El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este lunes un requerimiento formal a los presidentes y presidentas de Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid para que adopten, "con la mayor celeridad posible", las medidas necesarias para crear y regular el Registro de Personas Objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica 2/2010.

Así han informado fuentes de Moncloa. El Gobierno emplaza de esta manera a varias comunidades autónomas a crear y regular este registro y "cumplir así el mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo". 

"Casi un año después, Aragón, el Principado de Asturias, Illes Balears y la Comunidad de Madrid siguen sin cumplir con la prescripción de una ley cuyo objetivo es garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas, y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo. El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio", destaca el texto enviado por Sánchez, al que ha tenido acceso Público. 

Sánchez destaca también en su requerimiento que en el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción del mismo no se hubiera creado el registro, "se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento". 

Desde Moncloa recuerdan que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó en 2024 el protocolo por unanimidad, y es de obligado cumplimiento. "La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres", señalan fuentes gubernamentales. 

"Con este requerimiento, el Gobierno da un paso más para garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad", añaden las mismas fuentes. 

El pasado viernes el Gobierno anunció su objetivo de blindar en la Constitución el derecho al aborto. Además el Consejo de Ministros prevé aprobar un decreto contra la información engañosa destinada a mujeres antes de un aborto. Se trata de una respuesta a medidas recientes aprobadas por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid. 

"El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías", finaliza su texto Sánchez. 

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que hay comunidades autónomas que "incumplen sistemáticamente" el derecho al aborto porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo, informa la Agencia EFE.