El acoso a Cristina Fallarás, Irene Montero y Rita Maestre evidencia la escalada de violencia contra activistas o políticas de izquierdas
Las amenazas de muerte, el señalamiento de domicilios o las campañas de odio se están convirtiendo en una realidad cada vez más frecuente para mujeres que participan en la vida política y en el debate público.
Madrid-
Las denuncias de acoso y amenazas que en los últimos días han hecho públicas la periodista y escritora Cristina Fallarás, la exministra y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han vuelto a poner sobre aviso la violencia que sufren muchas mujeres que participan activamente en la vida política y en el espacio público. Fallarás denunció este viernes en redes sociales el acoso que asegura estar sufriendo en su propio domicilio. En un vídeo difundido en Instagram, relató que durante la madrugada varias personas han acudido ya en diferentes ocasiones a su casa para hostigarla. "Esta madrugada pasada han vuelto a llegar a las puertas de mi casa. No sabemos quiénes eran. Han estado llamando al timbre y molestando", explicó.
Acoso que se produce en el marco de la campaña de señalamiento impulsada por Vox tras una comlumna de opinión que publicó en este medio, que utiliza su imagen en la web del partido para incitar a actuar contra ella desde el pasado otoño. Por ese motivo, ha pedido a la Fiscalía que intervenga. La colaboradora de Público ya ha tenido que mudarse varias veces a lo largo de su vida, víctima del acoso, llegando a marcharse de Madrid, sin lograr poner fin a la situación. "Me perseguían, me acosaban, me tiraron al suelo", relató al recordar episodios anteriores.
"Compañeras que nos dedicamos al mundo de la información o la comunicación estamos corriendo peligro por informar y por hablar claro. No solo nos afecta a nosotras, nos afecta a todas. Pido por favor que alguien tome medidas", insistía. Lo hizo un día después de que Rita Maestre, también a través de un vídeo en redes sociales, explicara que existe una investigación judicial en marcha para identificar a los responsables de difundir la dirección de su domicilio en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales.
Según ha relatado la portavoz de Más Madrid, la situación comenzó cuando empezaron a aparecer hombres llamando a la puerta de su casa. Los episodios se repitieron en varias ocasiones hasta que, en una de ellas, un hombre llegó a subir desde el portal hasta la puerta de su vivienda. Al preguntarle quién era el individuo le respondió que había estado hablando con ella a través de un canal de Telegram. Tras lo cual decidió acudir a la Policía Municipal y presentar una denuncia. Semanas después de iniciarse la investigación, según ha detallado, los agentes le informaron de que alguien que conocía su dirección la estaba difundiendo en este tipo de portales sexuales.
"Tengo claro que el objetivo de quienes utilizan el acoso es que el coste de hacer política sea tan alto que las mujeres nos lo pensemos dos veces antes de participar en política, en las instituciones, en las tertulias o en cualquier espacio público. No se trata sólo de algo contra mí, es el mensaje que quieren mandar cuando nos hacen esto a muchas mujeres. Es decirles a todas: 'Esto es lo que te espera si decides posicionarte, este es el peaje por hacer política'", ha expresa Maeste. "Es una clara estrategia de control social. Se equivocan de estrategia. Quieren que el miedo nos haga rendirnos, pero lo que pasa es que hace años que no estamos solas ni pedimos permiso para ocupar determinados espacios. Con todo el apoyo que he recibido tengo clarísimo que somos muchas y muchos más en España quienes decimos: mira no, aquí estamos muchas juntas y apoyándonos cuando lo denunciamos y no estamos dispuestas a que el odio dictamine quién puede y quién no puede hacer política en este país", añade.
Irene Montero, en paralelo, ha denunciado ante la Policía Nacional haber recibido amenazas de muerte procedentes de una organización neonazi, considerada terrorista por el FBI, y ha solicitado protección al Ministerio del Interior. La eruodiputada de Podemos ha explicado que las intimidaciones se han producido en los últimos días e incluyen referencias a su domicilio, donde residen sus hijos menores de edad y su pareja, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. "Cuando ves habitualmente a escuadristas fascistas que persiguen a Sarah Santaolalla, Inés Hernand, Laura Arroyo o Cristina Fallarás... en algún momento va escalando como en el caso de esta amenaza que la propia Policía ha considerado una amenaza terrorista. Es el resultado de la normalización de la violencia política y de que los propios políticos en España digan que la violencia no tiene género o que el feminismo es un peligro", ha reflexionado Montero durante una intervención en el programa Mañaneros este lunes.
