La protección del hijo de Juana Rivas queda en el aire mientras los juzgados se derivan responsabilidades

Juana Rivas es ya un símbolo de lucha frente a las deficiencias del sistema burocrático y judicial en la protección a las víctimas de violencia machista. Su historia volvió a situarse en el centro de la agenda mediática hace apenas un mes, esta vez debido a que estaba en juego la protección de su hijo menor, Daniel. El niño de diez años había pedido ayuda varias veces en las últimas visitas a su madre y llegó a afirmar temer por su vida si continuaba viviendo con su padre. Tras ser escuchado por primera vez en un juzgado de guardia el pasado martes, su caso quedó bajo la supervisión de la jueza Aurora Angulo, cuyo historial en este proceso, tal y como han recordado los abogados de Rivas, "desencadenó las nefastas consecuencias por todos conocidas".

En 2016, cuando llegó a España con sus dos hijos escapando de su entonces pareja, Juana Rivas presentó una denuncia en la que describía haber sufrido años de violencia machista. Pero Angulo, en lugar de actuar según lo establecido en el artículo 17 del Estatuto de la Víctima –que exige la traducción y remisión de denuncias internacionales–, archivó el caso. Este incumplimiento y error, que tardó más de un año en subsanarse, marcó el inicio de todo el entramado judicial que vino después y que no supo reconocer el contexto de violencia del que esta madre y los dos entonces pequeños huían. El padre, Francesco Arcuri, alegó sustracción internacional de menores, y los tribunales italianos resolvieron sin considerar tampoco el riesgo real para los niños.

Ocho años después y con el indulto parcial de Rivas de por medio, el periplo continúa. Desde su llegada a Granada el pasado 22 de diciembre, con permiso para pasar las fiestas navideñas, la madre y sus abogados han intentado por todos los medios que Daniel fuera escuchado y protegido en nuestro país. 

La jueza Aurora Angulo archivó durante un año la denuncia por malos tratos interpuesta contra Francesco Arcuri en 2016, incumpliendo el artículo 17 del Estatuto de la Víctima del Delito

El pasado 6 de enero el Tribunal de Cagliari, en Cerdeña, desestimó la solicitud de Rivas para que el niño pudiera quedarse junto a ella y su hermano mayor de edad. Ante esta negativa, y considerando los riesgos que implicaría un posible regreso del menor, el equipo jurídico de Rivas llamó a todas las puertas. En una sola jornada, el caso pasó por tres magistrados distintos y solo una decidió tomar declaración al pequeño.

Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Granada, que tenía conocimiento del caso, se inhibió a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2, especializado en estas cuestiones. Sin embargo, la jueza titular (Aurora Angulo) estaba de permiso, y su suplente declinó tomar decisiones sin contar con el expediente completo. Mientras las horas transcurrían y el panorama seguía sin resolverse, los abogados recurrieron a la Fiscalía y consiguieron que el Ministerio de Infancia se involucrara. Finalmente, en un último intento, acudieron al juzgado de guardia. 

La jueza de guardia dió credibilidad al testimonio de Daniel sobre el miedo de regresar con su padre, investigado en Italia por maltrato

Fue allí donde, por primera vez, el testimonio de Daniel fue escuchado y se le otorgó una medida cautelar que le permitía in extremis permanecer en España, suspendiendo así su retorno a Italia con Arcuri –quien, de hecho, está siendo investigado por presuntos malos tratos–. Con todo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Granada, presidido por Angulo, al que se había vuelto a remitir el caso, ha decidido este viernes inhibirse y devuelve al juzgado de instrucción. En su auto, la magistrada argumenta, como ya hizo en 2016, que los hechos denunciados ocurrieron en Italia y que, por lo tanto, exceden su jurisdicción. Además, considera –una vez más– que no hay indicios suficientes de violencia de género en las denuncias presentadas por Juana Rivas. De esta forma, su interpretación vuelve a ser protagonista.

"No es un problema de legislación, sino de aplicación"

El equipo jurídico de Juana Rivas considera "un hecho gravísimo" que Angulo, especializada en violencia de género, "no comprenda lo que es la violencia vicaria" –esa que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre–, incluso tras haber podido leer el testimonio desgarrador de Daniel, en el que expresó su "miedo, angustia y terror" ante un posible regreso. Paqui Granados, directora del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada) que asesora a Juana Rivas, lo expone con claridad: "El juzgado que preside su señoría lleva años desprotegiéndoles (...) La magistrada desconoce o quiere desconocer lo que la normativa vigente exige". 

"Estamos ante una plaga terrible", ha expresado Granados refiriéndose a la violencia vicaria. "Es una de las formas más salvajes de violencia contra las mujeres y los niños. Lo que necesitamos son profesionales a la altura, con la formación adecuada para identificarla y atajarla". El "verdadero problema" radica, de acuerdo con su valoración, en la falta de ejecución de las leyes: "No es un problema de legislación –aunque sea mejorable–, sino de aplicación. Y ese problema tiene su raíz en la falta de capacitación de profesionales como esta jueza". 

Paqui Granados: "El juzgado lleva años desprotegiendo a Juana y a sus hijos (...) La magistrada desconoce o quiere desconocer lo que la normativa vigente exige"

Por suerte, tal y como ha señalado a través de un comunicado Carlos Aránguez, la decisión de Angulo no afecta a la medida cautelar vigente: "Daniel se queda aquí, y seguiremos luchando incansablemente para que esa decisión provisional se convierta en definitiva", ha expresado el abogado. Es más, el niño ya está escolarizado en España y celebrará este sábado su undécimo cumpleaños "en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar". 

Ante estas críticas, un centenar de jueces y juezas titulares de juzgados de violencia sobre la mujer han suscrito un comunicado en el que muestran su "enérgica repulsa" por lo que consideran un "ataque personalizado" contra Angulo.

Reconocer al menor como sujeto de derechos

Entre tanto, el Ministerio de Igualdad ha subrayado la importancia de priorizar el interés superior del menor, frente a las discrepancias judiciales sobre cuál es el órgano competente para decidir sobre su situación. Y, desde "el respeto a la independencia judicial", la ministra Ana Redondo ha insistido en que ese interés "consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador". Unas palabras que reflejan la necesidad de abordar este caso con un enfoque centrado en los derechos de la infancia, evitando que Daniel quede supeditado, como un apéndice, al proceso judicial que atañe a su madre.

En otras palabras, la ministra ha recordado que España, tal y como explicaron las expertas María Naredo y Violeta Assiego a Público en este reportaje, tiene la responsabilidad de hacerse cargo de la protección de Daniel de acuerdo con el Convenio de Estambul, las directrices del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de La Haya.