La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a dejar claro este jueves que se niega a cumplir con la ley que garantiza a las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, la dirigente del Partido Popular ha remarcado que su Gobierno no va a crear el registro de objetores de conciencia previsto en la ley del aborto de 2023. La norma obliga a las autonomías a elaborar un listado interno y confidencial del personal sanitario que se opone a practicar IVEs. "Váyanse a abortar a otro lado", ha alardeado Díaz Ayuso, manifestando su rechazo.

Lo que, sin embargo, la presidenta obvia -o pretende hacer olvidar- es que su propio Gobierno sí creó en 2021 un registro prácticamente idéntico para quienes se oponen a participar en eutanasias. En octubre de aquel año, el Ejecutivo madrileño aprobó un decreto por el que se estableció el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir y la Comisión de Garantía y Evaluación, tal como exigía la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia.

El texto detalla que el registro es de carácter administrativo, confidencial y digital, y que su finalidad es "inscribir las declaraciones de objeción de conciencia" y "garantizar la adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir". En otras palabras, Díaz Ayuso cumplió entonces la ley, pero ahora se opone cuando se trata del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. 

Un contraste que no es cosa menor. La reforma de la ley del aborto que aprobó el Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Irene Montero, en 2023, establece que todas las comunidades deben contar con un registro de objetores precisamente para, por un lado, garantizar que los profesionales puedan ejercer su objeción de conciencia; pero también, por otro, para que el sistema sanitario disponga del personal necesario para asegurar el acceso efectivo a la IVE. Esto es, se trata de un instrumento técnico destinado a evitar que la objeción de los sanitarios impida el cumplimiento de un derecho reconocido y que tantos años ha costado blindar a los feminismos. Pese a ello, la presidenta madrileña ha decidido incumplir abiertamente mencionada ley. "No voy a hacer una lista negra de médicos nunca", ha afirmado, acusando al Gobierno de coalición de querer "señalar" a los profesionales. 

Resulta especialmente llamativo que el mismo Gobierno de la Comunidad de Madrid que dio luz verde un registro de objetores para la eutanasia -una práctica legal desde 2021- se niegue a implementar uno equivalente para el aborto. En ambos casos, el objetivo es el mismo. Es decir, garantizar la seguridad jurídica, la planificación sanitaria y el respeto simultáneo a la objeción individual y al derecho de las usuarias a decidir no seguir adelante con el embarazo.

De hecho, el decreto madrileño sobre eutanasia deja claro que el registro no es público y que solo el personal autorizado puede acceder a él. La información se usa exclusivamente para garantizar la correcta prestación de este servicio fundamental, así como para asegurar la confidencialidad y protección de datos. Nada muy distinto de lo que exige la ley sobre el aborto. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó en diciembre de 2024 un protocolo donde se reguló y precisó en qué debía consistir este registro. 

"Una hipócrita"

Desde la oposición, tanto el PSOE-M como Más Madrid han tildado a la presidenta de "hipórcrita". "Lo único que quiere con el registro de objetores del aborto es echar un pulso al Gobierno. Y si para ello tiene que recortar los derechos de las mujeres, nada la importa. Para ella somos ciudadanas de segunda", ha criticado la diputada socialista Lorena Morales, que esta mañana -durante el pleno- le ha recordado a la presidencia que la región sí dispone de un registro en el caso de la ayuda a morir dignamente. En el partido de Manuela Bergerot, por su parte, reprochan el "oportunismo" de Díaz Ayuso, quien -afirman- "solo vive para hacerle oposición a la ministra de Sanidad". "Si Mónica García dijese que hay que bajar impuestos a los ricos, Ayuso se los subiría para llevarle la contraria y ganar un titular. No hay coherencia ni se la espera, solo un intento de competir con Vox a costa de los derechos de las mujeres", expresan desde Más Madrid.

Público ha preguntado a la Consejería de Sanidad qué diferencia considera el departamento que existe entre el derecho al aborto y el derecho a la eutanasia para mantener abierto un registro de objetores en el caso del segundo, pero no en el primero. Hasta la fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.