Tendemos a pensar en las nuevas tecnologías como un elemento que contribuye a enriquecer las sociedades, abriendo un abanico de posibilidades de información y simplificando muchas gestiones al eliminar la necesidad de desplazamientos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la tecnología se convierte en un obstáculo en lugar de un habilitador? Entonces, la exclusión crece y el número de personas que se quedan atrás avanza.

Los meses de confinamiento durante el Estado de Alarma nos plantaron encima de la mesa un dibujo completo de la realidad. Mientras muchas empresas veían su salvación en el teletrabajo, cerca de un millón de alumnos y alumnas (un 12% aproximadamente) quedaban privad@s de las clases virtuales a las que fue necesario recurrir en el último trimestre de curso.

Esa brecha digital nos vino a recordar que en nuestro país millones de hogares no pueden acceder a las nuevas tecnologías. España no es un caso aislado. La Unesco estimó que el COVID-19 obligó a 1.650 millones de estudiantes a recibir sus clases de manera digital; sin embargo, 826 millones de ell@s no disponía de ordenador y un 43% (706 millones) tampoco contaba con acceso a internet.

Si atendemos a los últimos datos facilitados por el INE y tomamos los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años descubrimos que la cifra de ellos que no dispone ni de ordenador ni tablet supera ampliamente los 3,5 millones. En algunas ocasiones, el freno no es tanto disponer de ese equipamiento informático como disponer de acceso a internet... y no siempre se debe a una cuestión de recursos económicos como a que Administraciones y operadoras no han hecho sus deberes.

Según un informe que publicaba este año UGT, en España aún existen más de 26.700 poblaciones de más de 10 habitantes que no disfrutan de internet de calidad, especialmente en Comunidades Autónomas como Galicia, Asturias y León... y ello a pesar de que el plazo que marcó la Unión Europea para que el 100% de la ciudadanía europea contara con acceso a banda ancha vence en 2020. En nuestro país aún resta un 15% de la población por cubrir.

Con este panorama, ¿por qué existen en España ayudas a los colectivos más desfavorecidos que únicamente pueden tramitarse telemáticamente? El Ingreso Mínimo Vital, pese a las dificultades derivadas de que no toda la totalidad de oficinas de Seguridad Social se habían reabierto, ha sido posible solicitarlo de manera presencial. Sin embargo, no son pocas las Comunidades Autónomas que han lanzado programas de ayudas para los colectivos más vulnerables con el requisito de su tramitación por internet.

De un plumazo, las Administraciones Públicas borran del mapa a cientos de miles de familias que no sólo no disponen de ordenador o acceso a internet, sino también de una red social que pueda ayudarles a suplir esa carencias para poder solicitar las ayudas. Restringir la tramitación de este tipo de medidas a procesos telemáticos, sencillamente, es discriminar. Mientras a los gobiernos autonómicos se les llena la boca con el dinero destinado a ayudas, lo cierto es que su efectividad se ve drásticamente reducida y pierde por el camino a cientos de miles, sino millones, de personas.

Las entidades sociales y ONG que se baten el cobre en ese frente, cubriendo todos los agujeros a los que las Administraciones no pueden/no quieren llegar, llevan años denunciado esta situación, sin que haya mejorado gran cosa. Ni siquiera la bofetada de realidad que nos ha atizado el COVID-19 en el plano educativo ha abierto los ojos a los poderes públicos... o sí y, sencillamente, continúa siendo tentador reducir la carga burocrática eliminando de la ecuación desde el principio, precisamente, a quienes más necesitan las ayudas.