En los últimos años se ha producido en España una lluvia de solicitudes para la apertura de centenares de nuevas explotaciones mineras. Ello es debido, en primer lugar, a la gran subida de precio que han experimentado la mayoría de los metales en los últimos años, algunos de ellos multiplicando hasta por 4 su valor en los últimos 15 años. En segundo lugar, está la mejora tecnológica que se ha producido, que permite la extracción del mineral a un coste cada vez menor, aunque la concentración del mismo sea baja. A estos dos factores hay que añadir también el hecho de que también existe un componente muy importante de especulación financiera, en todo lo referente nuevas autorizaciones de explotación minera.

De esta manera, nos encontramos con que pudiera ser económicamente factible la puesta en explotación en España de una buena parte de las minas de las que se extrajo mineral durante los últimos siglos, y que ahora se encuentran abandonadas, incluso explotando las propias escombreras de esas antiguas minas. Además, existen amplias extensiones en las que por su baja concentración no se extrajo mineral, y que ahora podrían resultar viables. De hecho, se han llegado a poner en explotación, yacimientos que dejaron de explotarse en época romana.

Lo barato que actualmente resulta el movimiento de tierras, conlleva que la gran mayoría de las nuevas minas previstas se explotasen a cielo abierto, por lo que el impacto ambiental y social sería aún mucho mayor que el de las anteriores explotaciones, en su mayoría de galería. Otro elemento a tener en cuenta, serían las técnicas de extracción del mineral, que en materiales con baja concentración del mismo, suelen conllevar la utilización de compuestos químicos que pueden contaminar gravemente los suelos y el medio hídrico, incluso de forma irreversible.

Con todos estos condicionantes, podemos afirmar que nos encontramos ante una amenaza ambiental de enorme magnitud, que podría suponer la destrucción en los próximos años de decenas de miles de hectáreas de gran valor natural a lo largo de una buena parte de nuestra geografía. De hecho, actualmente existen en tramitación en nuestro país varios centenares de proyectos de nuevas explotaciones mineras, en su mayoría de minería metálica.

Para la regulación de este boom de la minería en España, tan sólo contamos con la vigente Ley de Minas, una ley obsoleta, aprobada durante la dictadura, y que inexplicablemente todavía no se ha modificado. Esta ley, preconstitucional (entró en vigor el 13 de agosto de 1973) y posiblemente también inconstitucional, favorece en todo momento los intereses de las empresas mineras, sin tener en cuenta los aspectos medioambientales, que los ignora, y a costa de algunos derechos fundamentales de la ciudadanía, incluyendo el derecho de propiedad. De hecho, esa permisividad de la ley vigente es muy probable que esté actuando como reclamo para muchas compañías mineras internacionales.

Por ello, y para evitar lo que apunta a un gran desastre medioambiental y social en nuestro medio rural, desde Ecologistas en Acción consideramos esencial que se reforme la actual Ley de Minas, de tal manera que se tenga en cuenta la conservación del medio natural y se respeten los derechos de las poblaciones que habitan en las zonas afectadas.

En este sentido, Ecologistas en Acción ha elaborado una propuesta de modificación de la Ley de Minas, que ha hecho llegar, tanto al Gobierno como a los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

En dicha propuesta se contempla la total exclusión de la actividad minera de todas las áreas de interés ambiental de nuestro país (Red Natura 2000, reservas naturales fluviales y cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, entre otras). Asimismo, también se excluye del ámbito de la Ley al agua mineral embotellada, que pasaría a ser dominio público hidráulico (no hay que olvidar que el acceso al agua potable es un derecho humano, establecido como tal por la ONU, por lo que no debe tratarse como un recurso minero). También se regula en la propuesta el procedimiento de consulta pública, de tal manera que sea transparente, con plazos razonables y promueva la máxima participación ciudadana.

En la propuesta de modificación de la ley se indica que los permisos solo se otorgarán cuando se hayan aprobado el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua, etc. También se contempla el establecimiento de un impuesto más justo que refleje la explotación de un recurso público no renovable, pues el actual tipo impositivo es de tan solo el 1%, el más bajo en el mundo. Finalmente, para evitar la obtención de permisos por “caza-derechos” y empresas mineras especulativas, se propone el establecimiento de garantías que acrediten la solvencia económica y técnica de los titulares de derechos mineros.

Por todo ello, consideramos esencial que tanto el Gobierno como las diferentes formaciones políticas, tomen en consideración la propuesta de modificación de la Ley de Minas que proponemos desde Ecologistas en Acción, que transformaría la vigente norma en una ley propia de un estado democrático, donde la actividad minera quedaría supeditada a la protección del medio ambiente y de las poblaciones de las zonas afectadas.