Aplican el falso Síndrome de Alienación Parental para separar a un adolescente de su madre durante más de un año

En marzo de 2024, un adolescente de 12 años fue separado a la fuerza de su madre. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de Catalunya decretó su desamparo preventivo, asumió su tutela y le trasladó a un centro de acogida. Siete meses después, en octubre de ese mismo año, la administración decidió que el menor debía ingresar en un centro residencial (CRAE) y que no podría volver a ver ni comunicarse con ella mientras estuviera allí.

Según ha explicado a Público la madre del adolescente, fue informada del traslado de su hijo cuando el menor ya había sido enviado al CRAE y, en un primer momento, la institución no le informó de a qué centro lo habían llevado. "La propuesta es que se vaya a un CRAE. Es un centro donde estará un máximo de dos años. Actualmente es lo que se considera que es la mejor opción". Ella había ido a visitar al menor el día de antes y nadie le había advertido de nada. "¿Cómo vais a mandar a un centro a un niño que tiene familia? ¿Qué estudio han hecho ustedes?", se preguntaba. En ese momento, y para esa madre, su hijo se encontraba en paradero desconocido.

Las trabajadoras sociales le explicaron que, si con algo no estaba de acuerdo, podía manifestar con ayuda de su abogado su oposición a la medida, al igual que habían procedido a hacer con el desamparo preventivo. Pero eso poco iba a cambiar. "¿Qué motivo puede haber para hacer eso a un niño o a una madre?", se sigue preguntando a día de hoy.

El Síndic de Greuges critica la decisión de DGAIA

La situación, denunciada por la madre ante el Síndic de Greuges de Catalunya, derivó -en enero de 2025- en una resolución que cuestionaba ampliamente las decisiones adoptadas por la DGAIA. El informe, al que ha tenido acceso Público, no solo alerta de los efectos psicológicos de la separación forzosa del niño y su madre, sino que pone el foco en todos los sesgos -incluida la utilización de conceptos variables del falso Síndrome de Alienación Parental- que han sido empleados para justificar el arrancamiento del menor.

Este tipo de decisiones, recuerda el Síndic, tienen un profundo impacto en los niños. No solo por la separación en sí, sino por las consecuencias emocionales que puede acarrear en el desarrollo del menor romper totalmente con su núcleo familiar de referencia o confianza. "Existen numerosos profesionales y organismos que alertan sobre el impacto de prohibir la relación de los menores con personas con las que existe una fuerte vinculación afectiva", señala el Síndic. 

Por ejemplo, La Buena Práctica en la Protección Social a la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales -insiste el organismo en el informe- hace referencia a que "en contra de algunas políticas llevadas a cabo de 'corte limpio', tanto en las separaciones provisionales como en las definitivas, como en cualquier cambio de ubicación, debe procurarse que el niño mantenga contactos permanentes con personas significativas en su vida".

Culpar a la madre de que el niño no quiere ver a su padre

Cuando la Administración empezó a intervenir sobre el adolescente, madre y padre tenían guarda y custodia compartida, pero el menor rechazaba mantener relación con su progenitor. De hecho, vivía con su madre. El 3 de marzo de 2024 el adolescente se cortó con un vidrio en casa y su madre le llevó al hospital para que le curaran. Al día siguiente, la DGAIA acordó su desamparo preventivo, asumió su tutela y dispuso su ingreso hospitalario en el Hospital Parc Taulí de Sabadell en la Unidad de Crisis para Adolescentes. Tras recibir el alta hospitalaria, se acordó su ingreso en el centro de acogida y posteriormente en el CRAE. Entre tanto, a principios de mayo de 2024, el padre pidió la guarda y custodia exclusiva, y le fue concedida.

El motivo que alegó la DGAIA para prohibir el derecho del menor a relacionarse con ella, según la resolución de desamparo preventivo e ingreso cautelar en el CRAE de octubre de 2024, es que "por un lado, existe un expediente abierto tanto a nivel penal como civil, y por otro se considera que [el niño] no podrá realizar cambios respecto del vínculo con el progenitor mientras haga visitas con la madre, ya que el nivel de lealtad hacia esta es muy alto". El padre del menor denunció a la madre por malos tratos y secuestro tras la separación con la madre y la negativa del adolescente a tener contacto con él.

Durante los meses en el centro de acogida, madre e hijo mantenían encuentros semanales supervisados de una hora. Según la DGAIA, la madre mostraba "sobreprotección", rigidez y dificultades para ponerle límites. Sin embargo, el informe del Síndic remarca que no constan situaciones conflictivas durante esas visitas que impidieran el trabajo educativo o terapéutico con la familia. Por lo que la suspensión de visitas no se basa en hechos observados en la relación directa, sino en hipótesis sobre cómo esa relación podría afectar a la vinculación con el padre.

Falta de perspectiva de género

En los informes técnicos sobre los que se apoyó el arrancamiento aparece la referencia a una "relación simbiótica" entre madre e hijo, o incluso a una situación de "alienación parental". Respecto a lo que el Síndic subraya que la "alta lealtad" hacia la madre puede tener una infinidad de explicaciones, no necesariamente una manipulación. De hecho, uno de los aspectos más contundentes del informe es la crítica a la "falta de perspectiva de género" en el abordaje del caso.

