Por Rosa García, miembro de La Comuna.

Eran poco más de las nueve de la noche del 26 de septiembre de 1975 cuando el ministro de Información y Turismo de Franco, León Herrera Esteban, anunciaba el “enterado” del Consejo de Ministros de cinco penas de muerte que serían ejecutadas al día siguiente. Tres militantes del FRAP, Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, y dos militantes de ETA, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxeverria, caerían ante los pelotones voluntarios de guardias civiles y policías armadas al día siguiente.

Estalló la rabia y el dolor en todos los hogares de las gentes de bien. También en las cárceles llenas de presas y presos políticos. En la sala de la televisión de la cárcel de Yeserías, el dolor y la impotencia se apoderó de las prisioneras ¡Se habían atrevido! Se atrevían a matar a cinco jóvenes antifranquistas, luchadores por la democracia y la libertad del pueblo oprimido por una dictadura sanguinaria y cruel que ya duraba 39 años.

La mujer de Sánchez Bravo, detenida en Yeserías, consiguió que la trasladaran a la cárcel de Carabanchel donde estaba su marido para poder acompañarle en su última noche. La compañera de Xosé Humberto, igualmente presa, no obtuvo el permiso. No estaban casados. ¡Tamaña crueldad! En su última noche, Xosé Humberto, escribió una emotiva y maravillosa carta que comienza con la frase: “Mañana, cuando me maten…”

Concepción Tristán López y María Jesús Dasca Penelas, las dos mujeres sobre las que pesaba una petición de pena de muerte, conmutada en última instancia por treinta años de reclusión, recibieron la noticia en las celdas de aislamiento donde llevaban varios días. Apenas habían salido de esas celdas desde que entraron, procedentes de la Dirección General de Seguridad. Habían sido detenidas a finales de agosto y salvajemente torturadas. En poco más de dos semanas se había montado el consejo de guerra sumarísimo sin tiempo para nada, ni para sus abogados, que apenas tuvieron contacto con los procesados y que acabaron siendo expulsados de la sala de injusticia militar. Las dos militantes del FRAP han fallecido prematuramente, sin posibilidad de obtener justicia ni reparación.

El resto de los procesados en los consejos de guerra sumarísimos de El Goloso: Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, Vladimiro Fernández, Fernando Sierra y Manuel Cañaveras, también recibieron la noticia en las celdas de incomunicación de la cárcel de Carabanchel.

El verano de 1975 había comenzado pronto, una ola de calor recorrió las tierras de España a primeros de julio. El agobio canicular agudizó aún más, si fuera posible, la crispada situación que se vivía. Franco se moría y los franquistas y sus aliados andaban apresurados asegurándose la poltrona.

La crisis económica que se había desatado en 1973 a consecuencia del embargo de petróleo dictado por la OPEP a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kipur, estaba afectando gravemente a la dependiente economía española y el régimen se empeñaba en ocultarlo. La inflación, la subida de precios, la congelación de salarios y los despidos habían desatado largas luchas obreras. No era novedad en estas tierras asoladas por la dictadura. El llamado “milagro económico español”, que tanto cacarean los franquistas de viejo y nuevo cuño, se realizó en base al sacrificio de la clase obrera a quien se sometió a salarios paupérrimos y a pésimas condiciones laborales, sin posibilidades de protesta, soportando la opresión constante de la dictadura que declaraba el estado de excepción en cuanto veía mínimamente en peligro su paz social. La “paz” franquista, otro infundio.

Las cifras son claras: en 1975 medio millón de trabajadores participaron en algún tipo de lucha y las horas de trabajo perdidas fueron unas diez millonesⁱ. El detonante solían ser las reivindicaciones laborales, pero también se iban añadiendo las políticas, tales como la lucha por las libertades democráticas, el derecho a huelga, libertad sindical y libertad de expresión. Además, otros sectores sociales como el movimiento estudiantil, que había comenzado a despuntar en 1967-1968, unían sus fuerzas con el movimiento obrero en la lucha por la democracia. A lo largo del curso 1974-1975 se llevaron a cabo en las universidades de toda España varias jornadas de lucha, saltos y manifestaciones estudiantiles que fueron reprimidos por la policía y los rectores, que declararon el cierre de las universidades en varias ocasiones.

En los barrios, el movimiento vecinal que había comenzado en la época de las grandes emigraciones del campo hacia la ciudad y la extensión de los suburbios de chabolas y barrios-dormitorio, estaba ganando peso peleando por la mejora de las condiciones de vida, del transporte, de la educación y de la sanidad. Cualquier mínima reclamación, se convertía en una lucha política.

Otras reivindicaciones se iban añadiendo, como la lucha de las mujeres por la igualdad, contra la discriminación laboral, por el derecho al puesto de trabajo, por la despenalización del aborto, por el derecho al divorcio... Amplios sectores de la cultura, se atrevían a mostrar su apoyo a la lucha contra la dictadura, a pesar de ser objeto de represión política. Un ejemplo fueron los actores que, en 1974, realizaron una huelga de amplia repercusión pidiendo la función única.

La presión popular sobre la dictadura iba en aumento y el régimen se defendía de la única forma que sabía y estaba dispuesto a hacer: con el palo y tente tieso. Desde el año 1973 se dispara la represión, como lo atestigua el número de sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, que aumentaron considerablemente, pasando de 325 en 1972, a 506 en 1973; 567 en 1974 y 527 en 1975ⁱⁱ.

El 2 de marzo de 1974 fue asesinado Salvador Puig, por garrote vil. La dictadura seguía matando. En abril de 1975 se declaró el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya, durante tres meses, que desencadenó un nuevo ataque de terror policial y de grupos de ultraderecha contra la población. Incluso se llegó a habilitar, brevemente, la plaza de toros de Bilbao para encerrar a los detenidos.

