El Gobierno de Ayuso no sanciona desde 2023 a ninguna de las gestoras de centros que asisten a víctimas de violencias machistas

Hay dos herramientas en la gestión de contratos públicos que sirven a las administraciones para controlar que el servicio funciona bien. Por un lado, las penalidades, que son multas económicas previstas en los pliegos de los contratos. Se aplican, por tanto, cuando la empresa adjudicataria incumple alguna de las condiciones pactadas, por ejemplo, si no cubre una plaza de personal en el plazo establecido o si no presta un servicio determinado. Las sanciones, en cambio, son procedimientos administrativos más graves. Se imponen cuando se considera que la empresa ha incumplido de forma seria o reiterada sus obligaciones. Y pueden conllevar multas mucho más elevadas, la rescisión del contrato o incluso la prohibición de contratar con la administración en un futuro. Mecanismos, en definitiva, más contundentes. 

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva al menos desde 2023 sin sancionar a ninguna entidad que gestiona centros que asisten a víctimas de violencias machistas, mientras que solo a tres compañías les ha impuesto algún tipo de penalidad desde 2018. Todo ello en un contexto que conviene tener presente y es que el propio Ejecutivo autonómico ha reconocido que hasta 2023, en el caso de los centros que atienden violencias sexuales, y 2024, en el resto, ni siquiera disponían de un registro de las inspecciones que se llevaban a cabo. Visitas que, precisamente, son las que ayudan en buena medida a detectar irregularidades o deficiencias en los recursos.

La Asociación CREA España, Candelita y la Asociación Centro Trama son las tres entidades a las que se impusieron penalidades. La primera, en 2022, porque la coordinadora no cumplía requisitos contractuales y debido a la  ausencia de servicio jurídico durante dos días. Ello les supuso 74,97 euros y 374,85 euros, respectivamente. La segunda entidad fue penalizada en 2023 por tener vacante una de las dos plazas de psicóloga a jornada completa (1.637,50 euros) y, derivado de lo anterior, haber incumplido el criterio de mejora del contrato (1.637,50 euros). Trama, por su parte, fue penalizada en 2024 por no sustituir una serie de vacantes en plazo (1.617,67 euros). Desde 2018, en definitiva, la suma de todas las penalidades impuestas a las entidades gestoras de centros de violencia de género asciende a apenas 5.300 euros.

A esta reducida aplicación de penalidades y la ausencia de sanciones se suma la falta de registros de las inspecciones que se han estado llevando a cabo. La Comunidad de Madrid reconoció el pasado mes de julio, en respuesta a unas preguntas planteadas por la diputada socialista Lorena Morales, que antes de enero de 2024 no existía constancia escrita de visitas realizadas por el personal de la Dirección General de la Mujer a los centros, "se realizaban según la agenda y la disponibilidad de las profesionales del servicio de centros residenciales". Desde entonces, detalla la Comunidad, se han implantado reuniones mensuales de coordinación y visitas sorpresa semanales. En concreto, entre febrero de 2024 y junio de 2025 se realizaron entre diez y quince visitas mensuales a centros residenciales donde viven tanto mujeres como sus criaturas, y entre una y cuatro al mes a los de violencia sexual. En estos últimos, el registro empezó un año antes.

Con estos datos en la mano, Lorena Morales ha criticado duramente al Gobierno regional de Díaz Ayuso, a quien acusa de una "dejación de funciones" en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género: "Para las residencias de mayores hay muchas penalidades y de mucho dinero. Para los centros de violencia de género apenas hay, y las cuantías son muy bajas. Lo que demuestra es una falta absoluta de supervisión". La secretaria Igualdad PSOE-M subraya que esta falta de control tiene como consecuencia casos como el que Fiscalía se encuentra investigando en el centro nº 4, conocido por sus usuarias como "el Guantánamo de las mujeres", donde testimonios de mujeres que han vivido o viven allí apuntan a situaciones de maltrato. 

"Que no haya sanciones estaría muy bien si todo funcionara divinamente y no pasara nada. Pero cuando tienes a la Fiscalía investigando un centro y testimonios brutales de mujeres, hay algo que no se está haciendo bien", cuestiona Morales. Para la portavoz socialista, la presidenta Díaz Ayuso "no es la más indicada para dar lecciones" en materia de violencia machista, pues su Gobierno mantiene una red externalizada con "muchas carencias": "No vale con subastar los centros al peor postor. Lo mínimo que se le podría exigir a la Comunidad es que controle a quién se los entrega y supervise de verdad su funcionamiento. Y eso no se ha estado haciendo correctamente".

Público ha preguntado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales si considera que estas penalidades son proporcionales, así como qué diferencia establece la Comunidad en la práctica entre penalidades y sanciones, y qué criterios utiliza para aplicar unas u otras; por qué no se llevaban registros antes de las inspecciones que se llevaban a cabo en los centros  antes de las fechas mencionadas; si considera que las reuniones mensuales y las visitas sorpresa, implantadas desde 2024, son suficientes para garantizar la calidad del servicio y la protección de las mujeres; qué mecanismos de control adicionales tiene previstos para asegurar el cumplimiento de los contratos y evitar irregularidades en estos recursos; o si va a revisar los contratos con las entidades adjudicatarias para endurecer los mecanismos de control. 

Desde el departamento de la consejera Ana Dávila han respondido que "la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales realiza visitas de inspección así como de seguimiento de los contratos de manera periódica, y aplica las correspondientes sanciones y penalidades conforme a la normativa vigente".

La crítica esgrimida desde el PSOE tiene lugar en un contexto en el que el Partido Popular, también en la Comunidad de Madrid, ha centrado esta última semana buena parte de sus esfuerzos en criticar al Gobierno de España y al Ministerio de Igualdad por los fallos en los dispositivos de seguimiento telemático para víctimas de violencias machistas. Un interés político que contrasta con la postura adoptada por los Gobiernos autonómicos dirigidos por el PP en materia de violencia de género. Cabe recordar que precisamente en Madrid han caído en picado el número de charlas de sensibilización en materias de igualdad, de plazas disponibles en pisos para mujeres victimizadas y el presupuesto, tal y como evidencian los datos oficiales de la propia administración.