Las disputas en torno a la ley del solo sí es sí no cesan. Este lunes Unidas Podemos anunció que había presentado una serie de propuestas para enmendar el texto de reforma de la norma presentado por el PSOE y aprobado con los votos del Partido Popular. Solo una hora después de que los morados desvelaran sus propuestas de cambio, el Partido Socialista afirmó que no las aceptaría porque, a su juicio, "no solucionan el problema". 

La ley de libertad sexual no ha tenido un camino fácil desde su puesta en marcha. Supuso una de las primeras y más serias broncas que tuvieron los partidos del Gobierno de coalición. Tras más de dos años de tramitación, la ley por fin vio la luz el pasado mes de septiembre y entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Sólo un mes más tarde, las primeras rebajas de condenas conocidas en algunos juzgados dieron la voz de alarma. Pero durante los siguientes meses, el Gobierno esperaba un pronunciamiento del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado que sentaran jurisprudencia o, al menos, que clarificaran cómo actuar con la nueva ley. El primero nunca ocurrió. El Supremo no se reunió para valorar o aclarar cómo aplicar la norma, pese a las divergencias que se presentaron en diversos tribunales y audiencias: unas rebajaban muchas penas, mientras otros apenas las tocaron.

La Fiscalía sí emitió dos directivas para los fiscales, respaldando el espíritu de la norma. Afirmó que el derecho transitorio (es decir la forma en la que se debía transitar entre la vieja y la nueva ley) estaba claramente marcado en el Código Penal y finalmente ordenando a los fiscales a que se opusieran o recurrieran las rebajas de condenas que consideraran que no se atenían a este derecho. 

Pero la constante rebaja de penas en diversos tribunales fue el detonante para que el PSOE se plantara. A finales del año pasado dio un ultimátum al Ministerio de Igualdad para que pusiera una reforma sobre la mesa. Desde Igualdad afirman que no fue una, ni dos, ni tres, sino hasta seis propuestas las que debatió con el Ministerio de Justicia y con su titular, Pilar Llop, aunque hasta el momento no las ha desvelado.

A principios de febrero de este año, los socialistas decidieron presentar en solitario, sin sus socios de Gobierno, una importante reforma de la norma. Proponían volver a las penas del código penal anterior, introducir en el articulado del Código Penal una serie de cambios que graduaran la gravedad de las penas en función de la existencia o no de la violencia y la intimidación, aunque afirmaban que dejaban intacto la definición de consentimiento en la norma. Un mes más tarde, el 7 de marzo del año pasado, el PSOE aprobó la toma en consideración de la reforma con los votos del PP.

Es esa la propuesta que ahora ha enmendado Unidas Podemos a través del Ministerio de Igualdad este lunes, el último día en que se admitían propuestas. El pasado jueves, Bildu y Esquerra Republicana también presentaron enmiendas a la propuesta del PSOE, similares a las que ahora desveló Unidas Podemos. 

¿Qué proponen los distintos partidos?

La propuesta del PSOE supone una subida de penas con respecto a la ley actualmente en vigor (la del solo sí es sí) y volver a situarlas en el nivel que estaban el en Código Penal anterior a la reforma. También incorpora en diversos artículos (el 178, 179 y en el 180) para graduar la gravedad de las penas en función de que haya existido violencia e intimidación en la agresión, reintroduciendo, aunque sin nombrarlo, dos tipos penales. Los socialistas aducen que no vuelven a meter en la norma el abuso sexual, suprimido en la ley del solo sí es sí, que aunó el abuso y la agresión sexual en un solo tipo.

Estos cambios han indignado a Igualdad, que ha manifestado en diversas ocasiones a lo largo de los últimos meses que esa reforma deja sin efecto el texto sobre el consentimiento en el que se centra la ley. 

Organismos internacionales como el GREVIO (el comité de expertos que valoran el seguimiento que hacen los Estado del Convenio de Estambul) se mostró preocupado en su primer informe sobre España por las "numerosas decisiones
judiciales parecen reproducir estereotipos o aplicar interpretaciones excesivamente formalistas que disminuyen la responsabilidad penal del perpetrador o incluso culpan a la víctima". En sus recomendaciones (mientras se tramitaba la ley del solo sí es sí) pidieron a nuestro país que garantizara la aplicación de sanciones apropiadas para todos los actos de naturaleza sexual sin consentimiento de la víctima, incluso en ausencia de resistencia y cuando las circunstancias del caso impidan un consentimiento aceptable. A tal efecto, GREVIO anima encarecidamente a las autoridades españolas a que introduzcan formación y orientaciones para todos los integrantes del sistema de justicia penal que garanticen la comprensión del significado de lo que es la violación y la violencia sexual en tanto que delitos basados en la ausencia de consentimiento, no en la utilización de la fuerza".

