El acuerdo alcanzado por el PSOE con el Partido Popular, Ciudadanos y Junts para reformar la ley de Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí, revertirá algunos avances que tras cerca de dos años y medio de tramitación de la norma se habían alcanzado. Así lo han entendido más 2.000 juristas y activistas y unas 150 organizaciones feministas que en los últimos días han firmado un manifiesto en contra de los cambios y que este miércoles convocaron concentraciones frente al Ministerio de Justicia en Madrid y en otros puntos de la geografía española (Bilbao y Donostia) para protestar por la reforma. También lo confirman diversas juristas consultadas por este periódico a lo largo de las últimas semanas.

El acuerdo entre el PSOE y los partidos conservadores supone un giro de calado en una norma que había alineado finalmente a nuestro país con lo que exige el Convenio de Estambul, un tratado internacional clave surgido del Consejo de Europa, que obliga a los países miembros a juzgar los casos de violencia sexual en base al consentimiento, sin aplicar otros baremos como la fuerza o la intimidación que se ejerce sobre la víctima. La ley del solo sí es sí supuso un cambio radical sobre la manera de considerar las agresiones sexuales, un cambio de paradigma, que aunó dos delitos distintos en unos solo. Hasta su aprobación, el Código Penal distinguía entre el abuso sexual (agresiones sin consentimiento pero en los que no se consideraba que hubiera habido violencia ni intimidación) y la agresión sexual, cuando sí se hubiera probado la existencia de estos dos supuestos. 

La reforma propuesta ahora por el PSOE, y que con toda probabilidad saldrá adelante este jueves en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP y otros grupos conservadores, supone un paso atrás en este planteamiento. La contrarreforma introduce en los artículos 178 y 179 un subtipo agravado de violencia e intimidación a la hora de valorar las penas a los agresores, en un intento de incrementar las condenas. Según la propuesta socialista, el tipo básico de agresión sexual se mantendría en una horquilla de uno a cuatro años, pero se incrementaría a cinco si existiera fuerza e intimidación. 

Tanto el Partido Socialista, como las otras fuerzas que apoyan este cambio, se trata de hacer frente a los "efectos indeseados" de la norma, un eufemismo que hace referencia a las rebajas de penas a violadores que se han visto a lo largo de los últimos cinco meses en diversos tribunales. Sin embargo, tal como afirman todos los juristas consultados, el cambio de la norma no tendrá ningún efecto sobre estas rebajas, puesto que la legislación (tanto la Constitución, como el Código Penal) obligan a aplicar el principio de retroactividad por el que el reo se debe beneficiar de la ley más favorable. Esto implica que la ley precedente podrá ser aplicada a todos los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma. Por lo tanto, el cambio de norma que se votará este jueves en el Congreso, no impedirá que estas revisiones se sigan realizando. La nueva norma sólo tendrá efecto sobre los delitos sexuales que se produzcan a partir de su entrada en vigor. 

Sin datos sobre la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

Es imposible saber cómo se habría aplicado el Código Penal propuesto por la ley del solo sí es sí, puesto que hasta la fecha no ha habido ningún tribunal que haya condenado en base a la nueva norma. Desde que entró en vigor el pasado 7 de octubre, no ha habido tiempo para que un juzgado condenara a un agresor sexual aplicando la nueva normativa, ni ha habido ninguna valoración por parte de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial sobre cómo se están aplicando el resto de medidas que contiene la norma, que equiparó los derechos de las víctimas de estos delitos a los que tienen las que sufren violencia de género.

Tampoco existe jurisprudencia sobre cómo aplicar la ley del solo sí es sí. En diciembre pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que esperaría a la jurisprudencia del Supremo antes de decidir ningún cambio en la norma. La constante rebaja de condenas anunciadas por algunos tribunales y aireadas en los medios de comunicación, supusieron una dura presión sobre los Socialistas, especialmente ante el período electoral de mayo y de cara a las elecciones generales de fin de año. 