La actuación policial en la represión de las protestas siguió causando muertos, destacando los casos de Miguel Roldán Zafra, asesinado por disparos de la guardia civil, el 1 de agosto de 1974, en Carmona (Sevilla), durante una manifestación por el agua; Víctor Manuel Pérez Elexpe, asesinado por disparos de la guardia civil, el 20 de enero de 1975, en Portugalete, cuando repartía octavillas en solidaridad con los trabajadores de la empresa Potasas de Navarra; y Jesús García Ripalda, asesinado por disparos de un sargento de la policía armada, el 31 de agosto de 1975, en Donostia, durante una manifestación contra las penas de muerte para luchadores antifranquistas. Sólo en ese año 1975, se produjeron más de una docena de asesinatos policiales por repartir propaganda, pegar carteles, hacer pintadas, o simplemente debido al gatillo fácil de las fuerzas armadas represivas que se sabían (y continúan sabiendo) impunes.

A pesar del aumento de la represión, la descomposición del régimen se hacía evidente y los sustentadores del poder andaban en componendas para realizar una transición controlada que supusiera el menor cambio posible y les asegurara la reinstauración monárquica decidida por Franco. Llevaban tiempo entablando conversaciones con dirigentes de organizaciones de la oposición, incluyendo los del PCE. Al parecer, a estos dirigentes, se les había olvidado que sus propios militantes lucharon con tesón y heroicidad contra el franquismo desde el primer momento y habían sido víctimas de asesinatos, fusilamientos, torturas y cárcel.

Entre los prebostes destacados del régimen destacaba el exministro franquista Fraga Iribarne, que andaba enredando desde la embajada en Londres para intentar vender una imagen remozada y “aperturista” de la dictadura, a pesar de su estrepitoso fracaso en el mismo empeño unos años antes, justamente cuando, en 1963, firmó el “enterado” de los fusilamientos de Julián Grimau (dirigente del PCE) y de los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado. Sus contactos con los demócrata-cristianos alemanes y los conservadores británicos le habían asegurado una aceptación sin fisuras del sucesor de Franco, Juan Carlos de Borbón, al que los antifranquistas apellidaban “El Pelele”. Ya tenían el apoyo del gobierno estadounidense, necesitado de estabilidad y seguridad para seguir manteniendo sus bases militares y sus negocios en nuestro país.

Ante este panorama político-económico convulso, la dirección del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), un grupo abiertamente de izquierdas que luchaba por una República democrática y por el desmantelamiento de las bases norteamericanas, llamaba a la lucha armada contra el régimen. Había que dar un paso más, la estaca estaba podrida, como decía la famosa canción de Lluis Llach, y era preciso darle un último empujón. Con más entusiasmo que fuerza se hizo realidad la consigna.

La respuesta represiva no se hizo esperar. Cientos de militantes y simpatizantes de esta organización y de otras organizaciones de izquierdas, como LCR (Liga Comunista Revolucionaria) y de la izquierda nacionalista, fueron detenidos, brutalmente torturados y encarcelados. Continuando con el afán del régimen de legalizar la represión, el 26 de agosto de 1975 las Cortes franquistas aprobaron el Decreto-Ley 10/75, de Prevención del Terrorismo, conocido como Ley Antiterrorista que, en parte, sigue vigente. Tenía carácter retroactivo y reeditaba artículos de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939; es decir, era una vuelta a la dura represión de postguerra.

El 27 de septiembre de 1975, en el madrileño pueblo de Hoyo de Manzanares se consumó la última infamia del asesino dictador Franco, que murió dos meses después. La enorme movilización internacional y nacional (ferozmente reprimida) no había podido conseguir que este felón traidor depusiera su deseo de morir matando.

El régimen fascista/franquista quedó, de nuevo, retratado como lo que era. Las pinceladas de “renovación” que se habían empeñado en dar los oligarcas que habían sustentado al régimen se borraron de golpe. El mundo entero pudo ver la verdadera calaña de la dictadura franquista. Les estalló la burbuja que habían intentado crear sobre una dictadura renovada con “espíritu de febrero” incluido.

Las últimas ejecuciones del franquismo movilizaron a los pueblos del mundo exigiendo a sus gobernantes una denuncia clara y contundente contra la dictadura. Y el pueblo español recibió esa enorme ola de solidaridad a pesar de la censura. Estos acontecimientos ¿alteraron los planes de la oligarquía franquista? Seguro. No se lograron muchos de los objetivos de ruptura democrática por los que tantas y tantos lucharon, pero las élites dirigentes tuvieron que ceder en algunas cosas a las que no se habían mostrado dispuestas, aunque mantuvieron en activo las mismas fuerzas represivas, leyes y judicatura, para asegurarse el éxito de su maniobra en la transición. El resultado lo conocemos: 188 muertos por la acción policial y parapolicial entre 1975 y 1983ⁱⁱⁱ, que se añadieron a la larga lista del franquismo.

Ninguna de las condenas dictadas por los jueces franquistas contra los luchadores antifranquistas pueden mantenerse, ni las del Tribunal de Orden Público (TOP), ni las pronunciadas en juicios sumarísimos y, menos aún, las que impusieron penas de muerte, que en realidad fueron asesinatos legalizados. Fueron dictadas por jueces franquistas con leyes franquistas y en juicios-farsa, sin posibilidad alguna de ejercer el derecho de defensa.

Nada se consigue para siempre, pero el recuerdo de estos cinco jóvenes asesinados el 27 de septiembre de 1975 es un acicate para seguir peleando por acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo y para lograr lo que ellos soñaron: ¡Una República democrática!