La eurodiputada hacía referencia a otras mujeres que de un tiempo a esta parte vienen siendo el centro de la diana de todo tipo de ataques ultras. Incluso el Consejo de Administración de RTVE lamentó "profundamente" el pasado mes de septiembre los ataques recibidos por las colaboradoras Sarah Santaolalla y Laura Arroyo, participantes en los programas Mañaneros y Malas lenguas. La dirección de la radiotelevisión pública denunció que ambas habían sido "objeto de una campaña de insultos, falsedades y ataques personales absolutamente inadmisibles", motivo por el que decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado.
Es una constante. La senadora Carla Antonelli, de Más Madrid, escribía el pasado sábado en la red social X: "¿A dónde hemos llegado y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se ha normalizado e instaurado el acoso diario, las vejaciones, el odio y la transfobia sobre las vidas de las personas trans sin que tengan ninguna consecuencia? Es insoportable. Gracias a todas/os/es que han mostrado su apoyo". Su mensaje respondía a un comentario del agitador ultra Bertrand Ndongo, quien le escribió en la misma plataforma: "No @CarlaAntonelli, yo no soy homófobo y tampoco me pongo del lado de regímenes como el iraní, que te colgaría de una grúa por tener voz de camionero y decir que eres mujer con pene. Yo no haría daño a nadie por ser trans", después de perseguirla por la calle y grabar cómo la increpaba.
¿Acaso hay algo aislado?
La politóloga Anna López Ortega, autora del libro La extrema derecha en Europa (Tirant lo Blanch), considera que existe una estrategia de señalamiento que se ha ido consolidando en los últimos años. "Creo que sí estamos viendo un recrudecimiento y no es casual. La extrema derecha lleva años construyendo un clima de hostilidad contra determinadas mujeres que simbolizan avances feministas o posiciones progresistas", explica a Público. Según señala, el proceso suele comenzar con campañas de odio en redes sociales, medios afines o espacios ultras que convierten a determinadas figuras en "enemigas públicas". "Es un ecosistema bastante organizado", afirma la politóloga. Este proceso se produce, además, en un contexto de fuerte polarización política en el que determinadas figuras femeninas pasan a simbolizar lo que algunos sectores presentan como una "batalla cultural".
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En este sentido, López Ortega advierte de que el lenguaje de odio y la deshumanización juegan un papel clave en la escalada de la violencia: es entonces cuando "las amenazas, el acoso o incluso la intimidación más directa empiezan a parecer aceptables para algunos", señala. A su juicio, el objetivo último es claro: "Intimidar y lanzar un mensaje disuasorio al resto de mujeres que participan en el espacio público".
Uno de los elementos que preocupa especialmente a las organizaciones de derechos humanos es la progresiva difuminación de la frontera entre la violencia digital y la violencia que afecta directamente a la vida física de estas personas. Durante años, la mayor parte del hostigamiento contra mujeres con perfiles públicos se ha producido en el ámbito online, a través de campañas de odio, insultos masivos o acoso coordinado en redes sociales. Pero está empezando a trascender hacia otro plano.
La politóloga recuerda que el papel del lenguaje en los procesos de radicalización ha sido analizado en otros contextos históricos. "En otros momentos de la historia se ha constatado el carácter performativo del lenguaje, como analizó Viktor Klemperer en La lengua del Tercer Reich", señala. En ese marco, las amenazas de muerte, el señalamiento de domicilios o los intentos de agresión formarían parte de una posible escalada. "No significa que toda violencia digital acabe en violencia física, pero sí que el ecosistema de odio online puede funcionar como antesala o legitimación de formas más graves de intimidación", añade.
