Crónica de diez asesinatos anunciados por violencia de género (y II)

En 2021, un total de 49 mujeres fueron asesinadas por la violencia de género. Es decir, a manos de sus parejas o exparejas. A pesar de ser una de las cifras más bajas de asesinatos desde que hay estadísticas, se da la circunstancia de que diez de ellas habían presentado denuncia contra sus agresores y solicitado medidas de protección. Esto no impidió que acabaran asesinadas.

Contar estas historias no sólo es importante para mantener su memoria, sino también para intentar entender dónde pudieron estar los fallos que acabaron con sus vidas.

Esta es la segunda entrega de esta serie. Los relatos están construidos con datos facilitados por el Observatorio de Género del Consejo General del Poder Judicial, sobre datos de feminicidios de 2021.

El asesino de Hasna rompió la orden de alejamiento

El miércoles 30 de junio, Abderramán recorrió los 17 kilómetros que separaban las localidades de Monzón y Barbastro (Huesca, Aragón) para llegar a la que había sido su casa familiar. Él y Hasna estaban en trámites de separación y ya no convivían juntos. La orden de alejamiento que le había impuesto un juzgado seguía aún en vigor. Abderramán llegó a la casa de su expareja sobre las 14.30 del mediodía y la asesinó a cuchilladas delante de sus hijos de doce, seis y un año de edad. 

Dos años antes, en junio de 2019, ella había presentado una denuncia por malos tratos. En esa ocasión la había insultado y amenazado de muerte. La forzó a subir a un vehículo atrapándole el pie con la puerta. Todo aquello en presencia de sus dos hijos menores. No era la primera vez que ocurría la violencia. Según el atestado policial, hasta ese momento Hasna no se había atrevido a denunciarlo, pero la violencia había ido en aumento.

También vivió momentos en los que Abderramán amenazó con suicidarse cuando la llevaba dentro del coche con uno de sus hijos, circulando a más de 200 kilómetros por hora; le dijo que se estrellaría con ellos si Hasna no reconocía que lo había engañado con otro. Los celos eran una constante. 

Ella solicitó medidas de protección que el juzgado concedió el 16 de junio de 2019, al día siguiente de haber presentado la denuncia. Suponían la prohibición de acercamiento a Hasna durante todo el tiempo que durara la tramitación de la causa. La valoración del riesgo policial había dado "alta".

A principios de agosto, él rompió la orden de alejamiento y se le impuso una pena de prisión de cuatro meses, que quedó en suspenso durante dos años. Finalmente, el juicio por la denuncia impuesta por Hasna se celebró en septiembre de 2020. El tribunal consideró que Abderramán tenía un "trastorno psicótico delirante autorreferencial y celipático para comprender su modo de actuar". Se le aplicó eximente y una libertad vigilada que consistió en no poder acercarse a menos de 100 metros de su expareja por un período de un año y dos meses, y a seguir un tratamiento médico.

No se conoce si se impusieron medidas hacia sus hijos (tres menores en ese momento). El 30 de junio de 2021, solo nueve meses después de emitirse la sentencia, la asesinó a cuchilladas en su domicilio. Ambos eran marroquís.

El asesino de Pamela tenía ya antecedentes por violencia

El 21 de enero de 2020, Pamela Salgado de 25 años presentó una denuncia contra su pareja, Pablo Javier G.A., por malos tratos habituales. Desde hacía tres años tenían una relación y convivían en Cambrils (Tarragona). Él tenía 52 años. Ambos eran españoles. Solo un día después de la denuncia, el juzgado de violencia sobre la mujer de Reus impuso al agresor una orden de alejamiento de 800 metros de Pamela. Una medida que es confirmada el 30 de enero por un juzgado de lo penal. A pesar de esto, el agresor se salta las medidas de alejamiento a principios de febrero de 2020 y un nuevo juicio le impone seis meses de prisión, que no cumplió. 