El Tribunal Supremo anunció hace unos días que reuniría a la Sala de lo Penal de forma extraordinaria a principios de junio para establecer su criterio de cómo aplicar el derecho transitorio en relación a la ley del solo sí es sí. Pero para entonces, la norma ya habrá cambiado. Algunos juristas han criticado la lentitud del Alto Tribunal en tomar esta decisión, afirmando que la sala de lo Penal se podría haber reunido mucho antes para consensuar criterios en la judicatura, sobre todo a la luz de las distintas interpretaciones que los diversos tribunales están realizando del derecho transitorio, lo que está generando decisiones dispares. Algunos, como la Audiencia Provincial de la Rioja, afirmó que utilizaría el derecho transitorio que considera consolidado en la ley (Código Penal), que afirma que no se deberían rebajar condenas a los reos si esa misma pena puede ser aplicable con la nueva norma. Otros tribunales, por el contrario, no consideraron que el derecho transitorio estuviera en vigor y utilizaron criterios distintos.

A lo largo de los últimos meses, la Fiscalía General del Estado emitió dos circulares explicando a los fiscales cómo interpretar la transición entre el antiguo y el nuevo Código Penal del solo sí es sí, la última de ellas en marzo pasado. En ambas, les exige aplicar el derecho transitorio vigente, por el que las penas no pueden ser rebajadas de forma automática y que no debían apoyar rebajas de condenas siempre que la nueva norma permitiera las mismas penas. Por ello advirtió a los fiscales que los códigos penales se aplican enteros (no por trozos) y que recurrieran todas las rebajas de condenas que consideraran incorrectas. Éstos recursos han comenzado a llegar ahora al Tribunal Supremo, que analizará 30 de ellos a principios de junio. Se estima que cientos de ellas están ya pendientes de revisión ante el Alto Tribunal.

Los grupos de la investidura indignados

La mayoría de los grupos que apoyaron la investidura del Gobierno se han mostrado indignados por la revisión del PSOE y por el hecho de que ésta se apoye en los votos de la derecha. Especialmente del Partido Popular, al que el propio Partido Socialista acusó en diversas ocasiones de haber votado en contra de todas las normas a favor de la igualdad. De hecho, las coincidencias entre la propuesta socialista para modificar la ley del solo sí es sí y la que presentó el PP en diciembre pasado en el Congreso, son otra de las denuncias de grupos como Esquerra, Bildu, Más País, Unidad Podemos y el propio Ministerio de Igualdad, coproponente de la norma junto con Justicia.

Ambas vuelven a las penas del Código Penal anterior y ambas reintroducen la violencia y la intimidación como una forma para determinar la gravedad de las penas. Desde el Ministerio de Igualdad denuncian que esta forma de reintroducir los conceptos de violencia e intimidación en el Código Penal como subtipos, condiciona el corazón de la ley, es decir, el consentimiento, porque obliga a los jueces a volver a preguntar sobre si la mujer se resistió y cuánto, en lugar de si consintió la relación sexual. Tanto Bildu como Esquerra y Podemos presentaron enmiendas para que estos dos conceptos no estén incluidos como un subtipo, sino como una agravante en el artículo 180 de la norma. Pero estas propuestas no fueron aceptadas por los socialistas.

La decepción ante este proceder de los socios mayoritarios del Gobierno quedó resumida este martes por la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el Congreso. "Dice el PSOE, con Sánchez a la cabeza, que los avances sociales de esta legislatura han venido todos de una parte y a todos el Partido Popular ha votado en contra. Lo han repetido innumerables veces y es verdad. Por tanto, lo que cabría preguntarse es por qué el Partido Popular apoya esta vez esta reforma y por qué el PP votará que sí. Quizá probablemente porque la reforma del PSOE no es un avance social, sino un retroceso y por ello la apoya el Partido Popular".