Igualdad retomará el plan para abolir la prostitución

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respaldado la necesidad de contar con una legislación que penalice a quienes pagan por acceder al cuerpo de las mujeres y a toda persona que se lucre de ello. "La prostitución es una forma de violencia y nos declaramos abiertamente abolicionistas. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas", ha asegurado.

Redondo ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados en la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Lo hizo a petición propia y para responder a la demanda de los grupos parlamentarios de la derecha, PP y Vox, que pedían que expusiera las líneas generales de su departamento. 

La ministra ha insistido en lo "imprescindible" de perseguir cualquier forma de proxenetismo (ampliando su definición en la ley), penalizar la demanda de prostitución y reinstaurar en el Código Penal la tercería locativa, que penaliza a aquellos que alquilen los espacios en donde se lleva a cabo esta práctica. 

Redondo ha sido tajante con su postura contra la prostitución y la trata que considera "dos caras de la misma moneda". Por eso, su ministerio volverá a recuperar la ley para abolir la prostitución que supuso un punto de debate entre el PSOE y su anterior socio de Gobierno, Unidas Podemos, pero también con sus otros socios parlamentarios.

Así, el grupo socialista volverá a registrar una proposición de ley con esas medidas, al igual que en la pasada legislatura. Una propuesta que contó con el apoyo del Partido Popular. 

Podemos enmendó aquella primera proposición de ley para abolir la prostitución al eliminar el artículo propuesto por los socialistas en la norma contra el proxenetismo. Los morados argumentaron que los tratados internacionales sugieren desalentar la demanda a través de la educación y la sensibilización.

Además, Redondo ha anunciado que se retomará próximamente la aprobación de la ley contra la trata que quedó pendiente en la pasada legislatura y que tendrá que presentarse en el Consejo de Ministros.

Redondo: "Queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo"

"Queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acaben con la prostitución y que articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud", ha recalcado Redondo.

La portavoz de EH Bildu, Isabel Pozueta, le ha recriminado a la ministra que trajese "debates de la anterior legislatura" a la comisión en la que se trataba la renovación del pacto de estado contra la violencia machista. 

Mikel Legarda, portavoz del PNV, también ha sido crítico con la propuesta de Igualdad: "Si ustedes piensan que con el cambio de dos artículos del Código Penal se combate el problema de la prostitución o son ignorantes o son hipócritas. Cualquiera de las dos es muy peligrosa en su posición", ha dicho el diputado. 

Igualdad continuará apostando por su proyecto de atención a mujeres que se prostituyen y a las víctimas de trata a través del Plan Camino, que habría atendido, según los datos que mencionó la ministra, más de 20.000 mujeres adultas y 700 menores en todo el estado español.

Otras medidas pendientes

La ministra ha insistido en la creación de la subcomisión para la renovación del Pacto de Estado. El objetivo "mejorar y enriquecer" este pacto con la colaboración de todos los grupos, con especial atención "a nuevas formas de violencia, como la que existe en el plano digital". 

Por otra parte, la ministra recalcó la urgencia de abordar el acceso a la pornografía por parte de los menores con la estrategia propuesta por el Gobierno que incluye la educación sexual.

También el "compromiso" de su gabinete para trabajar con las Comunidades Autónomas en la construcción de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Centros que recoge la ley del solo sí es sí y para los cuales hubo una prórroga hasta finales de este año porque únicamente se habían puesto en marcha en tres comunidades autónomas.