La muerte de un trabajador de limpieza de Madrid ha dejado al descubierto mucho más que los efectos de las olas de calor en determinadas profesiones. Se llamaba José Antonio González, tenía 60 años y con temperaturas por encima de 40 grados su turno era de dos de la tarde a diez de la noche. Tenía un contrato de un mes con Urbaser, una de las empresas con las que el Ayuntamiento de Madrid tiene privatizado el servicio de limpieza y que, precisamente por ello, se ha querido lavar las manos en este asunto. Al hacerlo, se las he ensuciado aún más.

Cuando José Antonio se desplomó, inconsciente por un golpe de calor, la temperatura de su cuerpo superaba los 41 grados. No sorprende, considerando la exigencia de su trabajo, el modo en que el mercurio se disparaba a esas horas en la capital y el hecho de que los trabajadores de limpieza del Ayuntamiento de Madrid vayan embutidos en uniformes de poliéster, como una suerte de tortura innecesaria.

Conocida la muerte del trabajador, se produjo un choque térmico, porque la elevada temperatura que azotaba Madrid se dio de bruces con la frialdad de su alcalde José Luis Martínez Almeida (PP), que se sacudió cualquier responsabilidad, descargándola en Urbaser. El regidor llegó a desentenderse de tal manera que negó que José Antonio fuera un trabajador del Ayuntamiento. Hablando en el más sentido estricto es así, pero hay gato encerrado en tal afirmación.

El trabajador fallecido prestaba un servicio municipal esencial como es la limpieza de las calles y, aunque el Consistorio haya privatizado esta actividad, ha de velar por la ejecución del servicio. No ha sido así. En todo servicio externalizado por un Ayuntamiento debe existir un responsable del contrato que no sólo vele por el cumplimiento del mismo, sino también por las condiciones en las que se lleva a cabo. Todo indica que nada de eso ha sucedido. Los uniformes son la mejor prueba de ello, pues a pesar de las quejas por parte de los trabajadores, éstos siguieron viéndose obligados a trabajar con unas prendas absolutamente inapropiadas.

La jornada laboral, en plena ola de calor, es otra prueba más. Dos días antes de la muerte de José Antonio el mismo alcalde admitía desconocer las condiciones en las que trabajaban estos empleados, que pese a las demandas sindicales no cuentan con un protocolo especial ante elevadas temperaturas. La dejación de funciones por parte del Ayuntamiento es evidente y el modo en que, a pesar de eso, se sacude las responsabilidades, indignante.

Esta es la gran trampa de las privatizaciones en los consistorios: si las cosas van bien es mérito de la gestión municipal; si se tuercen, de la contrata. No es la única, hay más, especialmente en los ayuntamientos más pequeños, en los que los enchufes de trabajadores campan a sus anchas. Una de las prácticas más extendidas en la Administración local es confeccionar privatizaciones a medida para una empresa determinada y, una vez, adjudicada, comenzar a colocar a allegados, a estómagos agradecidos que recompensarán cuando lleguen las elecciones. Todo termina saliendo a la luz pero, entonces, se recurre a la escapatoria de que no es el Ayuntamiento quien contrata, sino la adjudicataria, obviando el acuerdo tácito previo a la adjudicación entre ambas partes.

Es evidente que José Antonio no era uno de estos enchufados. Si lo fuera, no tendría que haber encadenado contratos de un mes para ver si conseguía una mayor estabilidad. La privatización es sinónimo de precariedad, siempre, sin excepción. Los márgenes en las licitaciones se reducen cada vez más y ello se repercute en las condiciones laborales, no sólo en los sueldos, también en otros aspectos, como es el caso de los uniformes sintéticos o el material con el que trabajan, que ahorran un buen dinero a Urbaser. Esta es otra de las realidades que la muerte de José Antonio revela: hay que municipalizar los servicios públicos, algo, por cierto, que ni siquiera hizo Manuela Carmena cuando pasó por Cibeles, a pesar de que era una de las banderas que más ondeaba a su llegada.

La salida de tono de Almeida, su falta de empatía, ausencia de responsabilidad y, en definitiva, inhumanidad es la punta del iceberg porque, lamentablemente, hay Almeidas a patadas. Más allá de que el electorado evite que políticos de esta calaña lleguen al poder, es importante conseguir blindar unas determinadas condiciones para que, pase quien pase por el trono -que es como sienten la silla de su despacho-no corran peligro más vidas. José Antonio no era policía o bombero, cuyas profesiones entrañan un riesgo evidente; era frutero reconvertido en barrendero después de que la crisis se llevara por delante su frutería. Ponerlo en la calle, con 60 años, a las horas de calor más extremo y con un uniforme de poliéster tiene un nombre y por eso Urbaser calla. Permitirlo, también y por eso Almeida, cínico, niega lo innegable.