Por Celia Vidal (@CeVidal2)

Empieza la campaña electoral para las autonómicas y municipales y abordar los estereotipos de la narrativa política en materia de migraciones es un desafío. Es la primera vez que vamos a las urnas después de una pandemia en la que se evidenció la importancia de una estructura sólida en servicios esenciales, muchos de ellos llevados a cabo por personas migrantes en situación administrativa irregular. Según el informe ‘Esenciales’, en España hay medio millón de personas en esta situación y la mayor parte en edad adulta están trabajando dentro de la informalidad, la mayoría en actividades del hogar, hostelería, sector manufacturero y servicios sanitarios y sociales, tal y como este miércoles explicó en el Congreso de lo Diputados Gonzalo Fanjul, cofundador de la Fundación porCausa. En su intervención, Fanjul destacó la “falta de accesibilidad a las herramientas de protección que tiene nuestro sistema” y la arbitrariedad “preocupante y alarmante en el acceso a derechos esenciales como la educación y la sanidad”. Algo que se agrava, apunta este experto, “por el temor de estas personas a exponerse a las autoridades”.

Recientemente viralizó en redes un vídeo de 2019 en el que un jornalero pedía una regularización de su contrato, a lo que el encargado le respondía “yo la ley me la paso por los huevos”. ¿Qué espacio ocupan estas denuncias? ¿Se quedan en retuits o llegan a llegan a manos de las autoridades? El cableado entre esta realidad y quienes prometen cambiarla nos deja varias dudas de cara al 28 de mayo: ¿Cómo se politizan las migraciones? ¿Qué pasa con estas personas en las elecciones? ¿Qué rol juegan de cara a las urnas?

En las grietas informativas se cuelan los bulos que hacen eco en los votos. Si los medios no se responsabilizan de su función en los asuntos migratorios, se genera un vacío que es ocupado por la narrativa política. Un fenómeno que Javier Pajarón, periodista en La Voz de Almería, resume en el concepto ‘vaciamiento de la información’.

Abordar esta cuestión ha sido una de las misiones del VI Congreso de Periodismo de Migraciones, organizado por la Fundación PorCausa y AEXCID en Mérida, Extremadura. Allí Pajarón resaltaba la ausencia de interés por hablar de ello en política: “No aparecen en la agenda, no están representados. El único partido que lleva en sus programas este asunto es Vox. No es casual que la portavoz de este partido en el Congreso en asuntos de migración sea diputada de Almería”. La ruta argelina es uno de los principales escollos en la cobertura nacional y, desde lo local, la precariedad empieza en la desconexión institucional con la información: “Yo vivo en un sitio en el que llega una patera con diez muertos y nadie te los confirma. Ni Guardia Civil, ni Policía Nacional, ni Ministerio del Interior… Salvamento Marítimo, a veces sí. Si dejamos vacío ese hueco, lo van a llenar”, decía Pajarón, con la contundencia de un puño en la mesa.

Y si se cuenta, hay que ver cómo se cuenta: “Yo he llegado a titular ‘Llegan en una patera cien personas ilegales’ y luego les llamábamos simpapeles” contaba Javier Barrera, del Diario Ideal de Granada, “afortunadamente esto ha cambiado”. A pesar de los estereotipos, África juega un papel menor en este fenómeno: solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos. El informe, realizado por la Fundación PorCausa, revela que la mayoría de los flujos de migración irregular tienen su origen en América Central y del Sur. Siete de cada diez personas sin papeles provienen de esta región. “Nuestros antepasados también migraron, precisamente a estos lugares… En Asturias tenemos un museo de la emigración”, apuntaba Diego Diaz Alonso de Nortes.es. Una comunidad que acude a un debate público sobre la despoblación y el envejecimiento y “acoge con amabilidad la migración”. Aunque, decía Alonso, “el Gobierno busca una migración VIP. La idea de Asturias como el paraíso y tierra prometida del teletrabajo, también como oasis climático”.

Mientras se frivolizan las migraciones climáticas, los movimientos internos por falta de empleabilidad continúan. Según los últimos datos del INE y las comunidades autónomas, Castilla La Mancha tiene 26 habitantes por km²; Castilla y León y Extremadura tan solo 25. “Se ha anunciado la creación de 30.000 puestos de trabajo y el problema es la falta de mano de obra cualificada”, afirma Rocío Romero de Hoy Extremadura. Es algo que no se sabe fuera porque, apunta, “Extremadura es un poco invisible y es culpa de los cuadros directivos de los medios de comunicación. Piensan que Badajoz solo tiene 150.000 habitantes, ¿eso qué es? Eso es un barrio en Madrid”. Dice Javier Pajarón que la ‘alegoría de la calima’ es el resumen de todo esto: “cuando hay calima, se habla de que hay calima en Madrid”. Reducir lo regional a departamentos estancos, a pesar de estar hablando de un tema global, hace que solo empape si se centraliza.

La mesa ‘Periodismo local, migraciones y elecciones municipales’, moderada por Esther Rebollo, directora adjunta de Público.es, sacaba a debate cómo llega la información en asuntos migratorios, quién tiene la responsabilidad de que llegue al debate público y cómo afecta al voto. El alcance de lo contado marca los discursos políticos y su calado cambia si lo local salta a lo estatal. El ejemplo lo da Rocío Romero: “En Talayuela, Cáceres, el 30% de la población es migrante. Allí, en las municipales de 2019, Vox no consiguió ningún concejal, sin embargo, [tras la expulsión de un imán acusado de difundir el salafismo] en las generales, unos meses después, sí fue el partido más votado”. ¿Qué pasa con la representación de personas extranjeras en las listas este 28M? Faltan datos pero habrá candidatas de origen extranjero, entre ellas Carolina Elías, originaria de El Salvador y miembro de Más Madrid, o Jessica González, nacida en Colombia, candidata de Barcelona En Comú al Ayuntamiento de Barcelona.

Según el último barómetro del CIS, los temas que más preocupan en España son la crisis económica y los problemas de esta índole, mientras la inmigración se sitúa en el puesto 20. Al margen de si los discursos a favor o en contra de las migraciones aparecen en las campañas electorales, los datos dan una perspectiva más amplia. En materia de pensiones, menos del 1% de la inmigración irregular tiene más de 65 años; en el caso de los españoles, esta franja de edad representa casi el 20% de la población total, según Esenciales. Y, un dato más antes del 28 de mayo, mientras la irregularidad supone para el Estado español un coste medio anual de entre 2.200 y 2.400 euros por persona, la regularización podría suponer un beneficio de 790 y 950 millones de euros por año para las arcas públicas.