Un inicio de año de terror machista: por qué siguen las instituciones sin llegar a las víctimas

En lo que va de 2026, la violencia machista ha vuelto a dejar un balance de asesinadas que pone a cualquiera que lo lea la piel de gallina. Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el registro oficial suma hasta este lunes diez mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas -en los llamados feminicidios íntimos- y dos menores que han sido víctimas de crímenes machistas. Otras organizaciones especializadas, no obstante, amplían el foco para incluir asesinatos de mujeres cometidos por hombres en distintos contextos (familiares, comunitarios o aún en investigación). Entre ellas, está el registro de Feminicidio.net, que eleva la cifra todavía más.

Si se sigue ese listado, actualizado a 21 de febrero, se observa que los crímenes se concentran en las primeras semanas del año y se reparten casi sin tregua las siguientes. Enero comenzó con el asesinato de Pilar Sánchez en Quesada (4 de enero), seguido dos días después por el de Czarina C. en Las Palmas de Gran Canaria. En la madrugada del 11 de enero murió María Isabel en Olvera y el día 12 falleció en Badajoz María del Carmen Díaz Delgado a consecuencia de la agresión sufrida días antes. El 22 de enero se registró el asesinato de una mujer en L’Hospitalet de Llobregat; el 24, el de Victoria H. en Alhaurín el Grande. Ese mismo día fue asesinado en Sueca (València) un menor de 13 años. El 25, otra mujer fue asesinada en Lleida; el 27, se registró el de una mujer de 31 años en Córdoba a manos de su padre; y el 31, el de una mujer de 75 años en Algeciras, por su hijo. Todo eso en apenas cuatro semanas.

Febrero no mejora. El día 1 se produjeron dos asesinatos: el de María Belén Fernández en Mos, a manos de su expareja, y el de Heitrum Hellwig en Arona, presuntamente cometido por su hijo. El 16 de febrero fue asesinada Ana María en Benicàssim mientras trabajaba y, al día siguiente, María José Bou Valenzuela murió en su domicilio de Xilxes, donde también fue asesinada su hija menor. El 18 de febrero se registró el asesinato de Petronila B. F. en Madrid y el 20 de febrero fue asesinado un niño de diez años, en Arona, durante una agresión en la que su padre mató al menor e hirió gravemente a su madre. Un día después, el marido de Tatiana Rodríguez la mató en Sarriguren (Navarra).

Según Feminicidio.net, solo cuatro de las mujeres asesinadas en feminicidios íntimos habían acudido previamente al sistema judicial o policial, y en algunos casos incluso figuraban en el sistema VioGén o existían órdenes de alejamiento en vigor. En cambio, en los otros asesinatos dentro de la pareja no constaban denuncias previas. Por su parte, los asesinatos de mujeres cometidos por padres, hijos u otros hombres sin relación sentimental no suelen tener recorrido previo en los sistemas específicos de protección contra la violencia machista.

En el caso de los menores asesinados en contextos de violencia machista y vicaria, el patrón vuelve a ser desigual. La niña de 12 años asesinada junto a su madre en Xilxes, vivía en un entorno donde el agresor tenía antecedentes por malos tratos y una orden de alejamiento en vigor. El menor de 13 años asesinado en Sueca murió en un crimen vinculado a un conflicto previo del agresor con su expareja, que lo había denunciado con anterioridad. Mientras que en el asesinato de la criatura de diez años en Arona, no constaban denuncias previas contra el padre.

Igualdad pone el foco en el sistema de protección

El Ministerio de Igualdad ha respondido a esta última semana de terror machista con el envío de unas cartas con recomendaciones dirigidas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), en las que solicita reforzar la aplicación de los dispositivos telemáticos de control de agresores. 

