdoba, Jaén y Málaga.
De la mano del PP
En 2015, el PSOE de Córdoba logró por primera vez la Alcaldía de la ciudad gracias al apoyo de IU, formación que históricamente había acaparado el voto de la izquierda en el municipio. La socialista Isabel Ambrosio relevó en la alcaldía al popular José Antonio Ballesteros, quién sólo había estado en el cargo durante una legislatura. A finales de 2015 trascendió que el Gobierno del PSOE-IU retiraría las subvenciones nominales a Adevida y a otras organizaciones como Red Madre o Proyecto Hombre.
A partir de ese momento, dijeron, las subvenciones se repartirían mediante un procedimiento de concurso público. El PP y Adevida pusieron el grito en el cielo. "Ni siquiera las migajas le dejan a las mujeres", declaró a un periódico local una representante de Red Madre. En 2011, la llegada a Córdoba del segundo Gobierno del PP desde el inicio de la democracia –el primero fue durante la legislatura 1995-1999 – abrió las puertas del consistorio a estas organizaciones.
Los servicios sociales de Córdoba derivan a mujeres embarazadas vulnerables a Adevida y otras asociaciones contrarias al aborto
Además de otorgarles subvenciones públicas, entre 2011 y 2015 los servicios sociales de Córdoba derivaron a mujeres vulnerables a Adevida y a otras asociaciones contrarias al aborto. Así lo evidenció ABC Córdoba en un artículo publicado a finales de 2016, en el que Adevida se quejaba de que, pese a no haber recibido un solo euro del nuevo Gobierno aquel año, las Zonas de Trabajo Social municipales seguían enviándoles a mujeres embarazadas o madres en riesgo de exclusión social.
Las ayudas volvieron en 2019, cuando el popular José María Bellido recuperó el bastón de mando de la ciudad. Ese mismo año, Adevida se hizo un hueco entre los órganos de representación de la ciudad, dando un paso más en su integración y normalización en el tejido asociativo local. Entre el año 2019 y 2022, la presidenta de Adevida Córdoba, Isabel Guerrero, ocupó el cargo de vicepresidenta del Consejo de Mujeres de la ciudad.
Los Consejos de Mujeres son espacios de representación municipal del tejido asociativo feminista y/o promotor del principio de igualdad entre mujeres y hombres. El de Córdoba tiene la finalidad de elaborar estudios, informes y propuestas en materia de igualdad. En el Consejo tienen representación todos los colectivos de mujeres y feministas que están constituidas oficialmente como asociación y que han solicitado al Ayuntamiento formar parte del órgano consultivo.
Las representantes constituyen la Asamblea del Consejo, que elige a las nueve vocales que formarán parte de la comisión permanente. Una de ellas será elegida como vicepresidenta. Es este el cargo que ocupó la presidenta de Adevida durante tres años. Si bien el Consejo de Mujeres tiene poca capacidad de incidencia real en las políticas locales, según han confirmado a este periódico uno de los colectivos feministas del municipio, es un buen reflejo de la situación ideológica de los movimientos que intentan aproximarse al Ayuntamiento.
La presidenta de Adevida ocupó la vicepresidencia de la Asamblea del Consejo de Mujeres de Córdoba
Desde la llegada del PP a la Junta de Andalucía en 2019, las organizaciones antiabortistas han ido ganando más y más fuerza. El andaluz fue el primer parlamento autonómico en el que Vox logró representación. La promoción de lo que, eufemísticamente, los grupos antiaborto denominan "cultura de la vida", ha sido uno de los caballos de Troya con los que Vox ha penetrado en las políticas públicas andaluzas.
En 2020, el entonces consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, anunció que promoverían ayudas para mujeres embarazadas que podrían recaer en organizaciones autodefinidas como "provida". Dicho y hecho, el Ejecutivo andaluz, que había logrado el poder gracias a un acuerdo con Vox y otro con Ciudadanos, lanzó una línea de ayudas en cuyo texto recogía la necesidad de "incorporar entre sus servicios el de asesoramiento a las mujeres embarazadas que se encuentren con dificultades económicas y de cualquier otra índole para llevar adelante su embarazo".
En 2021, las plataformas 25N y 8M de Andalucía lanzaron un informe en el que desglosaron las subvenciones otorgadas a grupos antielección –forma en la que se refieren a los grupos contrarios al aborto– durante el año preelectoral en el territorio andaluz. Las conclusiones fueron claras: en seis de las ocho provincias de Andalucía alguna organización opuesta al aborto, principalmente Adevida y Red Madre, habían recibido alguna subvención. Las excepciones fueron Granada y Huelva
Todas las subvenciones recogidas en el informe fueron lanzadas ad hoc por la Junta de Andalucía y fijaban como requisito la obligatoriedad de "carecer de fines de lucro y tener recogida de forma expresa en sus estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano, el apoyo o asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad". Dichas exigencias eran cumplidas, especialmente, por organizaciones como Adevida y otros grupos antiaborto. Tras las elecciones de 2022, el PP mantuvo esta línea de ayudas, pese a que la mayoría absoluta con la que gobierna desde entonces le permitía cambiar el texto.
Cronología de la oposición al derecho al aborto
La cronología de la fundación de las asociaciones Adevida en Andalucía es también la memoria de las luchas por la conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España.
La primera en registrarse en el directorio fue la situada en la ciudad de la Alhambra, en 1986. Al año siguiente se inscribió la jienense y, tres años después, la de Córdoba, si bien un artículo del ABC Sevilla sitúa su constitución en 1985. La última en aparecer fue la de Málaga, registrada en 2010.
En 1985 entró en vigor la Ley Orgánica 9/1985, en la que se despenalizó el aborto en tres supuestos: violación, peligro para la salud de la madre y malformaciones fetales graves. Esto quería decir que, si se daban estos casos, las mujeres no serían acusadas de haber cometido un delito. No fue hasta 2010 que la mayoría socialista del Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 2/2010, que legalizaba el aborto por libre elección hasta las 14 semanas de embarazo, y establece los supuestos en los que se puede abortar más allá de esa semana –anomalías en el feto y riesgo para la madre–.
En 2021, el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos comenzó a trabajar en una reforma de la normativa del aborto que acababa con algunas de las limitaciones de la ley de 2010, como el tiempo de espera de tres días obligatorios desde que se solicitaba la interrupción del embarazo. A partir de aquel año comenzaron a surgir nuevas propuestas de rezos frente a clínicas en las que se llevaban a cabo interrupciones del embarazo. También se han promovido más manifestaciones contrarias al aborto, en las que ha participado Adevida.
En todas las ocasiones en las que se han llevado a cabo avances o intentos de avance en la normativa sobre el aborto –1983, 1985, 2010, 2021 y 2023–, el Partido Popular, la Iglesia Católica y partidos ultraconservadores de reciente fundación, como Vox, se han posicionado en contra. De hecho, los populares elevaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica de 2010 por considerarla contraria a la Carta Magna. En 2023, el Tribunal Constitucional sentenció que la legislación sobre la interrupción del embarazo no contravenía la Constitución y que, por tanto, era perfectamente legal.



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