El asesino ya constaba en la base policial VioGén por agredir a una pareja anterior

Según fuentes judiciales, el agresor se presentó en la casa de su expareja el 19 de julio de 2021 y le propinó una paliza. "Le propinó diversos empujones y puñetazos en la cara, la agarró del cabello y la empujó contra la persiana de la vivienda, golpeándose la cabeza". Al día siguiente de esta agresión, el juzgado sobre la mujer de Reus dictó una sentencia de conformidad por la que condenó al agresor por malos tratos a la pena de 48 días de trabajos en beneficio de la comunidad, no portar armas durante 16 meses y la prohibición de aproximarse a Pamela a menos de 200 metros durante 10 meses. Solo diez días después de esta condena, rompió la orden de alejamiento, entró en el piso de Pamela y la estranguló. 

En la documentación facilitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no figura la valoración del riesgo policial de este caso. Lo que sí destaca es que Pamela ya había sido víctima de violencia de género por una pareja anterior a la que había denunciado, y que su asesino ya constaba en la base de datos policial VioGén por violencia de género a una pareja anterior, cargos de los que había sido absuelto por un juzgado de Alcalá de Henares (Madrid) en 2018.

Antonella fue asesinada sin conseguir medidas cautelares

Antonella Abigaíl tenía 30 años cuando Ariel la mató. La quemó en el coche y se suicidó en presencia de la hija menor de ambos que estaba en el vehículo, que sufrió quemaduras leves. Desde que lo denunció por primera vez, Antonella, de 30 años y nacionalidad argentina, luchó por conseguir una orden de protección, al saber que su pareja, de la que estaba en proceso de separación, podía atentar contra su vida. No lo consiguió.

A finales de abril de 2021 presentó una denuncia ante la Policía local de Tarrasa. En ella explicaba que su pareja había decidido romper la relación a raíz de un incidente con la niña, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una quemadura con agua caliente. Desde entonces él culpaba a Antonella del suceso con frases como: "No la cuidaste", "eres una mala madre", "te voy a denunciar por negligente"... También refiere en su denuncia violencia verbal y física. Cuando su hija salió del hospital, él le puso su maleta en la puerta y cambió la cerradura de la casa.  La valoración policial del riesgo dio como resultado "riesgo no apreciado".

El juzgado decreta que el temor de la víctima no se corresponde con las circunstancias

El mismo día de la denuncia se incoaron diligencias previas en el juzgado de la mujer de Tarrasa, que no encontró motivos para dictar un auto de protección hacia ella y lo denegó. La Fiscalía apoyó la medida. Según el juzgado, era llamativo que la Policía no viera riesgo, y que se estaba "ante una conflictividad como consecuencia de una ruptura de la relación sentimental y por las puntuales desavenencias derivadas de ésta". El juzgado también descartaba el temor que sentía la víctima, que "no se corresponde con las circunstancias", y estimaba que existía una disputa por el uso de la vivienda.

Para el juicio oral, que quedó fijado para el 15 de noviembre de 2021, la Fiscalía, sin embargo, solicitaba la imposición al hombre de un año de prisión y una orden de alejamiento a menos de 500 metros por un plazo superior a dos años a la pena que se le impusiera y la prohibición de comunicación con la víctima. A principios de junio de ese año, Antonella recurrió la denegación de las medidas de protección ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que volvió a denegarlas. Presentó luego un recurso de apelación contra la denegación de medidas de protección. Pero éste no llegó a resolverse, porque unos días más tarde, el 30 de junio, Ariel acabó con la vida Antonella, y luego se suicidó. La hija de ambos, que entonces tenía un año, presenció los hechos y resultó herida, pero no de gravedad.

