Poco meme ha salido en redes sociales sobre el rasgado de vestiduras agónico de la (ultra)derecha españolista con la ponencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de amnistía, aunque lo hayamos compensado con parte de las necedades pro cerveceras de Ayuso, que es lo mismo que decir pro-alcohol, y su cruzada y anti-porros. A estas alturas de la vida, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha enterado de que el alcohol es una droga tan destructiva como el cannabis o el hachís, aparte de la más consumida en España. En este país o nos pasamos con el prohibicionismo populista o lo hacemos con la desinformación y la manipulación hasta el sonrojo, porque ¡Viva el vino (y la cerveza)!, caiga quien caiga, pero de eso ya hemos hablado aquí en varias ocasiones.

Las lecciones de Derecho Constitucional al Tribunal ídem lanzadas por Alberto Núñez Feijóo, que insiste en la inconstitucionalidad de la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de coalición, ratificada con mayoría absoluta en el Congreso y, ahora, en la antesala de la constitucionalidad final a falta de la sesión plenaria del TC que la avale, son lo más coherente que van a ver ustedes estos días; al fin y al cabo, si la medida de gracia del Ejecutivo con los independentistas catalanes no es constitucional es porque Feijóo no quiere; y contra eso no podemos hacer nada, ni usted ni yo ni el Perro ni Conde-Pumpido ni las instancias europeas, aunque éstas tengan que pronunciarse todavía por el ectoplasma de la malversación que se empeña en querer el Supremo. Tampoco pudimos hacer nada para que el PP gobernara con Vox, aunque ganara las elecciones del 23-J, pues el líder de la oposición se negó a ello, y de aquellos polvos, estos lodos, con permiso de Carlos Mazón. 

Al PP y a Vox les cuesta entender lo que es una democracia, incluso, cuando un presidente como José María Aznar nos lleva a una guerra ilegal en Iraq sin consecuencias. ¿Tenía que haberlas, penalmente hablando? Se entiende el debate en según qué puntos (muertes de españoles, fueran militares o periodistas), pero el Supremo dijo que no en 2009 y, en mi democrática opinión, dijo bien: el Gobierno del PP tenía la mayoría absoluta y su decisión de implicar a España en la foto de las Azores era política (nefasta) y estaba armada conforme a legalidad, más allá de que la guerra (invasión) emprendida por los EE.UU. sí atentara contra el derecho internacional y los derechos humanos.

España es una democracia imperfecta gracias a los harapos que vamos arrastrando de la dictadura prodigiosa -con su jefe de Estado y sus elites (incluida la judicial) dispuestas a acostarse franquistas y a levantarse demócratas-, pero lo de la democracia parlamentaria no acaba de cuajar, ni siquiera en parte del PSOE centro-español... Aunque qué se puede esperar, claro, de un partido que se acostó republicano y se levantó monárquico juancarlista en la Transición. Cuando los catalanes pidieron votar su independencia (o no) por abrumadora mayoría social, como reflejaron todas las encuestas, el españolismo patriotero ni siquiera tuvo en cuenta la mayoría parlamentaria que llevaba en su programa electoral una independencia legítima y, al mismo tiempo, ilegal. Eso desató una sucesión de la que aquí hablamos mucho pero que, en general, se tomó por pataleta desleal a España; y no era la sucesión forzosa y forzada del monarca Juan Carlos (ya que hablamos de democracia) en su hijo Felipe VI, sino la del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. La elite judicial del Estado decidió que la mayoría parlamentaria de Catalunya -los y las catalanas independentistas- estaba por debajo de ella; que las decisiones políticas avaladas por las urnas eran papel mojado, y que el futuro de Catalunya lo decidía el Tribunal Supremo por sus santas puñetas. El desenlace ya lo conocen: cárcel, condenas y huidas de esta España nuestra.

La ponencia previa a la decisión del TC sobre la amnistía se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley, pone algunos peros menores al texto, pero ante todo, lanza un mensaje de sencillo aprendizaje para el común de los mortales: las leyes las aprueban los parlamentos, vía tu voto o el de esta plumilla (o el contrario), y los jueces -por muy supremos que sean- las aplican sin juzgarlas, sin manifestarse preventivamente contra ellas, sin creerse los garantes de una unidad de España y una ética (presunta) que no les corresponde dictar a ningún pueblo. De decidir nuestro futuro legislativo intentamos encargarnos nosotras/os, votando, aunque no siempre nos salga bien. Eso sí, a quien no le guste lo votado es libre de llamar a nuestro sistema "dictadura parlamentaria" mientras grita "Viva el rey" sin ir a la cárcel, aunque sea por déficit de comprensión democrática. El meme.