La Fiscalía pide dos años de cárcel y 6.000 euros de indemnización por la violación a una concursante en Gran Hermano

El juicio por el presunto abuso sexual que sufrió la concursante de Gran Hermano Carlota Prado en 2017 por parte de otro compañero se celebrará a partir del próximo jueves 3 de noviembre, como determinó la jueza tras confirmar que la víctima puede declarar, en contra de lo que adujo su defensa cuando se trató de celebrar la vista en febrero.

El juicio tendrá lugar el 3 y el 8 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid y sentará en el banquillo a José María L.P. por un presunto delito de abuso sexual por el que la Fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel y que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales.

El Ministerio Público solicita que la productora del programa, Zeppelin, indemnice con esa misma cantidad a la víctima por el daño que le originó que se exhibiesen a posteriori las imágenes del presunto abuso ocurrido en "Gran Hermano Revolution" en 2017, en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid) desde la que se desarrollaba el programa de Telecinco.

El juicio estaba fijado para el pasado 8 de febrero pero fue suspendido porque el abogado de Carlota Prado alegó al empezar la vista que la joven sufre problemas psiquiátricos graves, por los que llegó a estar ingresada en un centro en diciembre de 2021, de forma involuntaria.

El letrado aportó un informe médico que reflejaba el estado de la joven, mientras que el abogado de la defensa argumentó que esa supuesta enfermedad mental no era compatible con su actividad en redes. Así, la jueza suspendió el juicio al considerar necesario el testimonio de la víctima, y ordenó que Carlota fuera valorada por un médico forense.

Una vez recibido este informe realizado en los juzgados, la magistrada determinó el pasado mes de junio que la víctima está en perfecto estado para declarar en el juicio, y fechó el mismo para noviembre.

El abogado de la víctima lamentó al salir de la sede judicial que la magistrada no hubiese aceptado la nulidad del juicio en ese juzgado, como él pedía al entender que se debe procesar a José María por violación y juzgarle en la Audiencia Provincial.

Por su parte la productora Zeppelin precisó que esta empresa es responsable civil subsidiaria en el proceso, de manera que indemnizará a la víctima si el procesado se declarara insolvente, y ha subrayado que "se ha producido una anomalía procesal por la que se ha mezclado en este mismo proceso una petición de responsabilidad civil (multa) a Zeppelin por daños morales", ya que cualquier reclamación económica será por vía civil.

La Fiscalía recuerda en su escrito de acusación que el programa emitía durante 24 horas de la convivencia de los participantes en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid), conforme a un reglamento "del que se deduce una relación de trabajo de los concursantes con la productora".

Añade que los hechos comenzaron a las ocho de la tarde del 3 de noviembre de 2017 en una fiesta en la casa para la que "el programa suministró a los concursantes bebidas alcohólicas", de manera que la joven acabó en estado de embriaguez y el procesado abusó de ella bajo un edredón, mientras la joven estaba semiinsconsciente y decía "no puedo". Luego parecía inconsciente. Las imágenes grabadas fueron exhibidas a la joven en la mañana siguiente, empeorando su estado, según la Fiscalía.