Hace poco más de un año la ministra de Igualdad, Ana Redondo,  se pronunciaba sobre incluir el aborto en la Constitución. Lo hacía a raíz de una iniciativa presentada por Sumar y durante la rueda de prensa para presentar la campaña del 8M 2024. Una idea que al ala socialista del Gobierno no le parecía muy factible por aquel entonces. "La Constitución Española en cuanto a derechos fundamentales es muy exigente en procedimientos de reforma. Estamos hablando del artículo 168, que establece un procedimiento realmente agravado (...) En este momento, creo sinceramente que no se dan las condiciones para iniciar ese procedimiento agravado", expresó Redondo. La posición contrasta con la defendida este martes por la titular de Igualdad. ¿A qué se debe este giro? Fuentes del departamento han sido claras a la hora de explicar que el cambio deviene del momento político actual, uno en el que la ultraderecha y la derecha extrema amenazan las garantías de las mujeres para ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos. 

Hablar de garantías no es casualidad, pues precisamente Redondo ha justificado la fórmula bajo la cual se aspira a incorporar a la Carta Magna el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) poniendo el foco en el aspecto prestacional de este derecho. Fuentes del ministerio han remarcado que el interés del gabinete es el cómo ejercer este derecho. La reforma se haría añadiendo un apartado al artículo 43. Es decir, el aborto no estaría reconocido entre los derechos fundamentales que recoge la Constitución, sino junto a otros como la vivienda. Un mecanismo que ha abierto un amplio debate entre los y las expertas en derecho constitucional. Sumar incluso ha pedido al PSOE negociar la propuesta para evitar "riesgos".

"A las mujeres nos están utilizando como siempre con fines electoralistas. Si de verdad importásemos, la reforma se plantearía como una reforma para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los derechos fundamentales", argumenta Mar Esquembre, jurista constitucionalista y cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Es decir, "en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución, entre los artículos 15 y 29". Añade que incluso "se podría aprovechar también para quitar de ahí la pena de muerte, por cierto". Esquembre critica, sin embargo, la vía elegida: "Otra cosa es no considerarnos sujetos de derecho, que lo hayan planteado como principio rector de la política social y económica, va a tener la misma virtualidad que puede tener el derecho al medio ambiente adecuado". A su juicio, "el verdadero reconocimiento de las mujeres como sujetos constitucionales sería reconocer nuestra capacidad, nuestra libertad". 

A lo que desde Igualdad responden insistiendo en que no se intenta blindar como derecho fundamental porque consideran que la IVE como libertad ya está reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora lo que quieren priorizar, dicen, es su blindaje prestacional. Saben que incluirlo como derecho fundamental les llevaría al artículo 168, el cual implicaría la disolución de las Cortes, responsabilidad que quiere evitarse en Igualdad. Se trata de un mecanismo, por otra parte, que nunca antes se ha activado cuando se ha llevado a cabo una reforma constitucional.

Esquembre recuerda, de todos modos, que el artículo 167 exige ya de por sí una mayoría de tres quintos de ambas cámaras. O sea, "que realmente no es tanta la diferencia". En términos políticos, apunta que "actualmente lo que denominaríamos bloque de investidura está en 171 escaños. Para una reforma simple como la que están planteando de la Constitución se necesitan 210". A quienes los argumentos de que la reforma agravada nunca se ha aplicado, responde proponiendo "aprovechar el trámite de disolución de las Cortes de fin de legislatura". "Es verdad que son procedimientos ambos complicados, pero por las mayorías que exigen", añade. En su opinión, "lo demás son rifirrafes políticos y nosotras, como siempre, una moneda de cambio". Que el debate sea vigente e importante no es sinónimo, a su parecer, de hacerlo "con esos fines de tirarse los trastos a la cabeza" bajo fines electoralistas.

Por otro lado, respecto al interés en blindar la garantía prestacional del aborto, desde Igualdad han apuntado que será fundamental el reglamento que complementa la reforma de la ley de 2023 -promulgada por el Ministerio de Igualdad bajo el liderazgo de Irene Montero-, en el que se encuentran trabajando junto al Ministerio de Sanidad pilotado por Mónica García. La prioridad de Sanidad e Igualdad es asegurar las IVEs en los centros públicos, con al menos un hospital de referencia por provincia. Una cuestión que entraña una gran complejidad, pues las competencias, como ocurre con la educación, están transferidas a las comunidades autónomas. 

Quizá, conscientes de esa inquietud y para lograr apoyos, en el Ministerio de Igualdad están trabajando mano a mano con la Delegación del Ministerio de Igualdad al Parlamento Europeo. Este mismo jueves, de hecho, Ana Redondo se reunirá en Bruselas con la eurodiputada socialista Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Hará lo mismo con representantes del movimiento europeo My Voice, My Choice/Mi voz, Mi Decisión, que promueve el acceso al aborto seguro, gratuito y accesible en toda la Unión Europea, la creación de un mecanismo financiero europeo para apoyar a los Estados miembros que deseen aplicar estas políticas, así como la cooperación entre países con legislación avanzada en derechos reproductivos.

La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones feministas y activistas de toda Europa, entre ellas representantes de España, Polonia, Francia, Austria, Croacia, Irlanda y Hungría.  La organización presentó, el pasado mes de septiembre, 1,2 millones de firmas para que la Comisión Europea establezca un mecanismo financiero que permita a los Estados miembros cubrir el procedimiento de aborto para mujeres a las que no se les permite ejercer su derecho en su país. El viaje de la ministra coincide, a su vez, con la presentación de la hoja de ruta europea de Igualdad, que tendrá lugar este viernes.