El cambio propuesto en la ley del solo sí es sí aprobada por el Consejo de Ministros, y más tarde por el Parlamento, hacía pivotar toda la norma en torno a la definición de consentimiento.

"No queremos que los jueces pregunten a las víctimas si se habían resistido, cuánto y cómo, sino si habían consentido", afirmaron desde Igualdad a lo largo de los últimos meses de disputas. 

La propuesta de Unidas Podemos, hecha pública finalmente este lunes, gradúa las penas en horquillas que son algo distintas a las presentadas por el PSOE. Unidas Podemos mantiene el tipo básico de las agresiones igual que está en la ley actual y admite incrementar las penas en algunos supuestos. Pero elimina de todos los artículos de la propuesta del PSOE lo que distinga penas basadas en el uso de la violencia y la intimidación y la mueve a una agravante en la norma. Desde el PSOE han defendido en las últimas semanas que incorporar la violencia e intimidación sin tocar la definición de consentimiento no significa volver al Código Penal anterior. Sin embargo, Igualdad afirma que introducir esa distinción, vuelve a meter dos delitos distintos en el Código Penal y vuelve a introducir en los juzgados como elemento clave si la víctima se resistió y cuánto. 

¿Qué consecuencias tiene esto en las víctimas de violencias sexuales?

Diversas juristas han explicado a Público que introducir la violencia y la intimidación tiene consecuencias importantes a la hora de juzgar y que vuelve a poner el foco sobre la víctima en lugar de hacerlo sobre el agresor. Para Patricia Faraldo, doctora en Derecho por la Universidade da Coruña y diplomada en Criminología por la Universidade de Santiago de Compostela, "aunque no se toca la definición de consentimiento, se prevén figuras agravadas en todos los tipos delictivos cuando la agresión se cometa empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad". Esta experta afirma que la ley de Libertad Sexual había lanzado un importantísimo mensaje de que "no se puede decir que quien calla, otorga; tras su entrada en vigor, quien calla, niega". Por ello, entiende que con la reforma propuesta por el PSOE, "ese mensaje se debilita" porque desplaza nuevamente el foco de atención "del autor" sobre "¿cómo percibió que la otra persona había prestado su consentimiento? ¿negoció el uso de anticonceptivos? ¿se interesó por lo que la otra persona quería?". Por contraposición se vuelve a revictimizar a las mujeres con cuestiones como "¿resistió? ¿por qué no lo hizo? ¿por qué aceptó beber con un hombre? ¿por qué fue a una casa o entró en un baño con él?)".

"El mensaje que transmitimos con la reforma es, de nuevo, que si una mujer sufre una agresión sexual en esos casos la culpa es de ella, que no se protegió como debía. Con ello coartamos la libertad de las mujeres", añade Faraldo en declaraciones a Público.

Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias  también entiende que la modificación que propone el PSOE va a exigir a quienes juzgan realizar preguntas a las víctimas sobre las razones por las que mostraron o no resistencia, lo que puede resultar revictimizador, y finalmente se va penalizar con un delito suavizado a aquellas mujeres que no se resistieron y donde no fue necesario el uso de la fuerza, violencia o intimidación.

Para la jurista Altamira Gonzalo, por el contrario, los cambios propuestos por el PSOE son necesarios. Afirma que los tribunales tienden a poner penas mínimas por agresiones sexuales y que bajarlas no soluciona el problema. Para esta experta la clave pasa por reducir el arbitrio judicial a la hora de imponer penas y restringir el margen de decisión. "Las penas que se imponen son bajas, esa es la realidad y también hay un porcentaje muy bajo de denuncias por estos delitos". Gonzalo afirma que según los datos de Interior sobre delitos sexuales, más del 60% de las condenas fueron entre cero y dos años de prisión, por lo que no llegaron a entrar en la cárcel. "Hay porcentaje bajo de denuncias y si las condenas son tan pequeñas, estamos con sensación de impunidad. Y a esta sensación de impunidad no corresponde una reducción de penas. 

Para otros juristas, sin embargo, la baja cantidad de denuncias por delitos sexuales (según Igualdad solo un 8% de las mujeres denuncia) y las bajas penas, obliga a repensar el modelo. Tal como explica Manuel Cancio, "la doctrina científica comparte la idea de que un aumento de las penas de prisión no tiene efectos preventivos. Lo que mejor funciona a estos efectos es un aumento en la tasa de esclarecimiento y condena de estos delitos". También Poyatos incide en que el hecho de que la propuesta de los socialistas suponga introducir dos subtipos penales (en el que concurra fuerza e intimidación y en el que no) tendrá como resultado un "aumento del reproche punitivo desde la descripción del delito en aquellos casos en los que concurra 'violencia', pero devalúa aquellos casos en los que el agresor no necesita usar la violencia para doblegar a la víctima, porque esta no opone resistencia".