La ley para abolir el proxenetismo avanza en el Congreso pero con serios desencuentros entre las distintas formaciones políticas. El texto, presentado por el Partido Socialista solo dos días después de que retirara sus enmiendas para desbloquear la ley del solo sí es sí, en las que pretendía introducir medidas más contundentes contra la prostitución, fue duramente criticado en el Pleno de la Cámara, durante el debate de toma en consideración, por todos los grupos aliados del Gobierno de coalición.

Finalmente se aprobó su debate, principalmente gracias a los votos del Partido Popular. Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, votó dividido: si bien el grueso de la formación se posicionó a favor de tramitar la proposición de ley del PSOE, siete miembros de su marca catalana (En Común) rompieron la disciplina de voto y se posicionaron en contra.

Desde entonces, la norma se debate en la Comisión de Justicia del Gobierno, puesto que el texto del PSOE supone la modificación de dos artículos del Código Penal. 

Este pasado miércoles finalizó el plazo de enmiendas al texto. Entre los grupos que han planteado modificaciones  al mismo se encuentra Unidas Podemos, que, entre otras cosas pide modificar la parte del texto que plantea multar a los puteros. El texto original, presentado por el Partido Socialista, señala que "el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro meses". 

En su explicación de motivos para el cambio del Código Penal, el Partido Socialista explica que "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución. Por tanto, esta iniciativa contempla el reproche penal de este tipo de conductas".

Unidas Podemos en sus enmienda propone suprimir de plano el articulado que contempla esta posibilidad de multa. En su argumentación explican que diversos tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país hablan de la obligación de los Estados de desincentivar la demanda, pero que esto se realice con medidas educativas y de concienciación, incluyendo a los medios de comunicación, y no mediante "medidas de sanción a los clientes". En la argumentación, afirman que al menos dos informes del GRETA (un mecanismo de seguimiento del Convenio del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos) precisan que "imponer sanciones a las mujeres en prostitución y/o a sus clientes no supone cumplir la obligación del Estado bajo el artículo 19 del Convenio, que posibilita tipificar como delito el uso de servicios ofrecidos por una persona reconocida como víctima de trata a sabiendas de su condición" y que es necesario "medir el impacto de cualquier medida sancionadora". 

La formación morada recuerda que las medidas sancionadoras impuestas en distintas ciudades españolas han tenido serias consecuencias hacia las mujeres prostituidas en forma de multas y que, de hecho, según datos de Interior, "en los años 2019, 2020 y 2021, ha habido 315 sanciones a demandantes y 581 multas a mujeres. Es decir, un 84% más a mujeres que a demandantes de prostitución".

La clave de la explotación

Otro de los cambios que propone Unidas Podemos en el texto tiene que ver con la voluntariedad o no de la condición de prostitución, acercándose más a los postulados regulacionistas que a los abolicionistas de la prostitución. La reforma del artículo 187 del Código Penal del texto de los socialistas afirma que "se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma". Esta última frase suponía para los socialistas la abolición del proxenetismo en todas sus formas, sin exigir una relación de explotación.

El texto de la enmienda de la formación morada elimina la última frase ("aun con el consentimiento de la misma") que cambian por "... a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona. Se entenderá que hay explotación cuando exista una relación de dependencia o subordinación en la que quien se lucra impone las circunstancias de toda índole que condicionan la libertad sexual de la víctima".

El cambio clave para Unidas Podemos es la introducción del término "explotación". Es decir, penar al que se lucre "explotando la prostitución de otra persona" cuando "exista una relación de dependencia o subordinación". En estos casos, proponen un incremento de las penas que podrían ir de dos a cuatro años de prisión y una multa entre 12 y 24 meses, frente a la propuesta del PSOE que prevé una pena de entre uno y tres años de cárcel.

Respecto a la tercería locativa (el enriquecimiento de quien dedique un establecimiento o inmueble a la prostitución, con penas de dos a cuatro años) piden especificar que ese castigo no se le aplique a las personas que ejercen la prostitución.

Existe un amplio debate en el feminismo sobre la abolición o la regulación de la prostitución que ha provocado fricciones. Es decir, entre considerarla un trabajo que debe ser regulado o una explotación a erradicar. La ministra de Igualdad, Irene Monero, se ha declarado abolicionista de la prostitución en diversos foros, pero el partido no tiene un apostura unánime e incluso algunos sectores, como el catalán (En Común) se ha declarado regulacionista.

También existe un debate abierto sobre la necesidad de legislar sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (en su mayoría mujeres y niñas) y la prostitución en una sola norma. Parte del feminismo afirma que no se puede combatir la trata sin abolir la prostitución, puesto que la primera es consecuencia de la demanda de prostitución. En los últimos años ha habido debate sobre si prostitución y trata debían ir en una misma ley, aunque finalmente están yendo por caminos separados. Desde hace varios meses el Ministerio de Igualdad está trabajando en una ley sobre la trata de explotación sexual, aunque hasta el momento ni este departamento, ni Justicia, ni el de Interior (que tiene competencias) se han puesto de acuerdo en un texto común.