La Fiscalía solicitó en enero una orden de alejamiento para el marido de la mujer asesinada en Benalmádena

La Fiscalía de Málaga había solicitado en enero una orden de alejamiento contra el marido de Lina, la mujer presuntamente asesinada por él este domingo en Benalmádena (Málaga). Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la petición se realizó en respuesta a una denuncia presentada por la víctima el 21 de enero.

En su escrito, la Fiscalía también pidió la suspensión del régimen de visitas del acusado con sus hijos, pero la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga rechazó la medida. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada argumentó que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para conceder la orden de protección.

La negativa se basó en la valoración de riesgo realizada a través del Sistema VioGén -el sistema de protección de las víctimas de violencia de género-, que catalogó el caso como de "riesgo medio". A pesar de que la denuncia de Lina señalaba presuntas amenazas, coacciones y un delito leve de vejaciones, la jueza no consideró que existieran motivos suficientes para dictar medidas cautelares más estrictas contra el denunciado.

Este martes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga tomará declaración al acusado, quien presuntamente asesinó a su esposa en presencia de sus hijos menores de edad. El detenido fue quien, en la madrugada del domingo, alertó a los servicios de emergencia sobre un incendio en su vivienda en Benalmádena. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a Lina dentro de la casa sin vida y con signos evidentes de violencia.

El matrimonio llevaba 11 años casado y tenía tres hijos en común, todos menores de edad. Además, la víctima era madre de un cuarto hijo, mayor de edad –nacido en 2006– y de una relación anterior.

Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del crimen, mientras que la fiscal delegada de Violencia de Género de Andalucía, Flor de Torres, se ha hecho cargo del caso. Paralelamente, organizaciones feministas y colectivos sociales han convocado movilizaciones para exigir una mayor protección a las mujeres en situación de riesgo.