Virginia Álvarez, responsable del Área de Investigación en Derechos Humanos, Justicia e Interior de Amnistía Internacional, recuerda que "la relatora especial contra la violencia de género ya señalaba en 2018 que no existe una frontera clara entre la violencia online y la offline". La violencia puede desplazarse en ambas direcciones.
Álvarez señala a Público que este fenómeno tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de las víctimas. "Las mujeres terminan sintiéndose amenazadas físicamente y restringiendo su vida en el espacio físico, no solo su participación en Internet", afirma. Según explica, estudios realizados por Amnistía Internacional han mostrado que muchas mujeres con perfiles públicos modifican sus hábitos diarios o su presencia pública como consecuencia del acoso digital.
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La responsable de Amnistía subraya además que las mujeres que participan activamente en la vida pública -políticas, periodistas o activistas- son especialmente vulnerables a este tipo de violencias. Pues el objetivo no es únicamente dañar a la persona concreta que recibe las amenazas, sino "desplazarlas del espacio público", sostiene Álvarez. "Se habla mucho del chilling effect, ese efecto disuasorio que provoca que otras mujeres teman sufrir las mismas consecuencias (...) Al final se genera un efecto desmovilizador para otras mujeres que pueden plantearse no participar o reducir su exposición pública", añade.
El informe Violencia contra las mujeres en política en la UE, del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo lo confirma, al apuntar que la violencia contra las mujeres que participan en la vida política sigue siendo una de las principales barreras para su participación. A pesar de los avances en representación, las mujeres siguen estando claramente infrarrepresentadas en los espacios de poder: a nivel global, apenas el 27,2% de los parlamentarios son mujeres y solo 19 países tienen una mujer como jefa de Estado.
Entre las causas de esta desigualdad, el informe destaca precisamente la violencia dirigida contra las mujeres que ocupan cargos públicos o participan en el debate público. El 32% afirma haber sufrido algún tipo de violencia relacionada con su actividad política. Las formas más comunes son la violencia psicológica, las campañas de difamación o el acoso en redes sociales, aunque también se registran casos de violencia física o sexual. A pesar de todo, solo el 29% llegó a denunciarlo y, de esas denuncias, apenas el 22% terminó en algún tipo de consecuencia para los agresores.
"Ese dato es muy significativo porque muestra que no estamos ante casos aislados, sino ante un fenómeno estructural", insiste López Ortega. "Cuando participar en política implica asumir amenazas, acoso o campañas de hostigamiento, muchas mujeres optan por retirarse, autocensurarse o no dar el paso a cargos públicos", advierte. En ese escenario, concluye, "la democracia se vuelve menos plural y menos representativa".
Desde Amnistía Internacional también se insiste en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección. Álvarez considera que es necesario revisar cómo se están aplicando las herramientas existentes: "Cuando una mujer denuncia y pasan los meses sin que ocurra nada, hay una desprotección importante", afirma. A su juicio, las autoridades deben analizar cómo activar mecanismos más rápidos para detener estas dinámicas y garantizar la protección de las víctimas. Además, subraya que también es necesario exigir responsabilidades a las plataformas digitales que facilitan la difusión de contenidos violentos o amenazantes. "Los intermediarios de Internet también son actores que tienen responsabilidad", concluye.
Distintos colectivos han dado cuenta de que este clima de hostilidad también se está trasladando a otros espacios públicos. El pasado viernes, alrededor de una treintena de encapuchados irrumpieron en las facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Trabajo Social del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid para arrancar carteles del 8M, intimidar al personal y provocar destrozos, según han denunciaron organizaciones sindicales y feministas del centro, así como los decanos de las facultades.
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En un comunicado firmado por CNT, CGT, UGT, CCOO y el Punto Violeta de la UCM, los colectivos han calificado lo ocurrido como "una acción de violencia fascista que busca sembrar miedo, especialmente entre mujeres, personas racializadas, mujeres trans y otros colectivos que ya sufren agresiones y hostilidad por parte de grupos reaccionarios". El ataque se produjo en vísperas del día Internacional de las mujeres, una jornada en la que -dehecho- también estuvo presente un grupo de ultras. Durante la manifestación feminista en Madrid, la Policía detuvo a diez neonazis tras protagonizar altercados en el entorno de la marcha.
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