Ayuso defiende que no hará "una lista negra" de médicos objetores: "Váyanse a otro lado a abortar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado en rotundo que su Gobierno lleve a cabo un registro de médicos objetores que rechacen practicar abortos. Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez reclamara por carta a varias comunidades, entre ellas Madrid, que aceleren este registro, Isabel Díaz Ayuso ha negado abiertamente que vayan a realizar tal recapitulación de información sobre los sanitarios madrileños. 

"No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a abortar a otro lado", ha asegurado Ayuso durante los primeros compases del pleno de la Asamblea de Madrid realizado este jueves. 

De este modo, la presidenta reconoce abiertamente que incumple e incumplirá la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En la normativa, en su exposición de motivos, se anuncia que "se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario". Sin embargo, la Comunidad de Madrid rehuye esta responsabilidad. 

"La constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología o creencias", apuntaba la presidenta para defender su postura, mientras recitaba algunos otros artículos que sostenían su postura. Para responder a Más Madrid, que era quien formulaba la cuestión, decía que preguntaran "a sus amigos de Hamas" qué opinan del aborto. 

"No voy a obligar a un médico de la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca", zanjaba contundente la presidenta. Ayuso aseguraba así que el aborto es un "fracaso" porque en su mayoría son "evitables". 

Pero no solo en esto Madrid incumple la ley. La región gobernada por Ayuso es una de las ocho comunidades autónomas que obstaculizan la atención gratuita a mujeres migrantes que buscan abortar. Lo hacen mediante la implantación de trabas administrativas y burocráticas que demoran los plazos y los tiempos de atención en la sanidad pública. El Gobierno de Ayuso pide empadronamiento para poder ser atendido en los centros públicos, algo que contraviene la normativa en caso de interrupciones de embarazo.