Rosa M. Tristán

No sabemos sus nombres. No conocemos sus luchas. Ni sospechábamos que podían asesinarles por algo que nos concierne a todos, como es el medio ambiente del único planeta conocido en el que surgió la vida. La suya la perdieron por la defensa de sus montes, el agua, los bosques, los ríos o el aire. En muchos, casos muertes anunciadas de las que los criminales quedarán impunes porque se ocultan bajo un manto tejido con las palabras progreso, desarrollo, rentabilidad, inversión… Y no son pocos: en 2018, 247 líderes y lideresas ambientales fueron tiroteados, macheteados o desaparecidos, según un informe de FrontLine Defenders. Suponen el 77% de los 321 defensores de derechos humanos muertos violentamente que la ONG irlandesa ha registrado. Padres, madres, abuelos, hijos e hijas que se enfrentaron desde sus minúsculas parcelas con los grandes… y los grandes no lo toleraron.

Desde que esta ONG hizo su primer informe en 2014 y hasta diciembre de 2017, ya han contabilizado 821 asesinatos debido a su labor pacífica en defensa de los derechos humanos; el 79% en seis países: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas. La gran mayoría nunca fueron bien investigados, así que pocos de los responsables o autores intelectuales están en las cárceles.

Tanto Front Line Defenders como Ecologistas en Acción, que se ha hecho eco de este documento, destacan no son hechos aislados, aunque a menudo los poderes judiciales, policiales y políticos de sus países los disfrazan de ajustes de cuentas, accidentes, asaltos de maleantes…. Además, son crímenes precedidos por el acoso judicial, la criminalización, campañas de difamación en los medios propiedad de los mismos poderes económicos y de ataques físicos. De hecho, casi la mitad de los defensores asesinados ya tenía amenazas de muerte. De los que las denunciaron, casi ninguno recibió ni protección ni apoyo por parte de las autoridades estatales.

Y si no los matan, los encarcelan, como el caso de Bernardo Caal Xol , defensor de los ríos, condenado a siete años y cuatro meses de prisión en Guatemala, por enfrentarse a dos hidroeléctricas, como denuncia la campaña Tierra de Alianza por la Solidaridad, que exige su libertad inmediata.

Muchas, además, son mujeres, con el agravante del género porque tienen que enfrentarse a las amenazas sexuales de las fuerzas de seguridad de sus países, de las empresas, de sus comunidades, incluso dentro de sus propios movimientos. Ellas, que quedan fuera de los cargos de más rango en las organizaciones, sufren campañas de desprestigio en las que las acusan de prostitutas, de malas madres, de abandono del hogar, de revoltosas… Y aún así cada vez hay más en las luchas de resistencia contra minas, hidroeléctricas, madereras o grandes terratenientes. Más Bertas Cáceres en comunidades pequeñas, enfrentándose a Goliats con los pies bien asentados en los grandes foros empresariales y financieros.

Ante este panorama, no es de extrañar que algunos intenten escapar. Pero no lo tienen fácil. Estos días de atrás, un líder indígena guatemalteco q’qchí llamado Arturo Coc Choj, que salió de su aldea en Raxruhá (Alta Verapaz) huyendo de la pobreza y de la persecución por proteger un bosque, ha sido detenido en Texas (EEUU) como ‘prófugo de la Justicia’. Su hijo de 11 años, que viajaba con él, está en cautiverio en Nueva York, según la familia. La denuncia en su contra ante la Interpol provenía de un empresario turístico francés afincado en su territorio. Un ejemplo más de una criminalización que va más allá de las fronteras, dejando en papel mojado lo que es el derecho internacional al asilo y refugio.

Nada parece indicar que en 2019 las cosas vayan ir a mejor… De hecho, si en 2017 hubo 312 asesinatos de defensores y el 67% eran ambientales. En 2018, los crímenes han sido nueve más y el porcentaje de defensores de su territorio ha subido un 10%.

El último análisis de FrontLine Defenders se centra precisamente en los seis países que el año anterior aglutinaban el 85% de las muertes: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas, lugares donde los gobiernos parece que no van a frenar las trabas a los activistas ambientales, sino todo lo contrario. Basta escuchar al presidente brasileño Jair Bolsonaro, que dejará la Amazonía en manos del agronegocio, o al guatemalteco Jimmy Morales, cuestionado por su relación con grandes empresas del país, o al hondureño Juan Orlando Hernández, que calla sobre las caravanas de migrantes que huyen de su país. No se puede ser optimistas.

El discurso en muchos de estos países es muy similar: los activistas ambientales amenazan la ‘seguridad nacional’ o amenazan ‘el progreso económico’, aunque se trate de un simple maestro, como Bernardo, o un campesino, como Arturo.

Ante ello, la respuesta de instituciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, o de países como España, que por cierto tiene muchos intereses económicos en toda América Latina, no puede ser otra que exigir que la defensa y protección de los derechos humanos y ambientales sea obligatoria y vinculante para todas las empresas, así como la denuncia y persecución de la impunidad judicial con la que se cometen estos asesinatos de líderes comunitarios, casi todos anónimos, pero tan valiosos.

No hay optimismo, pero no podemos quedarnos parados.