Javier, Tito, fue magistrado en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, antes había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial. Javier participó, al inicio de su carrera profesional, en un congreso llamado: la justicia tiene solución, años después, desde Jueces para la Democracia, impulsó las bases del pacto de Estado para la Justicia. Estas iniciativas no contaron con el desarrollo político y económico necesario para cambiar las estructuras de funcionamiento de la administración de justicia, quedaron en meras proclamas olvidadas en algún cajón del Ministerio.

Javier siempre decía que para cambiar la justicia eran necesarias medidas de cierto calado, cambios legales profundos, sin embargo, creía que había que dar un primer impulso innovador proponiendo medidas inmediatas, que pudieran adoptarse en pocos días y que visibilizaran la voluntad del cambio. Recuerdo que daba un golpe de mano sobre las mesas de negociación y reclamaba actuaciones urgentes que sirvieran como revulsivo a otras de mayor calado.

Javier Martínez Lázaro murió hace unos meses, hasta el último día luchó, discutió y puso su capacidad, también su bondad y humanidad al servicio de la justicia, al servicio público de la justicia. El 22 de febrero, a las 18’30 horas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, nos reunimos un grupo de amigos para recordarle y para reivindicar su legado humano, profesional e intelectual.

La justicia ha dejado de ser una prioridad para la gobierno. Puede que la justicia no haya sido una prioridad para ningún gobierno en los últimos 20 años. La crisis económica y financiera iniciada en el año 2008 ha desmantelado en parte las bases del Estado Social, las medidas adoptadas han servido, a duras penas, para minimizar los daños en los estamentos financieros, pero han dado la espalda a los ciudadanos de a pie.

Las desacertadas medidas adoptadas para afrontar la crisis han desembocado en una crisis institucional de primer orden, no basta con un cambio de modelo económico, hay que buscar nuevos consensos políticos y sociales para garantizar la convivencia.

En este marco la justicia se convierte en una pieza fundamental, de hecho siempre lo ha sido, una buena administración de justicia, eficaz, cercana y clara, es un instrumento básico para la cohesión social. Tan importante como pueda ser la sanidad, la educación o la investigación.

La justicia, sin embargo, ha desaparecido de las agendas de los partidos políticos, hay pocas ideas nuevas sobre la materia, sólo lugares comunes, eslóganes huecos. Es cierto que en el Congreso de los Diputados se puso en marcha una comisión pero sus trabajos y conclusiones distan mucho de visibilizarse en propuestas concretas.

Ahora, más que nunca, es necesario reivindicar un cambio profundo de la justicia y su organización

Ahora, más que nunca, es necesario reivindicar un cambio profundo de la justicia y su organización.

El gobierno, cualquier gobierno, los partidos tradicionales, los partidos emergentes, los sindicatos, las asociaciones, los movimientos sociales, los ciudadanos de a pie, deberíamos ser conscientes de la urgencia de un cambio radical en la justicia. Hay que reaccionar frente a juzgados agobiados de trabajo que señalan juicios a tres años vista, frente a demandas de consumidores que se acumulan por miles en los decanatos, sin capacidad de respuesta.

La carrera judicial está desfondada, tenemos una ratio de juez por habitante que se encuentra en la cola de los países de nuestro entorno. Disponemos de una planta judicial diseñada hace más de cuarenta años, construida a partir de una distribución por municipios o partidos judiciales del siglo XIX. La oficina judicial sigue siendo galdosiana y los esfuerzos modernizares nacen obsoletos.

Jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios en general trabajan en condiciones absurdas, sin instrumentos suficientes para afrontar sus responsabilidades de modo eficaz, sin posibilidad de desarrollar una carrera profesional. Los tribunales en su base, en la que tiene contacto directo con la gente de la calle, está sometida a normas provisionales, no hay planes integrales estructurales para afrontar problemas que comprometen no sólo la eficacia, sino también la credibilidad de las instituciones.

Hay soluciones posibles que mejorarían sustancialmente la justicia, medidas que podrían adoptarse en pocos meses. Si algo aprendí de Tito es que no se puede dejar de ser optimista, que no hay que dejarse vencer, que hay que ocupar espacios y propuestas, en definitiva que la justicia se puede y se debe cambiar.

Javier Martínez Lázaro (1954-2017), magistrado, será homenajeado este jueves en un acto público organizado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 18.30 horas.