Aviso importante: quiero empezar aclarando que no soy un experto en derecho ni mucho menos un magistrado del Tribunal Constitucional. De hecho, ni siquiera tengo una bata y una peluca elegantes para lucir en el tribunal.

Sin embargo, como humilde economista y aprovechando que en estos días se ha desatado una discusión desenfrenada sobre la amnistía en España, he pensado que sería un buen momento para recordar la amnistía fiscal de Montoro en 2012. Sí, esa misma que prometía perdonar el fraude a cambio de un modesto 10% sobre las rentas no declaradas. Por supuesto, como cualquier película de suspense, esta historia tiene giros inesperados.

El plan inicial era sencillo. Si tenías dinero en efectivo escondido debajo del colchón, en cajas fuertes camufladas en tu mansión o en islas vírgenes dejadas de la mano de Dios —solo los defraudadores llegan donde Dios todavía no ha puesto un pie—, simplemente tenías que declararlo y pagar un 10% del total. ¿Quién se negaría a un trato así? Teniendo en cuenta que los trabajadores pagan entre el 19% y el 47% de sus rentas de trabajo en concepto de IRPF, un 10% es un regalo caído del cielo.

Pero como cualquier película de suspense que se precie, llega el primer giro sorprendente. Alguien en Moncloa debió decir: “¿No será mucho que paguen un 10% del total del dinero defraudado? Ya que parte de los amnistiados van a ser nuestros colegas —porque, no nos engañemos, habían defraudado, y mucho—, quizá podemos hacer que paguen un poquito menos”.

Así que, en lugar del 10% de las rentas no declaradas, se decidió que solamente pagarían por el 10% de los intereses que hubiese generado el dinero durante los últimos tres años. ¡Gol en las Gaunas! Porque, el 10% del total del dinero defraudado no es lo mismo que el 10% de los intereses que ese dinero generó durante los últimos tres años. Quizá suene parecido, pero no es lo mismo.

Pero la verdadera magia de esta amnistía fiscal fue su capacidad para convertir los fajos de billetes en ciudadanos respetables. El gobierno de Mariano Rajoy permitió que se declarara también el dinero en efectivo, permitiendo blanquear fajos de billetes sin explicación alguna sobre su origen. Esta maravillosa medida permitiría blanquear dinero proveniente del narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas, la corrupción y prácticamente cualquier actividad criminal que puedas imaginar.

La cifra total que se regularizó bajo esta amnistía fiscal ascendió a 40.000 millones de euros. El gobierno, por su parte, había calculado recaudar alrededor de 2.500 millones de euros. Sin embargo, como en muchas historias de este tipo, la realidad fue mucho menos emocionante. Solo se lograron recaudar 1.191 millones de euros. Parece que nadie en el gobierno tenía una calculadora que funcionara correctamente.

Y aquí viene el segundo giro argumental. ¿Creéis que los defraudadores pagaron el 10% de sus ingresos como al principio se nos dijo? Desde luego que no. De hecho, los afortunados que se acogieron a la amnistía fiscal pagaron, de media, un mísero 3%. ¡Un 3%! Tengamos en cuenta que el IVA superreducido que grava los bienes de primera necesidad como el pan, la harina o la leche es del 4%. Resulta irónico que al comprar una simple barra de pan paguemos un mayor porcentaje en impuestos que quienes defraudaron millones de euros a las arcas públicas. No se necesita ser un genio de las finanzas para darse cuenta de que esto es un trato bastante dulce.

Pero la trama se espesa aún más. Más de 31.000 individuos se beneficiaron de esta amnistía fiscal, y entre ellos, algunos rostros desgraciadamente familiares. Políticos y empresarios involucrados en algunas de las tramas de corrupción más jugosas de España se aprovecharon de esta beneficiosa oferta. Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y varios miembros de las tramas Gürtel y Púnica se contaron entre los agraciados. Para ellos, esta amnistía fiscal fue como un pasaporte dorado a la absolución fiscal.

Actualmente, solo conocemos un escaso 0.19% de los 31.484 beneficiarios de esta amnistía fiscal. ¿Cómo se han descubierto los nombres de este selecto grupo? Gracias a sumarios judiciales, sentencias e investigaciones periodísticas valientes. Más de la mitad de estos nombres resultan ser empresarios. Y es que, como todos sabemos, en los negocios de altas esferas es vital mantener un flujo constante de dinero en efectivo, incluso si eso significa tener un alijo de billetes escondido a buen recaudo.

Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que ahora mismo, algunos de los actores políticos que respaldaron entusiásticamente esta amnistía en su momento, no dudan en decir que la amnistía “no cabe” en la Constitución. Incluso Felipe González, bajo cuyo gobierno se llevaron a cabo dos amnistías fiscales en 1984 y 1991. Parece que la memoria selectiva es un atributo común en la política. Es fácil olvidar las decisiones que una vez se apoyaron fervientemente cuando se está en la posición opuesta. La doble moral a menudo se convierte en la protagonista de esta trama porque, como bien sabemos, en la política la coherencia no siempre es la regla.

Pero terminemos con Montoro. Esta amnistía fiscal, aclamada incluso como un éxito por parte del gobierno de Mariano Rajoy, resultó ser una comedia de —intencionados— errores fiscales. En 2017, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional y acusó al gobierno de "legitimar" el fraude fiscal. Sin embargo, el fallo no afectó las regularizaciones que ya se habían realizado. El daño ya estaba hecho y aquellos que habían escondido sus riquezas en las sombras pudieron disfrutar de su fortuna ilícita sin preocupaciones.

Un capítulo vergonzoso en la historia fiscal de España. Una oportunidad de oro para los defraudadores sin escrúpulos. Un ejemplo de cómo, en demasiadas ocasiones, el sistema parece estar diseñado para favorecer a los que más tienen. Pero bueno, al menos nos dejó con una historia increíblemente entretenida y un recordatorio de que, en el mundo fiscal, las sorpresas pueden aparecer en cualquier momento. ¿Quién necesita una película de Hollywood cuando tienes una amnistía fiscal a la española?