A finales de esta semana arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Ya es evidente que la vivienda ha entrado en juego, tarde, demasiado tarde para la situación de emergencia habitacional que sufrimos. ¿Y el agua? ¿Entrará el agua en campaña? Debiera, pues con una de las peores sequías sufridas recientemente, cada año perdemos en España más de 650.000 millones de litros de agua. Y la pregunta inevitable es ¿por qué los ayuntamientos no han hecho nada para evitar este desperdicio?

Todavía en precampaña, la vivienda se ha convertido en una de las grandes protagonistas; unos prometiendo al fin vivienda pública y promulgando una Ley de Vivienda que avanza pero se queda corta, y otros mintiendo sobre la okupación y promoviendo más privatización de suelo público para vivienda libre. Será criterio de la ciudadanía dar aval a una u otra propuesta, pero lo que es incontestable es que es la izquierda quien ha introducido esta cuestión en la carrera electoral.

Vivimos una situación de emergencia habitacional y ésta se refleja en los programas electorales. ¿Por qué no sucede lo mismo con la emergencia climática? ¿Por qué la ciudadanía no tiene la madurez suficiente para castigar a sus alcaldes por haber sido parte activa de los problemas de desabastecimiento de agua que comienzan a sufrir muchas localidades? La media que proporcionan los datos del INE son escalofriantes: la fuga de agua diaria es de 38 litros por día y habitante y eso que de los municipios menores de 20.000 habitantes apenas hay datos fiables.

Lo más triste de todo es que no es un dato puntual de un año concreto; viene sucediendo por sistema, sin que desde los consistorios se haya mostrado la más mínima preocupación. Esa desidia, pese a contar con los datos de fuga en las redes públicas -hayan sido privatizadas o no- es en parte lo que nos conduce a una situación crítica, pues ya hay pueblos de provincias como Córdoba donde sus habitantes únicamente disponen de suministro en garrafa de cinco litros por persona y día, esto es, apenas un 13% de lo que se pierde diariamente per cápita.

La situación todavía es peor en los municipios en los que los alcaldes decidieron privatizar el suministro de agua, algo que según las últimas estimaciones supera el 55% de la red de abastecimiento público. La reparación de las tuberías es secundario para las adjudicatarias del servicio, que priorizan su enriquecimiento; que una avería o una fuga no perjudique su margen de beneficio. Ese ha sido su proceder en épocas en las que los embalses se encontraban a buen nivel y el alcalde de turno ignoraba los cientos de miles de litros que se perdían anualmente en su municipio.

Ahora nos toca pagar a todos y todas con restricciones al consumo y el encarecimiento de los alimentos como consecuencia de la sequía. ¿No van a pagar esos alcaldes que no han evitado este desperdicio de agua que tanto necesitamos? Muchos son los que ahora hablan de mejorar sus redes de suministro, que arrastran ineficiencias superiores al 30%; tarde y mal, evidenciando su cortoplacismo, su falta de sensibilidad con la emergencia climática y la ausencia de un plan de ciudad o pueblo, pues sin agua no hay plan posible.

Arranca la campaña electoral y el agua también ha de ser protagonista. Nuestros alcaldes y alcaldesas han de rendir cuentas de su gestión del agua, pues de cómo ha venido siendo ésta depende ahora nuestro presente y futuro. Ninguna de sus otras propuestas tendrá sentido alguno si la localidad no dispone de agua y ese es el horizonte al que se encaminan muchas mientras sus regidores dejan escapar nuestro futuro. Esos alcaldes deben pagar en las urnas; y la oposición ha de prestar atención a esta cuestión, otorgándole la importancia que realmente tiene. Hay demasiado en juego y es hora de dejar de mirar para otro lado.