Un sistema "caro, ineficiente y contrario a la ley": el País Valencià deriva casi todas las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas

A pesar de que la legislación establece como un derecho la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública, la realidad dista mucho de ser así. De la misma manera, lo que se prevé como una excepción, es decir, la derivación a la sanidad privada de las IVE, es la norma. 

Así se desprende de los datos de las IVE realizadas en el País Valencià en 2024, datos a los que, junto a la distribución del registro de objeción de conciencia por parte de los profesionales de la ginecología, ha podido acceder Público. La información, distribuida por los departamentos de salud, dibuja una realidad geográficamente muy variable respecto a la posibilidad de ejercer el derecho a una IVE en la sanidad pública por parte de las valencianas. 

El proceso lógico, así pues, tendría que consistir en que la sanidad pública, a través de centros públicos, se hiciese cargo de las IVE. Como se trata de una intervención de urgencia, puesto que está sometida a plazos (la variación según las semanas de embarazo es muy grande, obviamente), si la sanidad pública no pudiese hacerse cargo, sería entonces cuando se derivaría a la sanidad privada. Las clínicas privadas se harían cargo de la intervención y la sanidad pública abonaría el coste. Este es el caso también del País Valencià. La mujer también puede acudir directamente a una clínica privada, claro está, y correr a cargo directamente del pago de la intervención.

Este es el proceso previsto por la legislación, pero en el País Valencià solo siguen este curso una de cada diez IVE. Así se desprende de los datos de las IVE realizadas en 2024, que, junto a la distribución del registro de objeción de consciencia por parte de los profesionales de la ginecología, series de datos a las que ha podido acceder Público, distribuidas por departamentos de salud, dibujan una realidad geográficamente muy variable, respecto a la posibilidad de ejercer el derecho a una IVE en la sanidad pública por parte de las valencianas.

La excepción hecha norma  

En el cómputo global, en 2024, en el País Valencià se realizaron un total de 9.968 IVE, pero solo 995 intervenciones se produjeron en un centro público, apenas un 9,9%. A pesar de que la legislación establece la garantía de realizar dicha intervención en un centro público y la derivación a la sanidad privada como un hecho excepcional, esto solo es así en una de cada diez IVE. Esto supone también alejarse de un entorno médico preparado para afrontar posibles complicaciones o situaciones imprevistas (es el caso, por ejemplo, de centros que no dispongan de quirófano o banco de sangre). 

Solo en cuatro departamentos de salud valencianos (Requena, València-Doctor Peset, Vinaròs y Xàtiva-Ontinyent) de un total de veintitrés (las IVE del departamento de València-Arnau de Vilanova se realizan en València-La Fe) las IVE en un centro público superan las derivaciones a la sanidad privada. 

Interrumpir el embarazo en un centro público en Alacant: misión imposible  

La situación más grave se produce, sin duda, en los departamentos de salud del sur. En la demarcación de Alacant, de hecho, en 2024, prácticamente no se llevaron a cabo IVE en los centros públicos. Si exceptuamos Alcoi (donde el 42% sí que se realizaron en un centro público), solo 18 IVE de un total de 3.709 no se derivaron a centros privados. Es decir, un testimonial 0,5%. Así pues, en la quinta demarcación del Estado por población, no es posible, de facto, acceder a la garantía legal de someterse a una IVE en un centro público. 

"Un sistema caro, ineficiente y contrario a la ley"  

Según un cálculo realizado por Compromís (que, a través de la diputada a Les Corts Mònica Àlvaro y la concejala en el ayuntamiento de Alacant Sara Llobell han definido el sistema actual como "caro, ineficiente y contrario a la ley"), esta práctica supondría sobrecostes para la sanidad pública de entre 12 y 172 euros por intervención.

Compromís denuncia, en este sentido, que no constan convenios generales de la Conselleria con las clínicas privadas a las que se derivan las IVE, sino que financian caso a caso, y que, además, el precio que se paga es mayor que el que las mismas clínicas cobran a particulares. Es decir, cada IVE derivada a la sanidad privada se paga individualmente, mientras que un convenio permitiría pactar precios y reducir costes.

