¡Anda! Es la socialdemocracia

Se felicitan en los ámbitos políticos de izquierdas, representados en el Congreso por formaciones ídem, por que Pedro Sánchez anunciara este martes en el debate sobre el estado de la nación medidas de verdad progresistas para tratar de contener los efectos de la crisis de la inflación de dos dígitos que están sufriendo los y las españolas.

Impuesto temporal a las grandes entidades financieras, impuesto a las grandes eléctricas ya anunciado hace días, bonificaciones al transporte o un aumento de la cuantía de las becas para intentar conquistar el derecho de todos y todas los estudiantes a la educación independientemente de los ingresos de que dispongan. No son premios pagados por usted y por mí, como los del Gobierno de la Comunidad para las rentas altas por pagar sus impuestos (¿?), sino becas en el sentido amplio del término: tienes derecho a la educación, mandato constitucional.

Ha habido algún anuncio más y es cierto que al presidente del Gobierno se le ha visto entregado para salvar a la “clase media trabajadora”, un grupo social a rescatar -cada uno con el significado que le da- que se disputan electoralmente la (ultra)derecha y la izquierda. No obstante, que a PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos les genera urticaria lo de los impuestos a financieras y eléctricas para redistribuir los recursos lo saben hasta las piedras; sus rostros en el hemiciclo parlamentario este martes da cuenta de ella. No se necesita más para entender el efecto en los neoliberales que haber contemplado la “sobrerreacción”, le llaman, de la Bolsa española al desmoronarse los bancos tras anunciar Sánchez el impuesto para ellos.

El Gobierno parece haber empezado a darse cuenta de que la socialdemocracia no consiste únicamente en paliar con bonos y ayudas las muchísimas dificultades de demasiadas personas que dejan de comer para que sus hijos coman. Eso es lo mínimo que se puede exigir a un Gobierno, sea del color que sea, así que no digamos a uno progresista.

En su ilustrativo libro Larga vida a la socialdemocracia (Ariel, 2019), publicado antes de la pandemia, el profesor, investigador y científico Borja Barragué alertaba sobre la amplitud de la noción socialdemócrata de la justicia social, tantas veces entendida únicamente desde cierto principio moral que trata de paliar el sufrimiento de las personas más desfavorecidas. Barragué, no obstante, recordaba que este concepto es en la socialdemocracia “muy exigente porque institucionaliza la solidaridad entre los ciudadanos mediante los mecanismos redistributivos típicos del Estado del bienestar. Pero estar dispuesto a pagar una cuarta parte de los ingresos individuales en impuestos exige un sentimiento de comunidad que solo confieren, por ejemplo, los hechos dramáticos como las grandes guerras. El reto para la socialdemocracia del siglo XXI radica en ser capaz de mantener los lazos de solidaridad que subyacen a su noción de la justicia social en ausencia de conflictos bélicos o catástrofes similares”. Efectivamente -ni que Barragué lo hubiera intuido en 2019- hoy estamos en la reconducción de una pandemia global y en medio de una guerra en suelo europeo.

Las medidas anunciadas por Sánchez en su primera intervención del debate sobre el estado de la nación son, sin duda, valientes, aplaudidas por sus socios y ratificadas con entusiasmo por la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder del espacio Unidas Podemos y del embrión de plataforma que viene a ampliar su espacio, Sumar. Pero grupos y socios parlamentarios, como Bildu, han venido a recordarle que esas medidas, como el impuesto a los bancos, no deben ser temporales, sino permanentes, “en ausencia de conflictos bélicos o catástrofes similares”, mencionadas por Barragué en su libro.

El concepto “clase media trabajadora” es difuso y marketiniano, puede funcionar o no. De lo que se trata, más allá del ambicioso plan anticrisis, es de empezar a apuntalar la solidaridad desde el amplio sentimiento colectivo para construir país, y utilizaré el ejemplo que me dio ayer el lúcido jefe de Opinión de Público, Alejandro Torrús, comentando ambos el inicio del debate en el Congreso: es obligatoria la cobertura de todas las situaciones de emergencia económica y social que han provocado las últimas crisis (covid e invasión de Rusia a Ucrania), incluso la que reventó con el neoliberalismo rampante en 2008, de la que tampoco nos hemos recuperado. Pero la justicia social también es, por ejemplo, el acceso a la vivienda de quien tiene trabajo y no pasa penurias, pero no puede comprar una casa para un determinado proyecto de vida porque los precios son un disparate. Que pueda hacerlo es justicia social, porque es un derecho constitucional y porque eso debe abordarse con medidas valientes que acaben con una especulación salvaje en el mercado inmobiliario.

Casi todo está en la Constitución, tan manoseada en las cuestiones culturales de bandera y corona y tan ignorada para los derechos humanos. Cúmplanla, sean socialdemócratas como dicen que son. Eso sí, hagan el favor de ajustarse al primer mandamiento de los dirigentes políticos: no defrauden las expectativas.