Eva y su hija de 11 meses, asesinadas con riesgo "bajo"

A principios de noviembre de 2021, Eva Jaular denunció a su pareja. Ante la policía relató que, cuando fue a recogerlo en su coche al trabajo, comenzó una discusión a raíz del bautizo de la hija menor de la pareja, que en ese momento se encontraba en el asiento trasero del vehículo. Mientras ella conducía, él la agredió con una lata de cerveza en la frente y la empezó a insultar, al tiempo que le decía: "Esto acaba de empezar y no va a ser nada para lo que te espera". La discusión continuó en el domicilio, en donde él estuvo tirando objetos, insultándola. Llegó incluso a clavar un cuchillo en un sillón que había entre los dos, diciéndole: "Mira que bien pincha". Ante la Policía, Eva afirmó que ya había sufrido otros episodios de violencia anteriores, que no precisaron asistencia médica. En uno de ellos, cuando estaba embarazada, le puso un cuchillo en el cuello.

Eva pidió una orden de alejamiento del agresor para ella y la hija de ambos. La mujer tenía otros dos hijos mayores de edad de una relación anterior. El riesgo policial se valora como "bajo" y notas del CGPJ afirman que el evaluador coincidió con ese diagnóstico.

Un día después de su denuncia, un juzgado decreta una orden de protección hacia Eva y su hija. También establece la prohibición para el hombre de acercarse a menos de 200 metros de la mujer y su hija y de comunicarse con ella por ningún medio. El juzgado sobre la mujer número 1 de Santander confirmó las medidas cinco días más tarde. Y en el juicio llevado a cabo el 25 de noviembre de 2021, el hombre fue condenado por violencia de género a nueve meses y un día de prisión y a otros 12 meses de cárcel por concurrir la agravante de reincidencia. 

A pesar de esta condena, el 16 de diciembre de 2021 el agresor quebrantó las medidas de alejamiento y asesinó a su expareja y a la hija de ambos de 11 meses acuchillándolas. 

Eva había sido víctima de violencia de género en una relación anterior, al que denunció en 2015. Por su parte, el asesino ya figuraba en la base policial VioGén por violencia de género a una pareja anterior en 2017 y se le había impuesto una orden de alejamiento de 500 metros.

Mari Carmen fue asesinada antes de que hubiera condena

Su cadáver apareció en un contenedor a principios de febrero de 2022. Había desaparecido en diciembre del año anterior, y los Mossos d'Escuadra la buscaban.

Ocurrió en La Granada (Barcelona). Tras una investigación, su pareja, que responde a las iniciales J.I.S fue detenido como autor del crimen. En octubre de 2020 ella lo había denunciado por malos tratos. El auto policial afirmaba que, tras una discusión, él la agarró por el cuello y la mandíbula, ocasionándole lesiones, por las que tuvo que ser atendida y tardaron en curar tres días. El hombre fue condenado a nueve meses y 15 días de prisión por violencia de género y a dos meses más allá de la condena de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de Mari Carmen.

En abril de 2021 el hombre quebrantó la medida de alejamiento y la volvió a agredir, datos que constan en una denuncia presentada a principios de abril de 2021 que la víctima se negó a ratificar. Posteriormente en el juicio, ella se acogió a su derecho de no declarar. En un nuevo juicio, el juzgado declara prisión de nueve meses por maltrato y otros nueve por quebrantamiento de la medidas cautelares, pero también se decreta la suspensión de la pena, condicionada a que el agresor no delinquiera en el plazo de tres años. El agresor apeló la sentencia en julio de 2021, pero la Audiencia Provincial la confirmó en todos sus términos el 20 de diciembre de 2021. En esa fecha, Mari Carmen ya estaba desaparecida.

La asesinada había sido ya víctima de violencia de género por parte de una pareja anterior a la que denunció por malos tratos en julio de 2015 y nuevamente por amenazas en octubre de ese mismo año. Los datos recopilados por la justicia, no establecen qué valoración del riesgo policial se estableció en este caso.

Nota: la valoración del riesgo policial (VioGén), es un programa que recoge todos los casos de violencia de género denunciados. Con él se realiza una valoración del riesgo de que la víctima puede volver a sufrir violencia por parte de su pareja. Estas valoraciones van desde un riesgo "no apreciado", "bajo" "medio", "alto" o "extremo". Cabe destacar sólo en uno de estos cinco casos se había determinado un "riesgo alto" para la víctima.