El aborto gratuito y universal en España sigue siendo una quimera para según quién. Al menos ocho comunidades autónomas, siete de ellas actualmente gobernadas por el Partido Popular, ponen trabas administrativas e incumplen la ley aprobada en 2023 por el Gobierno de España. Aragón, Asturias, Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la valenciana, Extremadura, Ceuta y Melilla dejan a las mujeres migrantes en situación irregular en un segundo plano. Estas tienen más complicaciones para acceder a una intervención voluntaria del embarazo (IVE) a través de la sanidad pública. 

La ley es clara en este sentido. La reforma que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero implementó en 2023 promulgaba lo siguiente: "Los derechos previstos en esta ley orgánica serán de aplicación a todas las personas que se encuentren en España, con independencia de su nacionalidad, de si disfrutan o no de residencia legal o de si son mayores o menores de edad, sin perjuicio de las precisiones establecidas en el artículo 13 bis, y siempre de acuerdo con los términos previstos en la legislación vigente en la materia sanitaria", reza su artículo 3, en el apartado 2. Pero cuando la sanidad publica no llega hasta las mujeres migrantes, la concertada o las clínicas privadas son su única salida. 

Las administraciones autonómicas deben diseñar una atención directa para todas las mujeres que demanden una interrupción del embarazo, algo que no ocurre en la mayoría de regiones de España. Según ha podido confirmar Público a través de conversaciones con las comunidades autónomas afectadas y atendiendo a las demandas y denuncias que llevan a cabo plataformas en favor del aborto, tan solo seis comunidades (Andalucía, Región de Murcia, Cantabria, La Rioja, Catalunya y Navarra) cumplen con los requisitos marcados por la ley. 

Muchas comunidades autónomas hacen un juego de espejos con los trámites. Derivan a estas mujeres migrantes sin tarjeta sanitaria a órganos de la Atención Primaria, pero se les vuelve a solicitar documentación que acredite estancias en la región de al menos tres meses. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que deriva a las mujeres a la unidad de tramitación (UTE), donde las mujeres deberán rellenar un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) donde se piden dos requisitos, tal y como reza la página web: haber transcurrido más de 90 días desde su entrada en España y acreditar un tiempo mínimo de empadronamiento en España de tres meses. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran que "la tarjeta sanitaria es la puerta de entrada al sistema de salud", algo que incumple lo redactado en la norma de 2023.

Algo similar pasa en Aragón, que en su procedimiento "de acceso a la asistencia sanitaria universal para las personas extranjeras no registradas" pide entre los mismos un "certificado de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón por un periodo mínimo de tres meses ininterrumpidos", tal y como puede leerse entre los documentos disponibles en la Consejería de Salud. "Para recibir asistencia sanitaria seas migrante o no tienes que tener tarjeta sanitaria y la tarjeta sanitaria se obtiene con tres meses de empadronamiento", aseguran desde la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón.  

Igualmente, en Castilla y León hay que rellenar una solicitud de "prestación asistencial para extranjeros no registrados" que pide un empadronamiento de al menos tres meses. Esa misma prueba, noventa días de estancia, es lo que piden en el País Valencià para ofrecer a un extranjero sin cobertura sanitaria la atención médica. En Balears, por ejemplo, requieren certificado de residencia ya en vigencia, así como en Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias gobernadas por el PSOE. En cuanto a Canarias, también solicitan algo similar a lo que a través de su página web de la Consejería, pero el Gobierno asegura que se hace una excepción con las migrantes embarazadas que pretenden abortar ya que "se garantiza el acceso universal incluso si no disponen de tarjeta sanitaria ni están empadronadas" a través de la Instrucción 6/2025, que garantiza la "inclusión temporal para las personas extranjeras que se encuentren en Canarias sin residencia legal". 