El Síndic identifica varios elementos que apuntan a un tratamiento desigual hacia la madre, como que el foco principal de la intervención recae sobre ella -analizando críticamente sus habilidades parentales-, mientras que la figura paterna aparece menos cuestionada. Además, se atribuye a la madre la responsabilidad casi exclusiva del deterioro del vínculo entre padre e hijo. Mientras que no se exploran suficientemente otros factores, como la posible desigualdad en el reparto de cuidados del menor o la potenciales situaciones de maltrato psicológico que la madre ha relatado en recursos especializados en violencia machista (SIAD).  

La institución también cuestiona la "severidad" con la que los informes describen a la madre, donde se recogen sospechas de agresiones físicas hacia el niño, mala alimentación o se refieren a su día a día como una "vida caótica". Estas acusaciones contrastan "con la escasa relevancia que se da, por ejemplo, al hecho de que el adolescente hubiera asistido regularmente al centro educativo, con buenos resultados académicos, y que los centros escolares no hicieran constar, por ejemplo, que se hubiera detectado cansancio físico a causa de la falta de pautas y horarios o de una mala alimentación".

"Esa severidad también se aprecia en otros aspectos, como la imagen que se traslada de una figura materna que no acepta la intervención de los servicios y no tiene conciencia de sus dificultades o de las dificultades emocionales que presenta su hijo". Lo cual "contrasta con la poca importancia que se da al hecho de que la madre solicitara ayuda a servicios externos en distintos momentos, como el SIAD, por las dificultades que presentaba para garantizar el bienestar del menor", continúa el informe del Síndic.

Además, aunque los informes de la DGAIA consideran lo que la administración define como "conflictividad entre progenitores" como un factor de riesgo y desprotección, "la situación de malestar emocional que pudiera tener el adolescente no se atribuye, ni siquiera en parte, a dicha conflictividad entre los progenitores". Es más, "esta conflictividad se limita básicamente en esos informes a una animadversión de la madre hacia el padre", que posteriormente trasladaría a su hijo, "como si la conflictividad entre progenitores fuera responsabilidad exclusiva de la madre", describe el Síndic en el informe.

Se revictimiza a la madre por ser migrante

Además, el Síndic destaca que la administración no considera suficientemente la situación de desigualdad de la madre. Se trata de una mujer de origen migrante. A ello se suma una situación laboral más precaria en el ámbito académico que el padre del menor y una situación de dependencia residencial, ya que reside en una vivienda propiedad del padre del menor.

Un informe de la EAIA, fechado el 2 de febrero de 2024, en lugar de considerar la vulnerabilidad derivada de su condición de migrante, identifica precisamente estos elementos como indicadores de riesgo. Así, se recoge por ejemplo que "la progenitora no cuenta con apoyo familiar en el territorio" o que "no dispone de alternativa habitacional propia y tiene una situación económica frágil". 

El Síndic cuestiona esta interpretación y subraya que no existen evidencias de que el menor haya tenido desatendidas sus necesidades materiales básicas por motivos económicos durante el período en que la madre asumía en exclusiva su cuidado, debido a que el adolescente no quería llevar a cabo las visitas con el padre.

Asimismo, el informe apunta que la precariedad económica de la madre podría estar vinculada, al menos en parte, a las dificultades para desarrollar su carrera profesional en un entorno marcado por una distribución desigual de las responsabilidades de cuidados entre ambos progenitores.

Finalmente, el documento identifica un cuarto motivo de preocupación: la atribución del malestar emocional del menor principalmente al estilo educativo de la madre y a posibles problemas de salud mental de esta. El Síndic advierte que esta conclusión no valora suficientemente el impacto que la situación de conflicto y desigualdad entre los progenitores -antes y después de la separación- podría haber tenido en la aparición o agravamiento de los problemas psicológicos, tanto del adolescente como de la propia madre.

El menor se escapó del CRAE y se cerró el expediente

En marzo de 2026, la propia DGAIA acordó el cierre del expediente de desamparo y la devolución del menor a la potestad de sus progenitores. La administración reconoce que mantener la medida estaba resultando perjudicial para el propio adolescente. Según la resolución a la que ha tenido acceso Público, su continuidad le estaba "afectando negativamente". Cada vez mostraba "más malestar emocional, indefensión y frustración".

"Se le aparta de la madre, único vínculo de amor, durante muchos meses y ofreciendo una relación con el padre que el niño rechaza. Como si el amor se pudiera imponer. Vivir sin amor en la infancia es duro. Un niño necesita como mínimo un adulto que lo quiera. Y este niño ha vivido dos años sin amor. Con profesionales y cubiertas sus necesidades, pero sin amor hacia él. Dos años en la vida de este niño son todos sus recuerdos. Ha vuelto otro niño", afirma en declaraciones para este medio la abogada del menor.

Se trata además de una decisión que se ha tomado después de que, en diciembre de 2025, el adolescente se escapara del centro residencial y regresara al domicilio materno, donde permanece desde entonces.