Juan Iglesias (@Juan__Iglesias)

• Hablar de inmigración, hoy en día, es, sobre todo, hablar de nosotros mismos, del desarrollo de nuestra propia sociedad.

• Por ello, las políticas migratorias ya no pueden ser, solamente, políticas de tipo humanitario sino políticas de estado o universales, políticas “para todos”

Cuándo llegó la crisis, diversas instancias vaticinaron que el avance de la precariedad en España provocaría el retorno de la población de origen inmigrante, un deterioro del arraigo y la convivencia y, finalmente, un ascenso imparable del racismo y la hostilidad. ¿Se han cumplido estas predicciones? ¿Qué dicen los datos? El libro “Un arraigo sobre el alambre”, elaborado por el Instituto de Migraciones de la Universidad P. Comillas y Caritas Española, trata de responder a estas cuestiones.

Durante esto años, y a pesar de las piedras laborales y sociales que llovían sobre sus cabezas, los inmigrantes no solo han permanecido sino que, además, han apostado firmemente por continuar y sacar adelante sus proyectos de arraigo personal y familiar en la sociedad española.

Los inmigrantes, pues, están profundamente asentados en el país, algo que se refleja en diversos indicadores: intenso proceso de naturalización -uno de cada tres inmigrantes tiene la nacionalidad española-, fuerte asentamiento familiar en torno al hogar nuclear con hijos, elevado dominio del idioma, fuerte aprendizaje de las costumbres autóctonas, creciente presencia de población nativa en sus redes familiares y de amigos, etc.

Una firme apuesta por el arraigo que está dando lugar al nacimiento de una sociedad y un país diferente, donde la inmigración ya representa el 16,3% de la población total, y donde, por tanto, la diversidad étnica se ha convertido en una realidad natural y común de nuestra vida cotidiana.

Un fuerte arraigo social que, lamentablemente, ha venido acompañado de una intensa segregación social y ocupacional. Así, la gran mayoría de los inmigrantes, y a pesar de tener niveles educativos similares a los nativos, desempeña todavía ocupaciones elementales en nuestra sociedad, y se ve afectada intensamente por la temporalidad, los salarios bajos y la pobreza.

Los inmigrantes, así, se han integrado dentro de los sectores populares nativos, conformando la última frontera del precariado en nuestro país. Unos sectores populares con los que comparte, cada vez más, barrios, escuelas, centros de trabajos, espacios de ocio, etc. Y, en última instancia, un similar «destino» estructural marcado por la vulnerabilidad laboral, el progresivo deterioro de los servicios sociales básicos y, la creciente debilidad del factor educativo como ascensor social.

El sentimiento anti-inmigrante no ha crecido en España a pesar de la crisis y el avance del precariado. Las relaciones entre nativos e inmigrantes siguen siendo, pues, cordiales, fundamentalmente tranquilas, y cada vez menos distantes.

Sin embargo, pese a esta coexistencia tranquila, existe un riesgo real de que el profundo malestar social que viven los amplios sectores populares en España se pueda transformar en hostilidad hacia la inmigración. Un malestar social que aunque proviene de aquellas políticas que han degradado el empleo, las prestaciones y las oportunidades vitales, se explica, sistemáticamente, desde la inmigración, esto es, señalando a los inmigrantes como “culpables” de la falta de trabajos, ayudas sociales o becas escolares.

De hecho, como sabemos, hay algunas propuestas que en el último ciclo electoral español, rompiendo el consenso de la transición, han tratado, precisamente, de señalar a la población inmigrante como responsable de los problemas sociales que vive la gente comun.

La población refugiada, que a pesar de su crecimiento en los últimos años, representa tan solo el 3,23% del total de la inmigración, constituye el «furgón de cola», el último escalón, del proceso de integración de la población de origen extranjero en España.

Los refugiados tienen un grado de arraigo social inestable y muy inferior al de los inmigrantes: fuerte tasa de irregularidad (40%), menor dominio del idioma, menor percepción subjetiva de pertenencia, baja presencia de nativos en sus redes familiares y sociales, etc. En términos socio-económicos, los refugiados cuentan con unos niveles ocupacionales y salariales aún más bajos. De hecho, solo el 6% de ellos tienen contrato indefinido a tiempo completo y su salario medio es de tan solo 686 euros mensuales, claramente inferior al SMI.

La inmigración en España, más que un elemento externo o exterior, se ha convertido en un fenómeno estructural que está indisolublemente unido al desarrollo económico, social, y demográfico de nuestra sociedad.

Tres cuestiones, principalmente, muestran esto: la asociación entre el trabajo inmigrante y nuestro modelo de crecimiento económico, la conversión del trabajo femenino inmigrante en el recurso central de nuestro sistema de provisión de cuidados a mayores y niños; su rol central en la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social, especialmente el de pensiones, debido a su juventud, su alta tasa de actividad y su menor uso del sistema. Por ejemplo, solo el 6% de los inmigrantes son mayores de 65 años, una cifra que en el caso de los autóctonos es del 23%.

Un intenso arraigo, segregado y en precario, y una profunda asociación estructural con el desarrollo español que, necesariamente, cambian los términos de la discusión pública. Así, hablar de inmigración, hoy en día, es, sobre todo, hablar de nosotros mismos, del desarrollo de nuestra propia sociedad.

Como consecuencia de ello, las políticas migratorias ya no pueden ser, solamente, políticas de tipo humanitario o políticas sectoriales destinadas a un colectivo específico, sino que necesitan convertirse en políticas de estado o universales, Políticas “para todos” con tres ejes centrales:

Primero, un nuevo relato sobre la población inmigrante que abandone ciertos lugares comunes donde se les representa como el otro externo, extraño y amenazante, y se atreva a visibilizar y reconocer la profunda diversidad étnica y racial del país.

Segundo, un ambicioso impulso de políticas de cohesión social universales con el fin de revertir ese precariado que se ha instalado como horizonte vital de los amplísimos sectores populares españoles, formados tanto por población nativa como por población de origen inmigrante.

Y tercero, el desarrollo de políticas de gestión de la creciente diversidad étnica y social de nuestra sociedad. Políticas, pues, necesarias, para construir la convivencia entre la diversidad que, ya, somos y qué, más, vamos a ser en los próximos años.

Juan Iglesias es Sociólogo y profesor en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones.