El Congreso aprueba debatir la ley del PSOE contra la prostitución sin el apoyo de los aliados del Gobierno

Todos los grupos que apoyaron la investidura del Gobierno de coalición hicieron duras críticas a la proposición de ley presentada por el PSOE para prohibir el proxenetismo. Finalmente el Congreso de los Diputados aprobó debatir esta norma con una mayoría de 232 votos a favor y 38 en contra. Las abstenciones sumaron un total de 69 votos. Muchos de los socios de Gobierno no adelantaron el sentido del voto, aunque este se movió entre el no y la abstención. Entre los que afirmaron que se abstendrían figuran el PNV o EH Bildu. Los votos del Partido Popular, que apoyó la propuesta sin fisuras, fue clave para que la proposición saliera adelante. 

La discusión también abrió una grieta dentro de Unidad Podemos. El socio de Gobierno de los socialistas decidió sumar su voto favorable con ciertas diferencias, pero los siete diputados de En Comú Podem (su marca catalana), rompió la disciplina del partido y votó en contra.

El debate en el Congreso fue bronco. La mayoría de los grupos reprocharon al Partido Socialista el momento y la forma en que ha presentado la proposición de esta ley: apenas unas pocas horas después de que todos los grupos de la Comisión de Igualdad rechazaran la enmienda del PSOE a la ley de libertad sexual para, precisamente, endurecer las medidas contra el proxenetismo no coactivo (no forzado) y la tercería locativa (multar a los propietarios de pisos o locales en donde se ejerciera la prostitución).

También afearon que se hiciera mediante una proposición de ley por su contenido, que la mayoría consideró como "punitivista". La proposición, un texto de tan sólo tres folios, recoge únicamente la modificación de dos artículos del Código Penal.

En concreto, el artículo 187, al que se añade un párrafo que afirma que "se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

Además, vuelve a instaurar la tercería locativa con penas de prisión de dos a cuatro años y multas para todos aquellos que utilicen "la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico". El texto también criminaliza a los consumidores afirmando que "participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos. Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución. Por tanto, esta iniciativa contempla el reproche penal de este tipo de conductas".

Lastra llama a un consenso que se muestra difícil

En su intervención, Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y encargada de defender la proposición de ley, afirmó que, según cifras manejadas por el Ministerio del Interior, en España hay 45.000 mujeres explotadas sexualmente, y llamó al consenso para acabar con la impunidad del proxenetismo: "En una democracia las mujeres ni se compran ni se venden". Lastra recordó que la explotación sexual es una "violación de los derechos humanos" y que su partido político tiene la convicción "de que quien decide por necesidad, no decide libremente". 

"Combatir la explotación sexual de las mujeres tiene que ser un pacto y un acuerdo de país, persiguiendo a quienes se lucran de la explotación, en las que las mujeres son el objeto y no el sujeto", añadió Lastra

Sin embargo, a tenor de las virulencia en las respuestas de los distintos partidos, el pacto está lejos de ser una realidad. Los diversos portavoces que fueron pasando por la tribuna criticaron el mensaje de la socialista, afirmando que se trataba de un discurso paternalista y proteccionista. La mayoría de la cámara se manifestó indignada por la propuesta.

El debate en el Congreso puso negro sobre blanco que la mayoría de los grupos políticos apuestan por la regulación de la prostitución, en lugar de por su abolición. Hubo consenso por parte de todos los representantes en la necesidad de luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Pero en lo concerniente a la prohibición de la prostitución no coactiva, todos, excepto el Partido Popular y los dos partidos de Gobierno, se mostraron claramente contrarios. 

La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, denunció la "demagogia" del PSOE por presentar esta ley sin consultar a las mujeres que se prostituyen y no atender sus necesidades: "Están blanqueando sus sepulcros; son ustedes unos hipócritas". Añadió que con esta proposición el PSOE intenta imponer su forma de entender el "consentimiento" y que se trata de un texto que abunda en la "estigmatización". Al final de su intervención afirmó que su grupo se abstendría para permitir un debate profundo sobre la prostitución en la Cámara.

Unidas Podemos ha optado por el sí, aunque ha mostrado serias discrepancias con la proposición socialista. En el hemiciclo anunció que trabajarán para enmendar el texto para castigar el "proxenetismo vinculado a la explotación", avanzar en la reforma de la ley de extranjería, y eliminar el artículo que propone multar a los "puteros". En Comú decidió votar "no" al considerar que la ley, con un enfoque paternalista, supondría un grave retroceso en los derechos de las mujeres, tal como afirmaron fuentes de esta formación. 

Ciudadanos hizo una defensa a ultranza del "liberalismo" y se mostró como una fuerza regulacionista de la prostitución. "El abolicionismo condena a las prostitutas a malas condiciones y a la vulnerabilidad y les prohíbe sus derechos", afirmó Sara Giménez, diputada de la formación naranja. "Criminalizando no vamos a acabar con la prostitución", añadió. Ante esta última reticencia, fuentes del grupo socialista han reconocido que su iniciativa es "de máximos" y se han mostrado abiertas a estudiar todas las propuestas.

Finalmente, Marta González Vázquez del Partido Popular hizo una defensa de la proposición y afirmó que "la prostitución no es un trabajo ni puede ser legalizada". "Una sociedad comprometida con la mujeres no puede admitir la prostitución",, dijo. Y concluyó que "el Estado no puede ser cómplice de este negocio".