Ni Igualdad ni la Fiscalía aclaran a cuántas mujeres afectó los fallos en las pulseras para maltratadores

El centro Cometa, que se ocupa de controlar la ubicación de los agresores con órdenes de alejamiento en casos de violencia machista, sufrió una serie de fallos técnicos en 2024. Como consecuencia, temporalmente no se pudo acceder a los movimientos de los hombres que se encontraban bajo este sistema de monitorización. Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de quien depende este recurso, a través del Ministerio de Igualdad. Fuentes conocedoras de este proceso informan, en conversación con Público, que el origen del error se remonta al momento en que la gestión del servicio pasó de estar en manos de Telefónica -que lo subcontrataba a Securitas Direct- a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Vodafone y Securitas.

"El contrato previo contemplaba un plan de transición al que Telefónica se resistió después de más de diez años sin apenas mejoras tecnológicas", señalan dichas fuentes. La entidad refería, entre otras cuestiones, "que era técnicamente inviable separar a una víctima de varios agresores". Vodafone-Securitas, de hecho, "ganó el concurso con dispositivos multiagresor, más delgados, con apariencia de teléfono móvil y con más prestaciones", argumentan. 

Telefónica, sin embargo, no ha recibido ninguna sanción por parte del Ministerio de Igualdad. El departamento de Ana Redondo explica que se reunió con la entidad para que se corrigieran las incidencias a la mayor brevedad posible, pues era la "prioridad", alegan. Tampoco ha sido penalizada Vodafone-Securitas. Igualdad se encuentra en estos momentos trabajando en la que será la próxima licitación, que contemplará "mejoras" como, por ejemplo, que "el contrato sea por tres años prorrogable" a fin de reducir el impacto de las transiciones empresariales.

Una portavoz de Telefónica negó a Público que la compañía se hubiera resistido a colaborar: "Telefónica ha estado a disposición tanto del Ministerio como de Vodafone durante todo el proceso de transición". Por su parte, Vodafone-Securitas no ha respondido a las preguntas que le trasladó este periódico.

Problemas para probar los quebrantamientos

Cierto es que tanto Igualdad como la Fiscalía han remarcado que "las víctimas siempre han estado protegidas, porque los dispositivos han funcionado en todo momento". Pero no es menos verdad que ambas instituciones han reconocido que los fallos supusieron, si no un escollo, al menos una piedra en el camino en los "procedimientos por el delito de quebrantamiento". "La imposibilidad de aportar en el momento del requerimiento el informe solicitado por el juzgado pudo motivar el sobreseimiento provisional, pero una vez que se consiguió la información y se remitió al juzgado se posibilitó la reapertura de los mismos y su seguimiento hasta su finalización", afirma el Ministerio Fiscal. 

"Tenemos que dejar claro que en ningún momento los problemas que se advirtieron durante el corto período de migración de datos, en cuanto a la remisión de los informes a requerimiento judicial, determinaron el sobreseimiento de la causa ni la absolución del presunto agresor", señala el Ministerio Público. Una información que contradice lo que la propia Fiscalía recogió en su última Memoria anual, publicada hace apenas dos semanas. En ella explicitaba que los errores habrían implicado una "potencial desprotección de las víctimas", generando problemas tanto en la "fase de instrucción" como en los enjuiciamientos, "provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios". 

¿Cómo ha justificado la Fiscalía este cambio de discurso? El Ministerio Público ha argumentado que la Memoria de 2025, que recoge datos de 2024, "se redacta con mucha antelación". Exactamente el mismo razonamiento ha sido el que ha esgrimido el gabinete de Ana Redondo, que ha emitido un comunicado este jueves casi simultáneamente. Ambas instituciones han ofrecido el mismo relato tras la alarma que ha suscitado lo ocurrido. Una realidad que, por otra parte, no deja de ser una novedad a medias. Ninguno de los dos departamentos ha aclarado cuál fue el número de incidencias que tuvo lugar. Es decir, el número de mujeres que se vio afectadas; a pesar de que es el Ministerio Fiscal quien comunicó a la delegación contra la violencia de género el problema, según han explicado. En Igualdad insisten en que fueron "fallos puntuales", sin concretar la cifra. En 2025, aseguran, no se ha reportado "ninguna incidencia".

Trabajadoras de Cometa denunciaron fallos

Ya en diciembre de 2024 Público se hizo eco de una serie de denuncias que trabajadoras del centro Cometa relataron. "Las carencias en el funcionamiento de los dispositivos" habían dado lugar a "múltiples problemas: desde la congelación de la ubicación de los agresores durante horas, incluso días, impidiendo rastrear sus movimientos, hasta imprecisiones geográficas a causa de errores dentro de los GPS". "Estamos hablando de que algunos señores se pasan días con la pulsera rota. Víctimas que no reciben avisos sonoros de los dispositivos, ven a sus agresores y nadie les avisa. Pasa constantemente y es una revictimización en toda regla", expresó a este medio una trabajadora del centro, cuyo nombre prefirió mantener oculto.

Las empleadas lamentaban "la falta de personal (...) sobre todo en equipos de campo, que son al final los que entregan dispositivos y pulseras". "Se reciben llamadas de víctimas de violencia que denuncian haber perdido juicios porque los informes que enviamos sobre las posiciones no están bien", reconocía ya entonces una de ellas.

No en vano, el informe técnico de ponderación de criterios de adjudicación para contratar el servicio técnico de Vodafone-Securitas, donde se exponía la valoración del plan de transición de la empresa -así como la calidad de sus servicios- hacía referencia a "un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente. Además, es poco preciso, el detalle no es lo suficientemente extenso, aunque presenta una coherencia aceptable".