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Ahora bien, no todas las derivaciones a centros privados para realizar una IVE han contado con financiación pública. En 2024, de las 9.968 IVE que hubo en el País Valencià, solo 995 se realizaron en centros públicos, como veíamos. De las restantes, que se derivaron a centros privados, Conselleria financió 6.576 IVE, pero 2.397 se llevaron a cabo sin dinero público, un poco más de un tercio. Según los datos recogidos por Compromís, 3.220.824 euros de dinero público se dedicaron en 2024 a pagar las derivaciones de IVE a clínicas privadas.

Un 17% de médicos objetores  

Ahora bien, un aspecto en un primer momento sorprendente es que el registro de profesionales de la ginecología objetores de conciencia a la realización de IVE no arroja porcentajes elevados. Hay que tener en cuenta que la legislación recoge dos supuestos de objeción: al artículo 14 (realizar una IVE en las primeras catorce semanas de gestación a petición de la mujer) o al artículo 15 (realizar una IVE en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, graves anomalías en el feto o anomalías fetales incompatibles con la vida). 

Así, de un total de 480 profesionales capacitados para realizar una IVE según el artículo 14, 82 se declaran objetores, un 17%. Para los 472 del artículo 15, la cifra baja a 42 y el porcentaje al 8,9%. 

Sin objetores, pero también sin IVE  

Sí que es cierto, sin embargo, que, según los datos por departamentos, las cifras varían notablemente. Son pocos los que registran más objetores que no objetores (Alacant-Hospital General, La Marina Baixa, La Ribera y Vinaròs, para el artículo 14; pero solo Marina Baixa y Vinaròs también para el artículo 15) y bastantes —casi la mitad, de hecho— los que no registran ningún objetor (Alacant-Sant Joan, Castelló, Dénia, Elx-Crevillent, Elx-Hospital General, Elda, Orihuela, Requena, Sagunt, València-Clínic-Malva-rosa y València-Hospital General). 

Ahora bien, se da la circunstancia que un gran número de departamentos de salud que no registran ningún objetor o muy pocos después derivan todas o casi todas las IVE a las clínicas privadas. Es el caso de los departamentos del sur del País Valencià, donde Alacant-Sant Joan no registra ningún objetor, pero, en 2024, apenas realizó 2 IVE en un centro público y Dénia le sigue con las mismas cifras: 0 objetores y 2 IVE sin derivar. Pero sorprende más aún Elx-Crevillent, Elx-Hospital General, Elda y Orihuela, que no registran objetores, pero tampoco ninguna IVE en un centro público. 

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En el caso opuesto, podemos encontrar Vinaròs, que, a pesar de que 6 de los 11 profesionales se declaran objetores, tanto al artículo 14 como al 15, vemos que invierte la tendencia general y realiza el 83,5% de las IVE en centros públicos: 137 de las 164 totales, con 9 derivadas a clínica privadas con financiación pública y 18 sin ella. 

La Ribera: todos objetores  

Si bien hay un par de departamentos más que registran un porcentaje elevado de objetores (Alacant-Hospital General, con 19 de 28 para el artículo 14 y 10 de 28 para el 15, y La Marina Baixa, con 13 de 17 para el 14 y 11 de 17 para el 15), solo el de La Ribera presenta una situación de bloqueo por este caso, ya que los 22 profesionales asignados a este departamento se declaran objetores para el artículo 14, si bien para el 15 ya son solo 3. En este departamento, solo 23 de las 472 IVE realizadas en 2024 se realizaron en centros públicos. De las derivadas a clínicas privadas, 340 lo hicieron con fondos públicos y 109 sin ellos. 

"Garantizar las mismas condiciones"

Para Mònica Àlvaro se trata de una situación que necesita revertirse, ya que "se ha convertido en norma lo que la ley prevé solo como casos excepcionales", con una "gestión económica ineficiente que está provocando sobrecostes injustificados y desproporcionados". Pero, además, también con una pérdida de garantías de salud, puesto que "nadie puede garantizar como norma general en las clínicas privadas a las mujeres que se someten a una IVE las mismas condiciones de seguridad que se dan en el sistema público, con acceso a quirófanos o bancos de sangre, en caso de que surgieran complicaciones o imprevistos".