La forma de incumplir la ley

La tarjeta sanitaria es el mecanismo habitual para acceder a la sanidad pública de las regiones de España, pero las mujeres migrantes en situación irregular no siempre tienen a su alcance el acceso a la información. Además, para obtener la tarjeta, hay que demostrar una residencia mínima de tres meses o un volante de empadronamiento, trámites que se pueden demorar hasta superar los plazos máximos para llevar a cabo una intervención e interrumpir el embarazo. Sin embargo, la necesidad de una residencia de al menos tres meses incumple la ley aprobada por el Ministerio de Igualdad en 2023, que reconoce el derecho a que a una mujer se le realice un aborto "con independencia de si disfrutan o no de residencia legal".  María Naredo, jurista y exasesora de Igualdad bajo el mandato de Irene Montero, recuerda las negociaciones con el Ministerio de Sanidad de entonces, a cargo del PSOE: "Queríamos reformar todas las leyes de exclusión sanitaria", pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Entonces, se intentó que a través de una reforma de la Ley de Cohesión Nacional se introdujera un apartado que reconociera "protección de la salud y atención sanitaria a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas" con "especial atención" a "las embarazadas a efectos de interrupción voluntaria del embarazo", pero la reforma nunca llegó a ejecutarse en esos términos y no pudo blindarse más claramente este derecho desde el Gobierno central.

Hay algunas comunidades autónomas sobre las que existen dudas en cuanto a la aplicación de este derecho y su gratuidad. Por ejemplo, Galicia deriva a las migrantes en situación irregular a los Centros de Orientación Familiar (COF), donde se les aconseja y dirige dentro del sistema de salud. Público ha contactado con el Ejecutivo gallego para conocer más en profundidad sobre esos trámites, pero no ha obtenido respuesta. Euskadi tampoco tiene ningún documento público como los que guardan otras comunidades y no ha atendido las preguntas de este medio para salir de dudas. 

Javier Padilla, secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, critica a las comunidades que faltan a este derecho: "Poner barreras a esto es una vulneración de la ley que se intenta hacer de manera subrepticia y que impacta en las personas más vulnerables. La historia de siempre, la derecha española creyendo que el derecho al aborto es una cosa que pueden aplicar para sí mismo, pero no para los demás", explica. 

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L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, una organización que investiga y trata la cuestión del aborto en España, ha diseñado con los ministerios de Sanidad e Igualdad una web llamada quieroabortar.org en la que se puede comprobar a través de un formulario si las comunidades autónomas atienden a mujeres migrantes que quieren interrumpir sus embarazos en el caso de no disponer de tarjeta sanitaria de la región. Allí constatan que las ocho comunidades ya mencionadas (además de Ceuta y Melilla) no dan acceso sanitario sin tarjeta sanitaria. Además, hay otras siete que no ofrecían sus datos, como son Galicia, Castilla-La Mancha, Euskadi, Andalucía, Aragón, Navarra y La Rioja.

Público ha podido constatar que algunas comunidades que ofrecían dudas para L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius sí ofrecen una interrupción del embarazo gratuita y sin necesidad de una tarjeta sanitaria ni empadronamiento. Por ejemplo, desde la Consejería de Sanidad de Andalucía aseguran que "las mujeres en situación administrativa irregular tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las mismas condiciones que el resto de mujeres desde el primer día de su llegada a territorio español". Del mismo modo, Navarra confirma que no es necesaria la tarjeta sanitaria y que basta con "algún certificado" que acredite que viven en la región para llevar a cabo los trámites. "Tenemos un procedimiento por el cual las personas migrantes en situación irregular solicitan la asistencia sanitaria y se les da de alta", explican fuentes del Gobierno navarro.

Hay estudios muy claros y contundentes al respecto. La Asociación Progestión emitió unas conclusiones en su Análisis del acceso a la asistencia sanitaria en las mujeres migrantes donde denunciaba una "ocultación casi sistémica de información normativa relevante en relación al reconocimiento del derecho al acceso al Sistema Nacional de Salud de las personas migrantes" en España y asegura que "cientos y cientos de personas no cuentan con el derecho reconocido a una atención sanitaria, viéndose abocadas a un escenario de deterioro de su salud, marginalidad e incertidumbre".