Más allá del machismo del juez Carretero: insultos, la minifalda y otras aberraciones en la judicatura

Desde preguntar si una víctima de violación "cerró bien las piernas" hasta murmurar insultos como "hija de puta" sobre una mujer que había denunciado violencia machista. Son decenas los ejemplos que retratan la violencia institucional que impregna nuestro sistema judicial y perpetúa los prejuicios patriarcales que debería contribuir a erradicar la afamada Justicia. Así lo demuestran decisiones como las del juez que describió como "jolgorio y regocijo" las grabaciones de la agresión de La Manada, o aquel que, frente al brutal asesinato de una mujer con 70 puñaladas, concluyó que no hubo ensañamiento tras considerar que el agresor no causó un sufrimiento "innecesario" a la víctima. 

Las imágenes del interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá, filtradas ilegalmente la semana pasada, volvieron a poner sobre la mesa este problema estructural que lastra la judicatura de nuestro país: la falta de formación en perspectiva de género. Su historia, como las mencionadas antes, no son ninguna excepción, sino una prueba más del machismo arraigado que se reproduce en los tribunales. Y es que, tal y como recuerda en una conversación con Público Glòria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y una de las fundadoras de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE), la formación en perspectiva de género en el ámbito judicial es limitada y solo comenzó a implementarse como voluntaria en 2018, tras el pacto de Estado de 2017 contra la violencia de género. Solo es obligatoria en los juzgados especializados en violencia de género, lo cual no refleja el abordaje integral de la problemática que exige la normativa internacional. "La perspectiva de género debería ser incorporada obligatoriamente en todas las jurisdicciones, especialmente la civil y el laboral, porque es en estos espacios desde donde se prepara el caldo de cultivo para las agresiones y los asesinatos", expresa Poyatos.

Glòria Poyatos: "La perspectiva de género debería ser incorporada obligatoriamente en todas las jurisdicciones, especialmente la civil y el laboral"

La jueza insiste en que la formación en esta materia tan sensible, con un impacto tan grave sobre la mitad de la población, debe ser "transformadora" y advierte de que "eso no se consigue con una mera lectura y un test que evalúe cuánto has adquirido de esa lectura". "Es necesario un modelo que incluya experiencias prácticas, como el programa Educando en Justicia Igualitaria, diseñado por AMJE, que simula juicios reales con enfoque de género", ejemplifica Poyatos. Solo una capacitación más rigurosa y extendida podrá evitar casos como el que ya analizó la magistrada en un artículo de opinión publicado en el Huffington Post en 2017. En ese texto, Poyatos discurrió sobre un episodio que dejó helada a buena parte de la sociedad, cuando una jueza preguntó a una víctima de violación si había cerrado bien las piernas durante la agresión en 2016. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para más inri, decidió archivar el procedimiento disciplinario impulsado tras una denuncia promovida por la Asociación Clara Campoamor contra la magistrada.

El tratamiento que recibió este caso por parte del CGPJ contrasta con otro similar ocurrido en Canadá en 2014, apenas unos años antes. Tras las numerosas críticas recibidas por parte de juristas, el magistrado pidió disculpas públicamente tanto a la víctima como a todas las mujeres por su conducta inapropiada y anunció su decisión de asistir voluntariamente a talleres de sensibilización en género. Sin embargo, este acto de "arrepentimiento espontáneo", como expuso Poyatos, no fue suficiente para evitar que el Consejo Judicial Canadiense recomendara su destitución inmediata, argumentando que su comportamiento había sido "profunda y manifiestamente destructivo para los principios de imparcialidad, integridad e independencia". Finalmente, en marzo de 2017, el juez presentó su renuncia.

Fuentes del CGPJ admiten que existe una desconexión entre la forma de abordar la violencia de género y sexual en el ámbito sociopolítico y en la judicatura de nuestro país

Fuentes del CGPJ admiten a Público que en España existe todavía esta desconexión entre la forma de abordar la violencia de género y sexual en el ámbito sociopolítico y en la judicatura. Reconocen, además, que durante el mandato de Carlos Lesmes, el CGPJ mostró una notable permisividad al evaluar posibles infracciones de magistrados, especialmente en casos relacionados con violencia machista. Algo que con la renovación del órgano se busca enmendar, a fin de alinearse con la creciente sensibilidad social hacia estos temas y adoptar criterios que cumplan con la legislación internacional: "Actuaciones antes consideradas leves ahora seguramente podrían clasificarse como más graves", destacan.

En este momento, está por ver qué ocurrirá con las diligencias abiertas por el CGPJ para estudiar si las preguntas revictimizantes de Carretero a Mouliaá constituyen algún tipo de infracción. Pero Victoria Rosell ya ha advertido que la normativa contempla como mucho sanciones leves o graves, que van desde una amonestación a una multa de 3.000 euros como máximo. En ningún caso se contempla su apartamiento del proceso. 

Está por ver qué ocurrirá con las diligencias abiertas por el CGPJ para estudiar si las preguntas revictimizantes de Carretero a Mouliaá constituyen algún tipo de infracción

De cualquier modo, bajo este marco no resultará demasiado extraño que episodios como la conocida "sentencia de la minifalda", dictada por el juez Rodrigo Pita en la Audiencia de Lérida en 1990, sigan teniendo lugar. Entonces, una joven de 17 años denunció haber sido agredida por su jefe, pero el juez, aunque condenó al agresor, incluyó en su fallo que la joven podría haber "provocado, si acaso inocentemente", al empresario debido a su vestimenta. Tampoco sorprende la impunidad con la que jueces como Francisco Javier Martínez Derqui pueden llegar a referirse a las denunciantes como "bicho" o que otros como Juan Manuel Piñar dicten sentencias contra madres protectoras –así lo hizo con Juana Rivas– que se niegan a entregar a sus niños a sus padres maltratadores.

Parece que, como cuenta Rosell, los magistrados son muy creativos a la hora de preguntar y deliberar sentencias revictimizantes. Conviene no perder de vista que Carretero llegó a decirle a Mouliaá: "¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?". Sin embargo, no lo parecen tanto a la hora de formular la única pregunta que importa tanto a las víctimas como a los victimarios. Es decir, si se pactó en algún momento el consentimiento de lo que vendría después.