Aborto: por qué es necesario blindar un derecho fundamental en constante amenaza

El derecho al aborto acaba de cumplir 40 años de historia en nuestro país. Los avances en materia de los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de las últimas cuatro décadas han sido importantes y continuos, aunque jalonados de serias amenazas de retroceso por parte del Partido Popular, que se han recrudecido desde que la ultraderecha entró en las instituciones.  

El último episodio lo protagonizó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, esta semana, cuando aprobó en el pleno del Ayuntamiento una propuesta de Vox que obligaba a los funcionarios públicos a dar información sobre un inexistente síndrome post aborto a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo. Almeida abrió un melón que el PP había evitado conscientemente desde hace años y que había eliminado de la ponencia política en su último Congreso. Dentro de los populares existen sensibilidades encontradas sobre este tema, que van desde los liberales que defienden la vigente legislación de plazos, hasta las posturas más radicales de la ultraderecha que trabajan activamente para abolir el aborto en todos los supuestos. Sin embargo, en sus manifestaciones públicas, siempre triunfa la postura más ultra.

La legalización del aborto comenzó en España en 1985 bajo el Gobierno de Felipe González. Una ley orgánica de escasos cinco párrafos publicada el 5 de julio de ese año no supuso una despenalización total del aborto como exigían las organizaciones feministas, pero sí estableció que la interrupción del embarazo dejara de ser delito en tres supuestos: cuando el embarazo supusiera una peligro físico o psicológico para la mujer, cuando fuera fruto de una violación y cuando existiera una malformación del feto acreditada por informes médicos.

A pesar de las críticas, supuso un paso decisivo. Hasta ese momento, el aborto estaba totalmente prohibido en nuestro país. Las mujeres que querían abortar tenían que viajar al extranjero (Inglaterra, Francia o Países bajos eran los destinos habituales) o someterse a prácticas inseguras, que muchas veces ocasionaban daños físicos o incluso la muerte. La oposición a esta reforma por parte de la derecha (entonces protagonizada por Alianza Popular y sectores eclesiásticos) fue dura y se materializó en un recurso ante el Tribunal Constitucional, que acabó validando la norma.

Ley de plazos      

El programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero de 2004 contemplaba la reforma de la ley del aborto. Sin embargo esta no vio la luz hasta el año 2010. España pasó de una despenalización parcial del código penal a una ley de plazos que permitía abortar libremente a las mujeres dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La voluntad de la ley es que estas interrupciones se realizaran en centros públicos, dentro del sistema de salud, aunque abría la puerta a que se pudieran realizar en clínicas privadas.   

El Partido Popular se opuso a la reforma con contundencia, a pesar de que algunas voces de la derecha respaldaron la norma. Los populares presentaron un recurso muy duro ante el Tribunal Constitucional, que aceptó el texto, pero no paralizó la aplicación de la ley. Las protestas en las calles por parte de la derecha y la Iglesia fueron continuas durante el tiempo que duró su tramitación. El Tribunal Supremo tardó 13 años en afirmar que la norma estaba acorde con la Constitución.

Gallardón y la amenaza de retroceso      

La primera gran acometida contra la ley de derechos sexuales y reproductivos se produjo en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Tras ganar las elecciones en 2011, los populares nombraron ministro de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón, que anunció que una de sus primeras medidas sería modificar la ley que permitía el aborto. La propuesta final consistía en volver al modelo de 1985, de despenalización de algunos supuestos, pero prohibiendo el aborto por motivos de malformaciones fetales graves, incluso si éstas eran incompatibles con la vida.   

La reacción ciudadana fue demoledora. El llamado Tren de la Libertad, encabezado por movimientos feministas nacidos en Asturias, supuso una marea de oposición a la norma. La reforma de Gallardón provocó el rechazo también de la parte más liberal del Partido Popular, que se opuso a los retrocesos. Finalmente, el proyecto fue archivado en un cajón y el ministro de Justicia fue cesado. Pero la reacción popular no acabó ahí. En 2015 los de Rajoy introdujeron un cambio en la ley para prohibir que las jóvenes entre los 16 y 17 años pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores.