El departamento de Ana Redondo advierte de problemas detectados en su uso y reclama mayor rigor en su cumplimiento. En particular, subraya el "mal uso de los dispositivos por parte de los inculpados" y los "incumplimientos de las obligaciones que conlleva esta medida judicial", recordando que la reacción institucional debe ser contundente. Es decir, los agresores deben saber que "siempre se incoará procedimiento por quebrantamiento de condena", además de las responsabilidades derivadas por los daños ocasionados. 

El documento también llama la atención sobre aspectos técnicos que pueden comprometer la eficacia del sistema de protección a víctimas. Entre ellos, los casos en los que la distancia de prohibición de aproximación es inferior a 350 metros, considerada la mínima necesaria para una respuesta operativa adecuada, ya que "a menos distancia la capacidad de reacción es muy complicada" para las fuerzas de seguridad. Asimismo, alerta de situaciones en las que el domicilio del agresor queda dentro del área de exclusión fijada en torno a la víctima, lo que provoca "continuas alarmas" que tensionan tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a la propia mujer protegida. 

Igualdad advierte, finalmente, del riesgo que supone la falta de cobertura en determinadas zonas, porque "si no hay cobertura no se puede garantizar la monitorización en todo momento", condición indispensable para que el sistema cumpla su función preventiva.

Relacionado con este tema

Igualdad propone a la Fiscalía y al Poder Judicial mejoras para la protección de las víctimas de violencia machista

EFE

En todo caso, desde el CGPJ, recuerdan en declaraciones para Público que "todo lo que es valoración del riesgo depende de la policía, de VioGén. Al juez le llega la valoración del riesgo policial y, en función de la valoración del riesgo y de todas las circunstancias de las que conozca el magistrado, toma la decisión".

Fallos de VioGén

El sistema VioGén -dependiente del Ministerio del Interior- es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, una herramienta que evalúa mediante un algoritmo el riesgo al que está expuesta una mujer por parte de su pareja o expareja, lo clasifica en distintos niveles y, en función de esa valoración, determina las medidas policiales de protección oportunas. Su activación suele producirse tras la denuncia, lo que ya de entrada, tal y como argumenta la catedrática Mª Consuelo Alonso García en Sistema VioGén: fallos y algunas propuestas de mejora, constituye una limitación estructural: "La ausencia de denuncia es uno de los más importantes obstáculos a la puesta en marcha de VioGén", ya que, sin ella, el programa no registra el caso y "silencia a la víctima". 

Aunque el sistema centraliza información de múltiples instituciones y permite un seguimiento coordinado en todo el territorio, su funcionamiento depende en gran medida de la calidad de los datos disponibles y de la evaluación correcta del riesgo inicial. El artículo subraya, sin embargo, que los fallos del sistema son significativos y de naturaleza diversa. En primer lugar, destaca la "falta de transparencia del algoritmo" que calcula el riesgo, ya que auditorías externas no han podido acceder a su código ni conocer con precisión cómo toma decisiones. 

Alonso García también advierte de posibles sesgos derivados de los datos manejados y de la falta de información completa sobre los agresores, lo que podría afectar a la fiabilidad de las predicciones y ha llevado a proponer registros más amplios que integren antecedentes y comportamientos previos.

A ello se suma el llamado sesgo de automatización. Es decir, la tendencia a considerar el resultado algorítmico como algo más que una recomendación y a delegar en la máquina decisiones que deberían ser tomadas por un profesional, cuando en realidad VioGén es solo "un primer diagnóstico", una "predicción inicial" que debe completarse con supervisión humana experta. La autora señala además una serie de déficits en la detección del riesgo grave y en el seguimiento continuado de los casos. 

Relacionado con este tema

Del alcalde de Móstoles al ex DAO: por qué los protocolos antiacoso acaban haciendo agua

María Martínez Collado

Las cifras ponen de relieve la limitada proporción de situaciones que reciben protección policial intensiva: "En definitiva, de los más de setecientos mil casos activos valorados por VioGén en 2023, sólo fueron calificados con riesgo medio, alto o extremo 28.697, lo que significa que no llega al 4% el número de mujeres que fue protegida por alguna medida policial". Esta realidad sugiere que el sistema puede estar infraestimando el peligro en muchos casos o no activar medidas suficientes a tiempo.

