El Ministerio de Igualdad quiere que las ayudas económicas por el asesinato de mujeres por violencias machistas se equiparen a las que en nuestro país cobran las víctimas del terrorismo. 

En la actualidad los familiares de las víctimas de violencias de género perciben unos 90.000 euros de indemnización, una cifra mucho menor que la de las víctimas del terrorismo, cuya cuantía es de 250.000. Para la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, esta medida tendría que ser parte de una "política de reparación que debe ser asumida por el Estado".

"Cuando decimos que la lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado, una buena propuesta es la equiparación de esas cuantías a las victimas del terrorismo", ha asegurado Rodríguez.

Igualdad ha anunciado esta medida al finalizar el comité de crisis que ha reunido a varios ministerios (como el de Interior y el de Justicia) y a varias comunidades autónomas, para evaluar los fallos y las posibilidades de mejora tras los cinco asesinatos por violencia de género que tuvieron lugar en el mes de mayo. Desde julio pasado, este comité se convoca a petición de Igualdad cuando existe una acumulación de cinco o más feminicidios en un corto período de tiempo. Esta es la tercera vez que se ha reunido.

Mayor protección a las embarazadas

Dos de las mujeres asesinadas en mayo estaban embarazadas, una circunstancia que, se sabe, genera más vulnerabilidad ante la violencia de género. En dos de los feminicidios, además, dos menores (una niña de dos años y otra de 12) fueron testigos del asesinato de sus madres. 

Por este motivo, Igualdad quiere que en la orden de protección que se dicte para las mujeres embarazadas cuando denuncian violencia de género, se incluya también la protección del hijo. "No se trata de una protección del feto, sino de poner las medidas para que ese embarazo llegue felizmente a término y que cuando nazca el niño, éste ya esté protegido con una orden de alejamiento del agresor, para que la mujer no esté obligada luego a pedir la protección para su hijo", afirmó en rueda de prensa Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género. 

Rosell recordó también que desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia en la Infancia, las medidas de protección hacia los menores debería ser obligatoria, aunque lamentó que no se está aplicando en todas las ocasiones.

Más y mejor coordinación policial

Otras de las medidas que se han debatido tienen que ver con la necesidad de trabajar por una mayor y mejor coordinación de las instituciones involucradas, especialmente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la información que comparten. A este respecto, el último asesinato ocurrido en mayo ha hecho saltar las alarmas. Una mujer embarazada de mellizos fue asesinada en Vitoria el pasado día 28, a pesar de que había tenido una valoración policial de riesgo extremo y de que su pareja contaba con una orden de alejamiento que se había roto en diversas ocasiones, un hecho que estaba en conocimiento de la Ertzaitza. 

Se da la circunstancia, además, de que las fuerzas de seguridad de Euskadi tienen un protocolo de medición del riesgo policial ante la violencia de género que es propio y distinto a Viogén (el que se utiliza en la mayor parte del Estado). Desde Igualdad no han querido profundizar en este caso, ni han aclarado si este hecho pudo suponer una brecha de comunicación y de protección. 

Desde Igualdad se han negado a comentar este caso en mayor profundidad puesto que Emakunde, el organismo del Gobierno Vasco sobre la mujer, no había estado presente en el comité de crisis, por estar evaluando precisamente las circunstancias de este asesinato. Las lagunas en esta investigación, por ahora, siguen siendo muy grandes, pero apuntan a posibles fallos en la actuación policial. 

"Viogén no funciona en todas las comunidades", ha lamentado la secretaria de Estado, quien ha opinado que "esto debe mejorarse, para que pueda funcionar como ocurre en el Sistema Nacional de Salud". Rodríguez ha incidido en que es necesario "seguir trabajando en la interconexión y la interoperabilidad en los cuerpos de Seguridad del Estado. El trasvase tiene que ser efectivo, especialmente en casos en los que la valoración policial del riesgo sea alta", afirmó Rodríguez

Facilitar antecedentes penales del agresor sin denunciar

Tal como había anunciado Rosell recientemente, otra de las medidas puestas encima de la mesa por Igualdad es la posibilidad de que las mujeres puedan tener acceso a los antecedentes penales de sus parejas sin necesidad de denunciarlo. Esta medida iría más allá de la propuesta de Interior que permitiría facilitar a la víctima de violencia de género dicha información cuando registre una denuncia. Ambas medidas, sin embargo, siguen en estudio y hasta la fecha no se han puesto en marcha.

Mayor control en las licencias de armas

Una de las mujeres asesinadas en mayo lo fue por arma de fuego. Desde Igualdad ven pertinente acometer reformas en las leyes que controlan su acceso y tenencia de armas "para incluir aspectos que tienen que ver con la prevención de la violencia machista". Proponen que ante una denuncia o antecedentes por violencia machista se retire el permiso de armas, así como períodos de revisión para estos permisos más cortos y frecuentes.