Garantizar el aborto en la sanidad pública    

La última reforma de la ley se produjo en 2023, con el Gobierno de coalición y bajo la batuta de Irene Montero como ministra de Igualdad. La norma devolvió la autonomía a las menores de entre 16 y 17 años para decidir sobre el aborto sin tutelas y sentó las bases para hacer efectivo el aborto en la sanidad pública. El texto contenía medidas concretas para garantizar la interrupción del embarazo en centros públicos. Desde la ley de Zapatero de 2010 la mayoría de los abortos (casi el 90%) se realizaban en centros privados concertados debido a la oposición de muchos médicos a practicarlos en los hospitales dentro del sistema de salud.   

La ley reconoció el derecho de los médicos a la objeción de conciencia (un derecho fundamental), pero afirmaba que la práctica de ésta no podía ir en contra del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Por eso la norma estableció la necesidad de crear una lista de objetores que no sería pública, pero que permitiría a las autoridades sanitarias saber dónde debía reforzar los servicios obstétricos en los hospitales. Dos años después de la entrada en vigor de la ley, este requisito apenas ha avanzado, especialmente en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

El PP vuelve a la carga

El frustrado intento de Almeida de socavar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Madrid es, pues, un eslabón más en una larga cadena de ataques. El anuncio de Pedro Sánchez de que su Gobierno intentará blindar el derecho al aborto en la Constitución española, aunque políticamente difícil de alcanzar, pretende sobre todo forzar al Partido Popular a retratarse de manera oficial ante un asunto trascendental que provoca fisuras dentro de sus propias filas.  

Francia ya tomó una medida similar en 2024, y existe una amplia campaña ciudadana en los países de la UE bajo el nombre de Mi voz, mi decisión para intentar que el derecho a la suspensión voluntaria del embarazo sea también protegida a nivel europeo. Garantizar el derecho al aborto no solo mediante leyes concretas, sino blindándolo en las constituciones, resulta cada vez más urgente ante el avance de movimientos de ultraderecha a nivel global que sitúan el cuerpo de la mujer como un campo de batalla política prioritario.

El ejemplo más notable del pasado reciente lo tenemos en EEUU, donde un Tribunal Supremo dominado por la ultraderecha, derogó sentencia de Roe vs Wade en 2022, poniendo fin a 50 años de protección federal al derecho al aborto. Esta decisión dejaba la regulación del aborto en manos de los estados. Desde entonces, cerca de la mitad de los estados del país implementaron leyes que imponen serias restricciones o una prohibición total al aborto y al derecho de las mujeres para decidir sobre sus vidas y su maternidad.

El retroceso ha sido tan masivo y brutal en algunos estados que, sólo año y medio después de la derogación de este derecho, la mortalidad infantil en el país se había incrementado en un 5,6%, según una investigación publicada en la prestigiosa revista Journal of the American Medical Association (JAMA). En zonas como Texas, una de las restrictivas, este ascenso había sido de más del 9,5%, con un impacto mayor en la población negra no hispana, donde la mortalidad alcanzó el 11%.

Estados Unidos nos recuerda pues que, sí, se puede ir medio siglo hacia atrás en materia de derechos. Sobre todo, si se trata de derechos de las mujeres. España ya sufrió, de hecho, un severo retroceso con el golpe de Estado que llevó al poder al dictador Francisco Franco. La dictadura puso fin a todos los derechos y libertades de las mujeres: el derecho a estudiar, trabajar o viajar sin permiso paterno o del esposo, a tener una cuenta corriente… y también a suspender el embarazo. España había aprobado una de las leyes de despenalización del aborto más avanzadas de Europa en el año 1937. Hubo que esperar casi medio siglo para volver a recuperar este derecho.