La última propuesta de Pedro Sánchez para blindar el derecho al aborto en la Constitución española se puede analizar desde diferentes perspectivas. Por un lado, en el Gobierno sostienen que se trata de la necesidad de proteger un derecho reconocido y garantizar su supervivencia ante el avance de las posiciones más reaccionarias y de los discursos que, de nuevo, lo ponen en duda; un episodio en la gran batalla cultural entre la izquierda y la derecha.

Por otro, reconocen también en el Ejecutivo (aunque en foros más privados), es un intento de poner al PP ante el espejo con el objetivo de reflejar que su pugna electoral con la ultraderecha de Vox puede llevarles, a veces, a defender cuestiones que van en contra de las ideas mayoritarias y del sentido común de una sociedad.

El presidente avanzó este viernes que llevaría al Congreso una propuesta de reforma constitucional para que el derecho al aborto formara parte del texto. Según el artículo 167 de la Carta Magna, para que la iniciativa sea aprobada necesita el refrendo de tres quintos de la Cámara, por lo que el voto del PP es imprescindible. 

Sánchez realizó este movimiento después de que el Ayuntamiento de Madrid (regido por José Luis Martínez-Almeida) aprobase una moción de Vox, con el apoyo de su grupo en el Pleno, en la que se recogía la obligación de que los sanitarios informen a las mujeres de la existencia de una suerte de síndrome postaborto, algo que no tiene base científica.

De hecho, más allá del blindaje constitucional del aborto, desde el Ejecutivo han avanzado que llevarán el próximo martes al Consejo de Ministros un decreto (en cuya elaboración trabajarían los ministerios de Igualdad y de Sanidad) para impedir que los sanitarios sean obligados a difundir este tipo de información engañosa entre las mujeres.

Ya en febrero Sumar (espacio político que gobierna junto al PSOE) registró en el Congreso una iniciativa para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna, aprovechando que el Parlamento francés había aprobado una iniciativa en el mismo sentido (de hecho, Francia es a día de hoy el único país que lo ha hecho), pero en ese momento la propuesta no tuvo mayor recorrido.

En el Ejecutivo reconocen que, aunque "en este mundo polarizado todo son batallas culturales y lo del aborto se podría interpretar como una gran torpeza del PP", lo que están haciendo es "defender derechos ante la voluntad de recortarlos". A su juicio, la moción aprobada en el Consistorio madrileño no es otra cosa que "un intento por parte del PP de recortar un derecho en sus comunidades autónomas que está reconocido a nivel estatal. No pueden recortar un derecho por la puerta de atrás con una norma para los sanitarios", añaden.

Fuentes de Moncloa recuerdan que la ley del aborto del 2010 (la conocida como ley de plazos) fue refrendada por el Tribunal Constitucional y que, cuando se produjo este refrendo, el Partido Popular no lo recurrió. "Obviamente, es un debate que mete en un follón al PP. Por eso ayer recogieron cable", defienden estas fuentes.

El PP, incómodo, intenta esquivar el debate

A la vista de la incomodidad que suscita en la formación, el Partido Popular ha intentado cortar de raíz la polémica sobre la reforma constitucional. Ya a primera hora del viernes, el vicesecretario de Economía de la formación, Juan Bravo, desestimaba otorgar apoyo alguno al PSOE para esa reforma constitucional. Y a las pocas horas, fuentes oficiales del PP aseguraban que no formarían parte de la discusión con el Gobierno: "Que Pedro Sánchez se olvide de contar con nosotros para reformar un texto que está incumpliendo, entre otras cosas, al no presentar los Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo", aseguraban.

El plan más inmediato del PP de Feijóo pasaba por visibilizar las contradicciones del PSOE y Sumar en materia feminista tras los escándalos de Íñigo Errejón y José Luis Ábalos. Desde entonces, el presidente popular había aumentado sus referencias y medidas en torno a la mujer con el fin de atraer al voto socialista decepcionado, pero también generar abstención entre los votantes progresistas. Sin embargo, tras el apoyo del PP de Almeida a la polémica moción de Vox, la posterior rectificación del alcalde, pero el apoyo público de Génova a su líder regional, Sánchez identificó una grieta sobre la que contraatacar.  

En el PP creen que esta medida de Sánchez tiene que ver con la disputa electoral en torno a las mujeres, aunque es una conversación incómoda que el partido evita siempre que puede. El aborto es un problema nuclear dentro de las filas y militancia popular porque hay disparidad de opiniones. Durante el último Congreso Nacional, la formación definió sus bases y principios en una Ponencia Política en la que no se hizo mención alguna al asunto. Oficialmente, el PP sostiene que "el aborto no es un derecho", pero no se atreve a ir más allá. Ni a legislar para restringirlo ni a normalizar el discurso en torno a la interrupción del embarazo. Durante la reforma aprobada en 2023 con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, PP y Vox votaron en contra de la actualización de la norma, mientras que Ciudadanos, todavía existente, votó a favor. Ya en 2014, durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, intentó legislar para que las malformaciones del feto durante el embarazo no fueran una causa legal para abortar, algo que generó manifestaciones y un amplio rechazo social. 

La cuestión incomoda tanto al PP que Feijóo, que este viernes compareció en la VII edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, evitó toda referencia al debate, mientras que no tuvo problema en abordar otros como el migratorio, en el que anda inmerso contra Vox. Como con cada tema que incomoda al PP, sus líderes aseguran que el interés de Sánchez en la cuestión sirve para tapar las causas judiciales contra Begoña Gómez, su hermano y el Fiscal General del Estado. "Acabado el señuelo de la Flotilla busca otro tema con el que distraer la atención", aseveran desde el PP. "No le vamos a ayudar en esa estrategia y, por tanto, el debate termina aquí", dicen los populares, aunque la próxima semana el Consejo de Ministros prepara medidas al respecto.