El Ministerio de Justicia sostiene que no puede evitar la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre

El Ministerio de Justicia ha constatado que solo los tribunales pueden evitar la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, el italiano Francesco Arcuri, a la luz de los informes elaborados por la Abogacía del Estado y de la Dirección General de Cooperación Jurídica a raíz de la petición del Ayuntamiento de Maracena (Granada) de que se impida.

No obstante, y en el supuesto de que se produzca finalmente la entrega del menor, prevista para este viernes, el Ministerio que dirige Félix Bolaños se compromete a estar en contacto con la autoridad italiana para garantizar el interés superior del niño, para lo que requerirá información continua del estado del menor.

Orden de la Audiencia de Granada

Este jueves, un día antes del acto de devolución, la Audiencia de Granada admitió parcialmente el recurso presentado por Francesco Arcuri contra el archivo de su denuncia en la que acusó a su expareja de un delito de sustracción de menores y acordó investigarla por no haber facilitado que el menor de sus hijos regrese a Italia. 

El auto, al que ha tenido acceso Público, admite el recurso presentado por el padre contra la decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Granada (que el pasado mayo archivó su denuncia contra Rivas por sustracción de menores y maltrato habitual en el ámbito familiar) al no ver indicios de delito de sustracción de su hijo menor, ya que el juez consideró que estaba vigente la medida cautelar dictada en enero de 2025 que permitía a Rivas no tener que entregar a su hijo a Arcuri. Esta medida cautelar fue dictada tras escuchar el juez al pequeño.

La Audiencia Provincial de Granada, por tanto, ha acordado investigar el delito de sustracción de menores al entender que Rivas está incumpliendo la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero de que facilitara el regreso del niño a Italia con su padre, que tiene la custodia exclusiva.

Solicitud del Ayuntamiento de Maracena

Tras recibir el miércoles una solicitud del Ayuntamiento de Maracena (Granada) para tratar de impedir la entrega del menor en el marco de un proceso judicial para la ejecución de una sentencia de un tribunal italiano, el Ministerio pidió informes urgentes al respecto a sendos órganos, según informan fuentes del Ministerio de Justicia.

Ambos informes descartan "con claridad" que el Ministerio, como autoridad central, pueda adoptar ninguna decisión de un asunto judicializado y que se está tramitando ante los tribunales españoles e italianos.

Solo los órganos judiciales pueden suspender o denegar dicha ejecución, tal y como disponen el Reglamento (UE) 2019/1111 y el Convenio de La Haya, precisan las fuentes.

Tanto el Reglamento como el Convenio conciben que la competencia para la entrega de menores, sobre todo en el marco de procesos judicializados, es solo de los tribunales.

De hecho, aunque en el Reglamento se habla de "autoridades centrales de ejecución" y el Convenio se refiere a "autoridades judiciales o administrativas", dichas autoridades, según lo remitido por España a organismos internacionales, son exclusivamente tribunales de Justicia, como sucede en la inmensa mayoría de países y en todos los Estados de la UE.

Ante esos dictámenes, el Ministerio ha respondido en dicho sentido al Ayuntamiento de Maracena.

 Juristas consultadas por Público habían pedido que España emulase a Suiza en el uso de un resquicio legal para evitar la entrega del hijo de Juana Rivas. En un caso similar al suyo, la Justicia de Suiza invocó la excepción del Convenio de La Haya ante el riesgo que corrían los menores si regresaban a España con su padre, denunciado por violencia.