Pedro Sánchez le ha pedido a sus ministros que tomen medidas “disruptivas” en el ejercicio de sus capacidades y contando con el presupuesto que terminará previsiblemente prorrogandose y los dineros procedentes de los Next Generation. A su manera, Sánchez le ha dicho a su gente lo que Aznar le dijo a la suya: “quien pueda hacer, que haga”. 

La nueva gobernanza que va aparejada a la crisis de las democracias liberales deja atrás a los parlamentos como instituciones imprescindibles para desarrollar la actividad legislativa y, por extensión, tiende a desplazar la soberanía popular hacia territorios inexplorados en los que los populismos prosperan. Recuerden el famoso “solo el pueblo salva al pueblo” en plena crisis de la dana en Valencia

El presidente del Gobierno recurre a los decretos porque no cuenta con respaldo parlamentario para aprobar leyes. Que Sánchez ha gobernado a golpe de decreto ley es algo sabido que le afean con frecuencia sus oponentes en las derechas y que sirve para alimentar el tropo del dictador chavista. 

En comunidades autónomas gobernadas por las derechas, con mayorías parlamentarias como sucede en Andalucía, o con amplísimas mayorías parlamentarias, como ocurre en Madrid, los gobiernos de Moreno Bonilla y de Díaz Ayuso respectivamente aprueban leyes, pero empleando sus rodillos parlamentarios y convirtiendo de ese modo el debate y el papel de la oposición y de las otras fuerzas políticas en un simple formalismo. 

Por tanto, poco importa que los gobiernos se sostengan en amplias mayorías o que subsistan sobre un equilibrio precario, los parlamentos -que tanta importancia deberían tener en un sistema que se define como Monarquía parlamentaria y que tiene una estructura territorial casi federal- están perdiendo atribuciones e importancia en detrimento de ejecutivos que actúan completamente al margen de la deliberación política. 

Con el vaciamiento de contenido de la iniciativa legislativa parlamentaria o la conversión de los parlamentos en asambleas que refrendan los dictados del ejecutivo, la soberanía popular no solo queda suspendida y se convierte en presa fácil de quien se la quiera apropiar, sino que la propia idea de deliberación, consustancial a la representación política en democracia, pierde valor. En un momento de proliferación de los entornos que llamaré intencionadamente de forma vaga “opinativos”, que comprenden sobre todo las redes sociales y los magazines informativos en las televisiones, el que hasta hace unos años podíamos considerar riesgo de desvalorización de los parlamentos se ha verificado. Ahora ya es una realidad. 

Los parlamentos se han convertido en platós y los diputados en personajes de un psicodrama político infinito. No hay deliberación sino competencia por la atención y la atención requiere una actuación hiperbólica del conflicto. A su vez, el conflicto guarda muchas veces poca relación con el propósito de la representación en democracia -con lo que en un lenguaje que según escribo me suena totalmente antiguo: el mandato representativo. 

Si la historia de la política moderna es, en alguna medida, la historia del paso del mandato imperativo al representativo, en la fase en la que estamos podríamos decir que volvemos a aquel mandato primigenio en el que no se espera del parlamentario que delibere o que negocie, sino que se avenga a lo que “mandan” aquellos a los que representa. Es decir, que actúe de un modo en el fondo no muy diferente a un lobbista, como quien tiene que hacer valer unos intereses que ahora ya no son de tipo material sino intangibles; intereses que obedecen a una serie de banderas.

Las banderas son importantes en política. Hay que saber qué se promueve, qué se pretende, hacia qué horizonte quieren llevarnos nuestras ideas. Pero cuando las banderas políticas ni siquiera ambicionan adoptar el modo de un sistema, de una ideología, cuando se trata de proponer la destrucción de un adversario o de sobreponerse sin más a sus embestidas, entonces ya no hay espacio para la representación, ha desaparecido la deliberación como leitmotiv de la democracia y no hay lugar para los parlamentos, la ficción del pueblo soberano se deshace y lo que queda es todo esto que vemos: una competición sin reglas para conseguir algo de poder con el que negociar bajo qué condiciones tendrá lugar la explotación de amplias mayorías de la sociedad en un mundo que da por buena la desigualdad y el gobierno de los ricos. Un mundo que premia la violencia y penaliza el verbo.