Lucía Avilés, magistrada: "Hoy no se puede ser juez sin ser feminista"

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró (Barcelona), Lucía Avilés, ha defendido en una entrevista con Efe que "hoy no se puede ser juez sin ser feminista" y que la parcialidad radica, por contra, en los sesgos de género y prejuicios que siguen presentes en el mundo judicial.

Avilés ha recibido el premio Meninas 2022 de la Delegación del Gobierno por su especialización en perspectiva de género y su iniciativa legislativa judicial para que la violencia económica sea considerada también una forma de violencia machista.

"En contra de lo que algunos puedan dar a entender, de que si eres feminista no eres imparcial, nada más lejos de la realidad. Son los sesgos de género y estereotipos denunciados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Naciones Unidas o el propio Tribunal Supremo los que hacen que la justicia sea parcial", ha explicado.

Para la magistrada, "teniendo en cuenta la mirada femenina y feminista y la perspectiva de la infancia, se borran todos los estereotipos y al final nos encontramos un trabajo bien hecho, profesional e imparcial, que es lo que se presupone de jueces y juezas".

Rebajas de penas

A propósito de la ley del solo sí es sí que ha conllevado críticas en determinados sectores porque algunos jueces han abierto la puerta a revisar algunas penas a la baja con la supresión del tipo de abuso para reconocer todos los casos como agresiones, Avilés ha asegurado que "desde un punto de vista jurídico, nos encontramos con una buena ley".

La magistrada ha lamentado que "se esté utilizando con una finalidad partidista y para sacar rédito político" el hecho de que algunas sentencias se hayan rebajado en la aplicación "caso por caso" de la norma y ha pedido "apartar todo el debate político sobre la ley".

"No solo se va contra una ministra, se va contra todo un Ministerio. Yo creo que las informaciones u opiniones que se están vertiendo sobre la ley al final extienden un mensaje nefasto contra las mujeres y, además, se quiere implantar una especie de terror sexual", ha defendido.

"Debemos apartar eso. Las mujeres victimizadas y las no victimizadas tenemos que intentar no hacer caso a este tipo de armas arrojadizas que se lanzan contra la ley", ha añadido.

La jueza ha señalado que en ausencia de normas transitorias existen elementos para medir la aplicación, desde los principios fundamentales del derecho a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y también el reciente decreto de Fiscalía.

Y, recuerda, "la mera entrada en vigor de la nueva ley no determina sin más, o no debería, una rebaja de la pena".

Machismo en la justicia

Preguntada sobre las dificultades de las nuevas juezas para vencer el patriarcado del sistema judicial, como del resto de la sociedad, la magistrada apunta que el sesgo de género no solo afecta a las actuaciones y razonamientos del juez, sino a todo el ecosistema de los tribunales.

"Lo vemos de forma directa o indirecta en todos los agentes que de algún modo tienen contacto con la víctima. No debería ser, pero se da en todo tipo de profesionales, desde la procuraduría o los propios abogados también", cuenta.

Avilés señala que en sala "se siguen escuchando argumentos que exprimen estereotipos sobre las mujeres, como el de mala madre o de la mujer que solo busca dinero".

"Eso se ve incluso en la forma de preguntar de los abogados, aunque por suerte en la función de dirección como juez puedes rechazar algunas preguntas que van en esa línea por el contenido, la forma o incluso el tono", señala.

Violencia económica como violencia de género

En 2021, la jueza solicitó al Gobierno tipificar la "violencia económica" como un tipo de violencia de género al considerar que sus efectos son "tanto o más nocivos" que las agresiones físicas y suponen un "empobrecimiento" de las mujeres con "impacto real" sobre su salud, y al mismo tiempo genera vulnerabilidad en sus hijos.

Avilés, que explica que le ayuda a empatizar con mujeres y niños el hecho de haberse quedado ella misma huérfana por un accidente mortal que sufrieron sus padres cuando era una niña, decidió ejercer esa iniciativa legislativa judicial a raíz de una sentencia contra un padre que se desentendió de pagar la pensión a sus hijos en un contexto de violencia machista.

Avilés instó al Ejecutivo a tipificar el delito de violencia económica "en coherencia" con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, la Constitución y los diferentes estándares internacionales.

Sobre el porvenir de esa iniciativa legislativa, Avilés ha reconocido que por ahora no hay "respuesta" concreta, si bien se le ha hecho llegar desde los ministerios implicados la voluntad de "ponerse manos a la obra".