Mujeres, niños y niñas que siguen solas

Fuentes del Ministerio del Interior aclaran a este medio que "VioGén no es infalible y el riesgo cero no existe, pero el sistema funciona y ha demostrado su eficacia y el descenso en el número de asesinatos. Todos los crímenes se estudian en la Mesa de Evaluación de Casos Letales del Sistema VioGén, creada en febrero de 2023, para extraer conclusiones y seguir perfeccionando la respuesta policial". 

A lo que añaden que "el sistema VioGén está en continua evaluación y perfeccionamiento. En los últimos 20 años se han implementado mejoras, a medida que avanzaba el conocimiento y la experiencia. Junto con la puesta en marcha de VioGén 2, en enero de 2025, se aprobó el Protocolo 2025, para integrar, refundir y actualizar toda la normativa e instrucciones dictadas en la materia desde 2018".

Pero, aunque todo ello sea cierto, las mujeres, niñas y niños asesinados en estos dos meses ponen de manifiesto que es insuficiente. La jurista y experta en violencias machistas María Naredo considera que las medidas planteadas por el Ministerio de Igualdad tras los últimos crímenes abordan solo una parte del problema. A su juicio, centrar la respuesta en cuestiones técnicas -como el funcionamiento de los dispositivos o las zonas de exclusión- deja fuera otras factores estructurales que son los realmente decisivos. Esas variables "no tienen que ver exclusivamente con el funcionamiento de estas medidas". Para Naredo, el riesgo letal se construye a partir de un conjunto mucho más amplio de circunstancias sociales, institucionales y personales que no pueden reducirse a la eficacia de un dispositivo concreto. 

La experta pone el foco especialmente en la distancia entre las víctimas y el sistema de protección formal. Esto es, institucional. "Las mujeres siguen sin llegar a las instituciones y siguen sin llegar a la ayuda formal, menos aún a la denuncia", advierte a Público. Incluso cuando ese contacto se produce, añade, la respuesta institucional no siempre resulta accesible o coherente: "Cuando llegan luego no se coordinan suficientemente o no piden ayuda…" porque entienden que lo policial les resulta lejano a su sufrimiento cotidiano.

En esa misma línea lo explica la profesora Elena Larrauri. En su artículo ¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las denuncias?, señala que no es coherente exigir a las víctimas que confíen en la justicia "si luego el proceso penal no atiende a sus necesidades", ya que con frecuencia "todo el sistema parece estar más interesado en servir su propia lógica interna que en servir a las víctimas".

Relacionado con este tema

Al menos cuatro mujeres y dos menores asesinados en una semana marcada por los crímenes machistas

Público / Agencias

La autora sostiene que la insistencia institucional en denunciar como solución puede generar una gran frustración cuando la respuesta no cumple las expectativas creadas, lo que alimenta la desconfianza de las víctimas hacia la vía penal. Además, incide en que el proceso puede acarrear muchos riesgos, como el hecho de que el agresor tome represalias o los costes económicos. De hecho, explica que presentar la denuncia como objetivo en sí mismo puede ser contraproducente, porque responsabiliza implícitamente a las mujeres.

Larrauri destaca una de las variables a la que más atención hay que poner es la dependencia económica. Si una mujer carece de recursos, vivienda o apoyo para mantener a sus hijos, denunciar puede no ser una opción viable. Por ello, Larrauri razona que un Estado verdaderamente comprometido con la protección de las víctimas debería priorizar políticas sociales que reduzcan esa vulnerabilidad estructural, ya que combatir la desigualdad económica "es combatir la posibilidad de que toda mujer se encuentre en situación de tener que soportar una situación de malos tratos".