Tras la tragedia del A400M en Sevilla, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Defensa, Pedro Morenés, han pedido la máxima transparencia y rigurosidad a la hora de investigar las causas del accidente. Sin embargo, la transparencia no parece estar en el ADN de nuestros mandatarios, menos aún cuando nos encontramos en plena campaña y del resultado de esas pesquisas dependen miles de puestos de trabajo -sólo entre Sevilla y Cádiz se habla de unos 8.000 trabajadores- y una buena inyección económica.

La comparación con otra reciente tragedia, la del Airbus A320 de Germanwings, será inevitable. Para empezar y a pesar de que las condiciones del terreno, incluso meteorológicas, del accidente de los Alpes eran ostensiblemente peores, la notificación del hallazgo de la primera de las cajas negras se produjo antes de lo que lo han hecho las del Airbus -encontradas más de 24 horas después del siniestro-. Para continuar, tan sólo dos días después del accidente, el fiscal de Marsella comparecía ante los medios públicos para dar cuenta de las investigaciones.

Hoy nos encontramos en el segundo día del accidente del A400M: veremos si tenemos más noticias y, además, si comparece ante los medios el responsable de la investigación y no un cargo político que se quiera colgar una medalla de transparencia, queriendo hacer extraordinario lo que, en realidad, es lo mínimo que se debe a la ciudadanía.

Soy pesimista, tremendamente pesimista sobre el nivel de transparencia que obtendremos. Llámenme prejucioso, pero creo que existen demasiados antecedentes para que nuestros mandatarios ya no disfruten del beneficio de la duda; se lo tienen que ganar.

No se informa, por ejemplo, de que a principios de este mismo año Airbus cambió al presidente en España, precisamente, por los problemas surgidos en el desarrollo del A400M. El propio presidente de la compañía, Bernhard Gerwert, cuestionó hace 5 meses la capacidad militar del avión, señalando a su imposibilidad de hacer frente a determinadas misiones.

Entonces, Gerwert admitió que los problemas se habían detectado durante las pruebas de vuelo, como la que tenía lugar el pasado sábado, y aseguró que los proveedores de los componentes habían sido avisados para que corrigieran los posibles fallos. Unos fallos, por otro lado, para cuya resolución se fichó a un equipo de españoles. Lo llamativo del tema es que a estas alturas y a pesar del retraso de varios años en la producción, ya se han entregado 15 aviones -el siniestrado era el 23- y ultimaban los trabajos para el número 30.

A principios de año, desde la dirección de Airbus también se afirmó que se incrementaría el número de empleados en la planta de San Pedro en Sevilla, respaldados por otro aumento del número de ingenieros en la planta de Getafe de Madrid. Ahora, después del accidente, sabemos que será antes de verano cuando llegue el refuerzo de personal. Todo ello después de haber dado salida esta misma legislatura a un ERE que, sólo en el caso de España, se llevaba por delante a uno 600 empleados en tres años, sin reemplazar a las jubilacines ni renovar los contratos temporales.

Si hoy mismo no obtenemos nuevas informaciones esclarecedoras de lo que sucedió el pasado sábado, todo apuntará a que se está cocinando una teoría que no afecte a los intereses comerciales de un proyecto, como el del A400M, que ya está más que cuestionado. Veremos.